CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

 CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES

 

 

 Art. 1.- La infracción que las leyes castigan con penas de policía es una contravención.  La infracción que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito. La infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen.

 

 

 Art. 2.- Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas  independientes de su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces.

 

  

 

Art. 3.- Las tentativas de delito no se reputan delitos, sino en los casos en que una disposición especial de la ley así lo determine. 

 

 

 Art. 4.- Las contravenciones, los delitos y los crímenes que se cometan, no podrán penarse, sino en virtud de una disposición de ley promulgada con anterioridad a su comisión. 

 

 

 Art. 5.- Las disposiciones del presente Código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares.

 

 LIBRO PRIMERO

 De las penas en materia criminal y correccional y de sus efectos.

 

 

 Art. 6.- Las penas en materia criminal son aflictivas e infamantes o infamante solamente. 

 

 

 Art. 7.- Las penas aflictivas e infamantes son: 1o., la de 20 años de trabajos públicos y la de 30 años de trabajos públicos; 2o., los trabajos públicos; 3o., la detención; 4o., la reclusión. 

 

 

 Art. 8.- Es pena infamante la degradación cívica.

 

 

 Art. 9.- Las penas en materia correccional son: 1o., el destierro; 2o., el confinamiento; 3o., la prisión temporal; 4o., la interdicción por determinado tiempo de ciertos derechos cívicos, civiles o de familia; 5o., la multa.

  

 Art. 10.- Las penas que pronuncia la ley para los crímenes, delitos y contravenciones se impondrán siempre, sin perjuicio de las restituciones y daños y perjuicios que puedan resultar en favor de los agraviados.

 

 

 Art. 11.- Son penas comunes a las materias criminales y correccionales: la sujeción del condenado a la vigilancia de la alta policía, la multa y la confiscación especial del cuerpo del delito, cuando sea propiedad del condenado, la de las cosas producidas por el delito, y por último, la de aquellas que sirvieron para su comisión o que se destinaron a ese fin.

 

 

 CAPÍTULO I

DE LAS PENAS EN MATERIA CRIMINAL

 

 

 Art. 12.- (Derogado). 

 

 

 Art. 13.- (Derogado). 

 

 

 Art. 14.- (Derogado). 

 

 

 Art. 15.- Los hombres condenados a trabajos públicos se emplearán en los más penosos; y podrán ser encadenados de dos en dos, como medida de seguridad, cuando lo permita la naturaleza del trabajo a que se les destine.

 

 Art. 16.- Las mujeres condenadas a trabajos públicos se emplearán en los trabajos interiores de las cárceles y presidios. 

 

 

 Art. 17.- La condenación a trabajos públicos, lleva consigo la privación de los derechos cívicos y civiles. 

 

 

 Art. 18.- La condenación a trabajos públicos se pronunciará por tres años a lo menos y veinte a lo más. 

 

 

 Art. 19.- Todo aquel que sea condenado a la detención, será encerrado en una de las fortalezas de la República, que hayan sido destinadas a ese efecto por disposición del Poder Ejecutivo. 

 

 

 Art. 20.- Los condenados a la detención, estarán en comunicación con las personas empleadas en el interior del lugar de la detención, o con las de fuera, observando los reglamentos de policía establecidos por disposición del Poder Ejecutivo.

 

Art. 21.- La detención no podrá pronunciarse por menos de tres años, ni por más de diez.

 

  

Art. 22.- Toda persona de uno u otro sexo, condenada a la reclusión, será encerrada en la cárcel pública y empleada en trabajos, cuyo producto se aplicará en parte a su provecho, en la forma que lo determine el Gobierno. 

 

Art. 23.- La duración máxima de esta pena será de cinco años, y la mínima de dos años. 

 

 

 Art. 24.- La duración de las penas, tanto en las condenaciones que en materia correccional se pronuncien contra aquellos individuos que se hallen en estado de detención previa, como las que tengan lugar en materia criminal, se contará desde el día de la inquisitiva al procesado.

 

Art. 25.- (Derogado). 

 

 

 Art. 26.-  (Derogado). 

 

 

 Art. 27.- (Derogado). 

 

 

 Art. 28.- La condenación a las penas de trabajos públicos, detención o reclusión, lleva consigo la degradación cívica. Se incurre en esta pena, desde el día en que la sentencia es irrevocable; y en el caso de condenación en contumacia, desde el día de la  notificación en estrados. 

 

 Art. 29.- Todo condenado a detención o reclusión permanecerá mientras dure la pena en estado de interdicción legal. Se le nombrará, tanto a éstos como a los condenados a trabajos públicos, tutor y protutor, que cuidarán y administrarán sus bienes. Este  nombramiento se hará con arreglo a las disposiciones prescritas por el Código Civil, para el de los tutores y pro-tutores de los incapacitados.

 

 

 Art. 30.- Los bienes del condenado le serán devueltos después que haya sufrido su pena, y el tutor le dará cuenta de su administración. 

 

 

 Art. 31.- Mientras dure la pena, no podrá entregársele ninguna suma, ni hacérsele ninguna asignación, ni dársele ninguna parte de sus rentas. 

 

 

 Art. 32.- La degradación cívica consiste: 1o., en la destitución o exclusión de los condenados de todas las funciones, empleos o cargos públicos; 2o., en la privación del derecho de elegir y ser elegido; y en general, en la de todos los derechos cívicos y  políticos; 3o., en la inhabilitación para ser jurado o experto, para figurar como testigo en los actos, y para dar testimonio en juicio, a no ser que declare para dar simples noticias; 4o., en la inhabilitación para formar parte de ningún consejo de familia, y para ser tutor, curador, pro-tutor o consultor judicial, a menos que no sea de sus propios hijos, y con el consentimiento previo de la familia; 5o., en la privación del derecho de porte de armas, del de pertenecer a la guardia nacional, de servir en el ejército dominicano, de abrir escuelas, o de enseñar, o de ser empleado en ningún establecimiento de instrucción en calidad de profesor, maestro o celador.

 

 

 

Art. 33.- Siempre que la degradación cívica se pronuncie como pena principal, podrá acompañarse con la de encarcelamiento; cuya duración, fijada por la sentencia de condenación, no podrá exceder de cinco años. Si el culpable fuere un extranjero, o un  dominicano que hubiere perdido su nacionalidad, la pena del encarcelamiento deberá pronunciarse siempre.  

 

 

 Art. 34.- Todas las sentencias en que se pronuncien las penas de treinta años de trabajos públicos, trabajos públicos(sic), detención, reclusión o degradación cívica, se imprimirán en resumen. Dichas sentencias se fijarán, en la ciudad cabeza de provincia o distrito en que se dictaren, en el municipio en que se cometió el hecho, en aquella donde se hiciere la ejecución, y en la del domicilio del condenado. 

 

 

 Art. 35.- La confiscación de bienes de los condenados no podrá decretarse en ningún caso, sea cual fuere la naturaleza del crimen o delito que se impute a aquellos. Para las indemnizaciones civiles que se concedan, podrán perseguirse dichos bienes, con arreglo a la ley. 

 

 

 Art. 36.- Siempre que la ley modere la pena señalada a un delito o falta, y se publicare aquella antes de pronunciarse el fallo que cause ejecutoria contra reos del mismo delito o falta, disfrutarán estos del beneficio de la ley. 

 

 

 CAPÍTULO II

 DE LAS PENAS EN MATERIA CORRECCIONAL

 

 Art. 37.- Todo condenado a destierro será llevado, por orden del Gobierno, fuera del territorio de la República. La duración del destierro no podrá exceder de tres años ni bajar de uno. 

 

 

 Art. 38.- Si antes de la expiración de la pena entrare el desterrado en territorio dominicano, será condenado, justificada la identidad de su persona, a la reclusión durante un tiempo a lo menos igual a aquel que le faltaba aún para la expiración del destierro, sin que la condenación que se imponga en este caso, pueda pronunciarse por un tiempo más largo.  

 

 

 

Art. 39.- Todo condenado a confinamiento será conducido a la ciudad cabeza de provincia o distrito, o al municipio del territorio de la República que indique la sentencia de condenación. La duración de esta pena será de seis meses a lo menos, y dos años a lo más. En el caso de que el confinado saliere del lugar de su confinamiento, será condenado a prisión correccional, por un tiempo igual al que le faltaba aún para la expiración del confinamiento.

 

 

 Art. 40.- Todo condenado a prisión correccional será detenido en una casa de corrección. Se le destinará, según su elección, a uno de los talleres establecidos en la casa. La duración de esta pena será de seis días a lo menos, y de dos años a lo más; salvo los casos de reincidencia u otros en que la ley disponga otra cosa. El cómputo del tiempo para la duración de las penas es de veinte y cuatro horas para cada día de arresto, y de treinta días para cada mes. 

 

 

 Art. 41.- Una parte del producto del trabajo de los detenidos por delito correccional se destinará a los gastos comunes de la casa, otra a proporcionarles algunas ventajas o alivio durante su detención, si los merecieren, reservando la tercera parte para formarles un fondo, que se les entregará a su salida de la prisión. En cumplimiento de estas disposiciones se observará lo que preceptúen los reglamentos que sobre la materia dictare el Poder Ejecutivo.

 

 

 Art. 42.- Los tribunales que conozcan de los negocios en materia correccional podrán, en ciertos casos, privar al condenado de una parte o de la totalidad del ejercicio de sus derechos cívicos, civiles y de familia siguientes: 1o., del de votación y elección; 2o., del de elegibilidad; 3o., del de ser jurado o nombrado para ejercer otras funciones públicas, o para los empleos de la administración; 4o., del de porte de armas; 5o., del de votación o sufragio en las deliberaciones de familia; 6o., del de ser tutor o curador de otras personas que no sean sus propios hijos, y con el asentimiento de la familia; 7o., del de ser experto o servir de testigo en los actos públicos; 8o., del de prestar declaración en juicio, a no ser que se reciba como simple  noticia. 

 

 

 Art. 43.- Los tribunales no pronunciarán la interdicción a que se refiere el artículo anterior, sino cuando la ley expresamente la autorice u ordene. 

 

 

 CAPÍTULO III

 DE LAS PENAS Y DE LAS OTRAS CONDENACIONES QUE PUEDEN 

PRONUNCIARSE POR CRÍMENES Y DELITOS 

 

 

 

Art. 44.- La sujeción a la vigilancia de la alta policía, da al Gobierno el derecho de determinar ciertos lugares, a los cuales no podrá presentarse el condenado, sino después de haber sufrido su condena.  Quince días a lo  menos, antes que el condenado obtenga su libertad, deberá manifestar el lugar donde va a fijar su residencia; y si no lo hiciere, el Gobierno le fijará uno.  El individuo condenado a la vigilancia de la alta policía, no podrá dejar la residencia que  hubiese escogido o que se le hubiese indicado antes de seis meses, sin la autorización del Secretario de Estado de lo Interior y Policía.  Sin embargo, los Gobernadores de provincia podrán acordar esta autorización: 1o., en el caso de simple mudanza, dentro de los límites de su provincia; y 2o., en los casos de urgencia, pero a título provisional solamente. Vencidos los seis meses, o antes en el caso de haberse obtenido la autorización competente, el condenado podrá transportarse a  todo lugar que no le esté prohibido hacerlo, participándolo con ocho días de antelación al Gobernador o autoridad de lugar. La estancia de los seis meses, de que trata este artículo, es obligatoria para el condenado, en cada uno de los lugares que  sucesivamente escogiere, durante el tiempo en que esté sometido a la vigilancia de la alta policía, a no ser que obtenga, autorización especial acordada, de conformidad a las precedentes disposiciones, por el Secretario de Estado de lo Interior y Policía, o por los Gobernadores de provincia. El condenado que volviese a su residencia, obtendrá una orden de ruta que regule el itinerario que debe seguir, y del cual no podrá apartarse; así como no podrá traspasar tampoco el tiempo que se le señale de permanencia en los lugares de tránsito. Estará obligado a presentarse en las veinte y cuatro horas de su llegada, ante la autoridad del lugar donde va a residir.

 

 

 

Art. 45.- En caso de infracción a las disposiciones prescritas en el artículo anterior, el individuo sujeto a la vigilancia de la alta policía, será condenado por los tribunales correccionales, a un encarcelamiento, que no podrá exceder de dos años. 

 

 

 Art. 46.- En ningún caso podrá exceder de cinco años la duración de la pena bajo la vigilancia de la alta policía. Los condenados a trabajos públicos, a la detención y a la reclusión, quedarán de pleno derecho, después que hayan sufrido su condena y durante cinco años bajo la vigilancia de la alta policía. No obstante, el fallo condenatorio podrá reducir este término, y aún declarar que el condenado no estará sometido a la vigilancia de la alta policía. Todo condenado al máximum de la pena de trabajos públicos, que obtuviere conmutación o remisión de su pena, quedará, de pleno derecho, sometido a la vigilancia de la alta policía, durante cinco años, si no se ha resuelto otra cosa por el decreto de indulto.

 

 

 Art. 47.- La vigilancia bajo la alta policía podrá ser perdonada o reducida por indulto; y podrá ser suspendida por disposición gubernativa.

 

 

 Art. 48.- La prescripción de la pena no releva al condenado de la vigilancia bajo la alta policía a que esté sometido. En el caso de prescripción de la mayor pena aflictiva, el condenado estará, de pleno derecho, bajo la vigilancia de la alta policía, durante cinco años; y no producirá sus efectos, sino desde el día en que cumpla la prescripción. 

 

 

 Art. 49.- Los individuos que hubiesen sido condenados por crímenes o delitos contra la seguridad interior o exterior del Estado, deberán quedar sometidos a la vigilancia de la alta policía. 

 

 

 Art. 50.- Fuera de los casos determinados por los artículos precedentes, los condenados no quedarán sometidos a la vigilancia de la alta policía, sino en el caso de que así se establezca por una disposición particular de la ley. 

 

 

 

Art. 51.- Cuando haya lugar a restitución, el culpable podrá también ser condenado en favor de la parte agraviada, si ésta lo requiere, a la indemnización de los daños que aquél le hubiere irrogado, debiendo éstos apreciarse por el tribunal, cuando la ley no los hubiere determinado. En ningún caso podrán los tribunales, ni aún con el consentimiento de la parte agraviada, destinar las indemnizaciones a obras pías u otras cualesquiera. 

 

 

 Art. 52.- La ejecución de las condenaciones a la multa, a las restituciones, a los daños y perjuicios, y a las costas podrá ser perseguida por la vía del apremio corporal. 

 

 

 Art. 53.- Cuando las multas y las costas se pronunciaren a favor del fisco, si después de la expiración de la pena, sea aflictiva o infamante, sea correccional, el condenado probare por las vías de derecho su insolvencia, el tribunal ordenará su libertad. 

 

Art. 54.-  Cuando los bienes del condenado no bastaren para cubrir las condenaciones en que simultáneamente se le imponga el pago de restituciones, daños y perjuicios y la multa, las primeras condenaciones se satisfarán siempre, con preferencia a la última. 

 

 

 Art. 55.- Todos los individuos condenados por un mismo crimen o por un mismo delito, son solidariamente responsables de las multas, restituciones, daños y perjuicios y costas que se pronuncien. 

 

 

 CAPÍTULO IV

 DE LAS PENAS DE LA REINCIDENCIA POR CRÍMENES Y DELITOS

 

 Art. 56.- El individuo que, habiendo sido condenado a una pena aflictiva o infamante, cometiere otro crimen que mereciese como pena principal, la degradación cívica, se le impondrá la de reclusión. Si el segundo crimen mereciese la pena de reclusión, se le impondrá la de detención; si el segundo crimen mereciese la pena de detención, se le impondrá la de trabajos públicos. Finalmente, si el segundo crimen mereciese la pena de trabajos públicos, se le impondrá el doble de la pena que sufrió primeramente. Sin embargo, el individuo condenado por un consejo de guerra, en el caso de crimen o delito posterior, no se le castigará con las penas de reincidencia, sino cuando la primera condena hubiese sido pronunciada por crímenes o delitos punibles según las leyes penales ordinarias. 

 

 

 

Art. 57.- El individuo que, habiendo sido condenado por un crimen a una pena mayor a un año de prisión, cometiese un crimen o un delito que deba ser castigado con penas correccionales, será condenado al máximum de la pena establecida por la ley, pudiendo ser  elevada hasta el doble. El condenado quedará además sujeto a la vigilancia de la alta policía durante un año a lo menos y cinco a lo más. 

 

 

 Art. 58.- El que condenado correccionalmente a una año o a menos tiempo de prisión cometiere nuevo delito, será condenado al máximum de la pena fijada por la ley, pudiendo alzarse su duración al duplo del tiempo fijado. Quedará además sujeto a la vigilancia especial de la alta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo más.

 

 

 LIBRO SEGUNDO

 De las personas punibles, excusables o responsables de los crímenes o delitos.

 

 

 

CAPÍTULO UNICO

 

Art.  59.- A los cómplices de un crimen o de un delito se les impondrá la pena inmediatamente inferior a la que corresponda a los autores de este crimen o delito; salvo los casos en que la ley otra cosa disponga. 

 

 

 Art. 60.- Se castigarán como cómplices de una acción calificada(sic) crimen o delito: aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad, maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla; aquellos que, a sabiendas, proporcionaren armas o instrumentos, o facilitaren los medios que hubieren servido para ejecutar la acción; aquellos que, a sabiendas, hubieren ayudado o asistido al autor o autores de la acción, en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realización, o en aquellos que la consumaron, sin perjuicio de las penas que especialmente se establecen en el presente Código, contra los autores de tramas o provocaciones atentatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, aún en el caso en que no se hubiere cometido el crimen que se proponían ejecutar los conspiradores o provocadores. 

 

 

 Art. 61.- Aquellos que, conociendo la conducta criminal de los malhechores que se ejercitan en salteamientos o violencia contra la seguridad del Estado, la paz pública, las personas o las propiedades, les suministren habitualmente alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados como sus cómplices. 

 

 Art. 62.- Se considerarán también como cómplices y castigados como tales, aquellos que a sabiendas hubieren ocultado en su totalidad o en parte, cosas robadas, hurtadas, sustraídas o adquiridas por medio de crimen o delito.

 

 Art. 63.- En ningún caso podrá pronunciarse la pena de trabajos públicos, cuando procedan contra los ocultadores, sino después que se les hubiese convencido de haber tenido conocimiento al instante de la ocultación de las circunstancias a las cuales la ley aplica la pena de treinta años de trabajos públicos o la de trabajos públicos; de lo contrario, se les impondrá la pena de detención.

 

 Art. 64.- Cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado de demencia, o cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito.

 

 Art. 65.- Los crímenes y delitos que se cometan, no pueden ser excusados, ni la pena que la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la misma ley declara admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave.

 

 Art. 66.- Cuando el acusado sea menor de diez y ocho años, y se considere que ha obrado sin discernimiento, será absuelto; sin embargo, atendidas las circunstancias, será entregado a sus padres o conducido a una casa de corrección, para que en ella permanezca detenido y se le eduque, durante el tiempo que se determine por la sentencia y que no podrá exceder de la época en que se cumpla la mayor edad.

 

 Art. 67.- Si el tribunal considera que ha obrado con discernimiento, las penas se pronunciarán del modo siguiente: Si ha incurrido en la pena de treinta años de trabajos públicos o en la de trabajos públicos, se le condenará a prisión, que sufrirá en una casa de corrección durante veinte años a lo más, y diez a los menos. Si ha incurrido en las penas de detención o reclusión, se le condenará a encierro en una casa de corrección, durante un tiempo igual a la tercera parte por lo menos y a la mitad por lo más de aquella a que hubiera podido ser condenado, si hubiera sido mayor. En todos estos casos, podrá ordenarse por la misma sentencia, que el condenado permanezca bajo la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo más. Si ha incurrido en la pena de degradación cívica se le condenará a encierro desde uno hasta cinco años en una casa de corrección.

  

 Art. 68.- Los tribunales correccionales conocerán, conformándose a las disposiciones de los dos artículos anteriores, de las causas que se formen contra los menores de diez y seis años, cuyos cómplices presentes no tuvieren más edad que ellos siempre que los delitos de que estén acusados no tengan señalados por la ley, las penas de treinta años de trabajos públicos, de trabajos públicos o de detención. 

 

 Art. 69.- En todos los casos en que el menor de diez y seis años no hubiere cometido sino un simple delito, la pena que contra él se pronunciará no podrá elevarse a más de la mitad de aquella a que hubiera podido ser condenado si hubiera tenido diez y ocho años. 

 

 Art. 70.- La pena de trabajos públicos no se impondrá nunca a aquellos culpables que, al fallarse sus causas, tengan sesenta años cumplidos. 

 

 Art. 71.- Esta pena se sustituirá respecto de ellos por la de reclusión. 

 

 Art. 72.- Desde el momento en que un condenado a trabajos públicos, cumpla los sesenta años, se le relevará de ella; y considerándolo como si no hubiera sido condenado sino a la reclusión se le encerrará en una casa de corrección por el tiempo que le faltaba para cumplir su condena.

 

 Art. 73.- Los hosteleros y mesoneros convictos de haber hospedado por más de veinticuatro horas a alguno que, durante su permanencia, hubiere cometido un crimen o un delito, serán civilmente responsables de las restituciones, indemnizaciones y gastos que se adjudicaren a aquellos a quienes hubiere causado algún daño el crimen o delito, imputándose a ellos mismos la culpa por no haber inscrito en su registro el nombre, profesión y domicilio del culpable; sin perjuicio de la responsabilidad que sobre ellos pese, en los casos previstos en los artículos 1952 y 1953 del Código Civil. 

 

 Art. 74.- En todos los demás casos de responsabilidad civil que puedan presentarse en los asuntos criminales, correccionales o de policía, los tribunales que conozcan de ellos se conformarán a las disposiciones del Código Civil, relativas a los delitos y cuasidelitos.

  

 LIBRO TERCERO

 DE LOS CRÍMENES Y DELITOS  Y SU CASTIGO

 

 TÍTULO I

 CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA COSA PÚBLICA

 

 CAPÍTULO I

 Crímenes y delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado

 

 SECCIÓN 1RA.

 Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado.

 

 Art. 75.- Todo dominicano que tomare las armas contra la República, será castigado con la pena de treinta años de trabajos públicos. 

 

 Art. 76.- Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate de ponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el Gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que, contra las disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquiera institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuaciones mencionadas aunque ello se realice desde territorio extranjero.   

 

 Art. 77.- Se castigará igualmente con la pena de treinta años de trabajos públicos a todo aquel que se hubiere puesto de acuerdo con los enemigos del Estado, o que por medio de tramas y concierto con ellos, procure los medios de facilitarles la entrada en territorio de la República y sus dependencias, o la entrega de ciudades, fortalezas, plazas, puestos, puertos, almacenes, arsenales, navíos o buques pertenecientes a la República. Igual pena se impondrá a los que suministren a los enemigos auxilio de hombres, soldados, víveres, armas o pertrechos de boca y de fuego, o que favorezcan los progresos de sus armas en las posesiones de la República, o contra las fuerzas dominicanas de tierra y mar, o que emplearen la sonsaca, o intentaren corromper a los oficiales, soldados, marinos u otros agregados al ejército, haciéndolos faltar a la fidelidad debida al Gobierno o a la Nación, o que de cualquiera otra manera atenten contra la independencia  nacional. 

 

 Art. 78.- Sin embargo, si el resultado de la correspondencia con súbditos de una potencia enemiga, fuere suministrar a los enemigos instrucciones perjudiciales a la situación militar o política de la República o de sus aliados, aunque esa correspondencia no hubiere tenido por objeto ninguno de los crímenes enunciados en el artículo anterior, aquellos que la hubieren sostenido, serán castigados con la detención; sin perjuicio de penas más graves, en el caso de que esas instrucciones hubieren sido la consecuencia de un concierto de medidas constitutivas del crimen de espionaje. 

 

 Art. 79.- Las penas pronunciadas por los Artículos 76 y 77 se impondrán a los que dirijan sus maquinaciones, tramas o maniobras en perjuicio de la República, o de los aliados que, de acuerdo con ella, obren contra el enemigo común. 

 

 Art. 80.- Las penas expresadas en el artículo 76 se impondrán a todo funcionario público, agente del Gobierno o cualquiera otra persona que, encargada o instruida, en razón de su destino, del secreto de una negociación o expedición, lo hubiere comunicado a los agentes de alguna Potencia extranjera, o a los del enemigo. 

 

 Art. 81.- Todo funcionario público, agente o delegado del Gobierno que, encargado en razón de su oficio, del depósito de planos, de fortificaciones, arsenales, puertos, ensenadas, abras o radas, hubiere entregado uno o muchos de aquellos al enemigo, o a los agentes del enemigo, será castigado con la pena de treinta años de trabajos públicos. Si los planos han sido entregados a los agentes de una Potencia amiga, aliada o neutral, la pena será la de detención. 

 

 Art. 82.- Cualquier otra persona que, por corrupción, fraude o violencia, logre sustraer dichos planos, y los entregue al enemigo, o a los agentes de una Potencia extranjera, será castigado como el funcionario o agente mencionado en el artículo anterior, y según las distinciones que en él se establecen. Si dichos planos se encontraban en manos de la persona que los entregó, sin que para obtenerlos se empleasen medios ilícitos, la pena en el primer caso del artículo 81, será la de detención; y en el segundo caso del mismo artículo, se impondrá al culpable la prisión correccional de uno a dos años.

 

 Art. 83.- Aquél que a sabiendas hubiere ocultado o hecho ocultar a los soldados o espías enemigos mandados a la descubierta, será condenado a la pena de treinta años de trabajos públicos. 

 

 Art. 84.- Aquel que, por actos hostiles desaprobados por el Gobierno, hubiere expuesto a la República a una declaración de guerra, será castigado con la pena de destierro; y si la guerra ha sido la consecuencia de esos actos, se le aplicará la pena de la detención.

 

 Art. 85.- Se castigará con la pena de destierro a todo aquel que, con actos no aprobados, ni autorizados por el Gobierno, expusiere a los dominicanos a experimentar represalias, en sus personas o en sus bienes. 

 

 SECCIÓN 2DA.

 De los crímenes contra la seguridad interior del Estado.

 

 PÁRRAFO I

 Atentados y tramas contra el Jefe del Estado.

 

 Art. 86.- Toda ofensa cometida públicamente hacia la perso(sic) del Jefe del Estado, se castigará con prisión de seis meses a dos años, y una multa de cincuenta a quinientos pesos. 

 

 Art. 87.- El atentado cuyo objeto sea cambiar la forma de gobierno establecida por la Constitución, o excitar a los ciudadanos a armarse contra la autoridad legalmente constituida, será castigado con la pena de reclusión.

 

 Art. 88.- La ejecución o la tentativa constituirá solamente el atentado.

  

 Art. 89.- La trama que tenga por objeto el crimen mencionado en el artículo 87, se castigará con la reclusión, si los hechos se han cometido o principiado a cometer para preparar su ejecución. Si no ha habido ningún acto cometido o principiado a cometer para  preparar su ejecución la pena será la de destierro.

  

 Art. 90.- Hay trama, desde el momento en que dos o más personas concierten entre sí, la resolución de obrar. Si ha habido proposición hecha, y no aceptada, de formar una trama para consumar el crimen mencionado en el artículo 87, aquel que hubiere hecho la proposición, será castigado con prisión correccional. 

  

 PÁRRAFO II

 De los crímenes tendentes a turbar el Estado con la  guerra civil, con el empleo ilegal de la fuerza armada, el pillaje y la devastación pública..

 

 Art. 91.- El atentado que tenga por objeto provocar la guerra civil, excitando a los ciudadanos o habitantes a armarse unos contra otros, con el fin de llevar la devastación, el pillaje o el degüello a  uno o varios municipios, será castigado con la pena de veinte años de trabajos públicos. La trama formada para lograr uno de los crímenes previstos en el presente artículo, y la proposición de formarla, serán castigadas con las penas designadas en el artículo 89, según las distinciones que en él se establecen.

  

 Art. 92.- Serán castigados con la pena de veinte años de trabajos públicos aquellos que, sin orden o autorización de poder legítimo, hubieren levantado ejércitos, enganchado o alistado soldados, o que sin la misma orden o autorización les hubieren suministrado armas o pertrechos, o se los hubieren proporcionado.

 

 Art. 93.-- Serán castigados con la pena de veinte años de trabajos públicos, aquellos que, sin derecho o motivo legítimo, hubieren tomado el mando de un cuerpo de ejército, de una tropa, de una flota, de una escuadra, de un buque de guerra, de una plaza fuerte, de un puerto, de un puesto o de una ciudad, o que contra la orden del Gobierno hubieren conservado un mando militar cualquiera.

 

 Art. 94.- Se impondrá la pena de detención a todo aquel que teniendo a su disposición la fuerza pública, hubiere requerido u ordenado, hecho requerir u ordenar su acción o empleo, contra el reclutamiento legalmente establecido.

 

 Art. 95.- Todo individuo que hubiere incendiado o destruido, o intentado incendiar o destruir, en todo o en parte, por medio de una mina, bomba o cualquier otro mecanismo explosivo, los edificios, almacenes, astilleros, arsenales, buques, diques, vehículos de todas clases, u otras propiedades pertenecientes al Estado, será castigado con la pena de treinta años de trabajos públicos.

 

 Art. 96.- Aquel que para invadir los dominios, propiedades o rentas públicas, las plazas, ciudades, fortalezas, puestos, almacenes, arsenales, puertos, navíos o buques del Estado; aquel que para pillar o repartir propiedades públicas o nacionales, o las de una generalidad de ciudadanos; y por último, aquel que para atacar o resistir a la fuerza pública, que obrare contra los autores de esos crímenes, se hubiere puesto a la cabeza de bandas armadas o gavillas, o hubiere  ejercido en ellas algún mando o función cualquiera, será castigado con la pena de veinte años de trabajos públicos. Las mismas penas se aplicarán a aquellos que hubieren dirigido la asociación, levantado o hecho levantar, organizado o hecho organiza las bandas o gavillas, o que a sabiendas y voluntariamente, les hubieren facilitado o suministrado armas, municiones o instrumentos para el crimen, o les hubieren mandado convoyes de víveres o de cualquier otro modo hubieren estado de acuerdo con los directores o jefes de la pandilla.

 

 Art. 97.- En el caso de que uno o muchos de los crímenes mencionados en los artículos 87 y 91, hayan sido ejecutados, o que solo haya habido tentativa de ejecución por parte de una gavilla, la pena de veinte años de trabajos públicos se aplicará sin distinción de grados, a todos los individuos que hubieren pertenecido a la banda o gavilla, o que hubieren sido aprehendidos en el lugar de la reunión sediciosa. Se castigará con la misma pena, aunque no sea aprehendido en  los lugares, a todo aquel que hubiere dirigido la sedición, o hubiere ejercido en la gavilla un empleo o un mando cualquiera. 

 

 Art. 98.- Salvo en el caso en que la reunión sediciosa haya tenido por objeto o resultado, uno o muchos de los crímenes enunciados en los artículos 87 y 91, los individuos que hubieren formado parte de las gavillas de que se ha hecho mención sin ejercer en ellas ningún mando ni empleo, serán castigados con la pena de reclusión, siempre que hayan sido arrestados en el punto de la reunión sediciosa. 

 

 Art. 99.- Aquellos que, conociendo el objeto y las tendencias de dichas gavillas, les hubieren suministrado o facilitado alojamiento, escondite o lugar de reunión, sin que para ello hayan sido violentados, serán condenados a la pena de detención.

 

 Art. 100. No se pronunciará ninguna pena por el delito de sedición, contra aquellos que habiendo formado parte de esas gavillas, sin ejercer en ellas ningún empleo o función, se hubieren retirado al primer aviso de la autoridad civil o militar, o que lo hicieren aún después, siempre que hayan sido arrestados sin armas, fuera de los lugares de la reunión sediciosa y sin oponer resistencia. No serán castigados sino por los crímenes particulares que hubieren cometido personalmente, pudiendo, sin embargo, quedar durante un tiempo que no bajará de un año, ni excederá de cinco, sujetos a la vigilancia de la alta policía.

 

 Art. 101.- La palabra armas comprende todas las máquinas, instrumentos o utensilios cortantes, punzantes o contundentes.

  

 Art. 102.- Las navajas, cuchillas de faltriquera, tijeras o simples juncos, no se reputarán armas, sino cuando hayan servido para matar, herir o golpear. (Véase Art. 50 de la Ley No. 36 de 1966). 

 

 

 Disposiciones comunes a los dos párrafos de la sección anterior.

 

 Art. 103.- Todo individuo que, sea por discursos, gritos o amenazas proferidas en lugares o reuniones públicas, sea por medio de escritos, de impresos, de dibujos, de grabados, de pinturas o de emblemas, vendidos o distribuidos, puestos en venta o expuestos en los lugares o reuniones públicas; sea por carteles y pasquines fijados a la mirada del público, hubiese incitado al autor o autores de toda acción calificada crimen o delito, a que la cometa, se reputará cómplice, y se castigará como tal. 

 

 Art. 104.- Cualquiera que, por uno de los medios enunciados en el artículo precedente, haya incitado a cometer uno o muchos crímenes, sin que esta incitación haya sido seguida de ningún efecto, se castigará con prisión correccional, que no podrá ser menor de tres meses, ni más de dos años, y con multa que no podrá ser menos de diez pesos, ni exceder de mil. 

 

 Art. 105.- Todo aquel que, por uno de los mismos medios, hubiese incitado a cometer uno o muchos delitos, sin que dicha incitación haya sido seguida de ningún efecto, se le condenará con prisión correccional, y multa de diez a quinientos pesos; o a una de las  dos penas solamente, según las circunstancias; salvo los casos en que la ley pronunciase una pena menos grave contra el mismo autor del delito, la cual se aplicará entonces al incitador. 

 

 Art. 106.- La incitación, por uno de los medios ya dichos, a la desobediencia a las leyes, se castigará con las penas determinadas en el artículo anterior. 

 

 SECCIÓN 3RA.

 De la revelación de los crímenes que comprometen la seguridad interior o exterior del Estado.

 

 Art. 107.-  Quedarán exentos de las penas pronunciadas contra los autores de las tramas u otros crímenes atentatorios a la seguridad interior o exterior del Estado, aquellos culpables que, antes de toda ejecución o tentativa de estas tramas o crímenes, y antes de que se inicien las primeras diligencias sumarias, den conocimiento al Gobierno o a las autoridades administrativas o de la Policía Judicial de las tramas o crímenes, y de sus autores o cómplices. También quedarán exentos de responsabilidad aquellos culpables que, aún después de principiadas las pesquisas y procedimientos, facilitasen la captura de los autores y cómplices del crimen. 

 

 Art. 108.- Los culpables que hubiesen dado esas noticias o facilitasen la captura de los demás culpables, podrán ser condenados a quedar sujetos bajo la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.

 

 CAPÍTULO II

 CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN

 

 SECCIÓN 1RA.

 De los crímenes y delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos.

 

 Art. 109.- Las reuniones tumultuarias que, usando violencias o amenazas, tengan por objeto impedir a uno o más ciudadanos, el ejercicio de sus derechos políticos, serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos  años, que se impondrá a cada uno de los individuos, que formaron parte de ellas. También quedarán inhabilitados durante un año a lo menos, y cinco a lo más, para ser electo o elegido para ningún cargo público de nombramiento popular.

 

 Art. 110.- Si el delito fuere la consecuencia de un plan concertado, y cuya ejecución debía verificarse en toda la República, o en una o varias de sus provincias, distritos o municipios, la pena será la de destierro.

  

 Art. 111.- Los ciudadanos que, encargados en los actos electorales del despojo de los escrutinios, se sorprendan falsificando las boletas de inscripción o distrayéndolas de la urna electoral, o agregando en ella boletas distintas a las que depositaren los sufragantes, o inscribiendo en las de los electores que no sepan escribir, nombres distintos de los que ellos les hubieren indicado, serán castigados con la degradación cívica. 

 

 Art. 112.- Las demás personas que se hagan culpables de los delitos enunciados en el artículo anterior, serán condenadas a prisión de seis meses a dos años, y a la interdicción del derecho de elegir y ser elegido, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.

 

 Art. 113.-  Todo ciudadano que, en las elecciones, hubiere comprado o vendido un sufragio, cualquiera que sea su precio, sufrirá la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos, desde uno hasta cinco años y multa de diez a cien pesos. El comprador del  sufragio y su cómplice serán condenados a una multa que pagarán cada uno por sí, cuyo monto se elevará al duplo del valor de las cosas recibidas u ofrecidas. Si este valor no pudiere determinarse, la multa será de diez a cien pesos. 

 

 SECCIÓN 2DA. 

 Atentados contra la libertad.

 

 Art. 114.-  Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la degradación cívica. Si justificaren, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquica por asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado la orden. 

 

 Art. 115.- Si la orden hubiere emanado de un Secretario de Estado, o si este funcionario hubiere cometido uno de los actos mencionados en el artículo precedente, y si después de haber solicitado la revocación de la disposición,  se negare a ello, o se descuidare en hacerla enmendar, se le impondrá la pena de destierro, previa acusación decretada conforme a la Constitución.

  

 Art. 116.- Si los Secretarios de Estado, acusados de haber ordenado o autorizado un acto contrario a la Constitución, alegaren que la firma les ha sido sorprendida, estarán obligados a denunciar, al hacer cesar el acto, a aquel  que ellos indiquen como autor de la sorpresa, so pena de ser perseguidos personalmente.

  

 Art. 117.- Los daños y perjuicios que puedan pedirse, con motivo de los atentados expresados en el artículo 114, se reclamarán en el curso del procedimiento criminal, o por la vía civil, y se regularán en atención a las personas, a las circunstancias y al  perjuicio irrogado, sin que en ningún caso, y sea quien fuere el agraviado, puedan esas indemnizaciones, para cada individuo, ser menos de cinco pesos por cada día de detención ilegal y arbitraria.

 

 Art. 118.- Si el acto contrario a la Constitución se ha ejecutado, falsificando la firma de un Secretario de Estado o de un funcionario público, los autores de la falsificación, y los que a sabiendas hubieren hecho uso del acto falso, serán castigados con la pena de trabajos públicos. 

 

 Art. 119.- Los funcionarios públicos encargados de la policía administrativa o judicial, a quienes se dirijan instancias o reclamaciones tendentes a hacer constar una detención ilegal y arbitraria, efectuada en los lugares destinados a la guarda de los presos, o en cualquier otro punto, que se nieguen a dar dichas reclamaciones o instancias el curso correspondiente, o que se descuiden en el caso, serán castigados con la pena de degradación cívica, si no justificaren haber denunciado el hecho a la autoridad superior. Serán también responsables de los daños y perjuicios que causen con su descuido o su negativa, regulándose aquellos, según lo establece el artículo 117.  

 

 Art. 120.-  Los alcaides, guardianes y conserjes de las cárceles, casas de detención o de depósito, que recibieren presos sin mandamiento o sentencia, o sin poder provisional del Gobierno o de autoridad competente; los que se negaren a presentar los presos al oficial de policía o al portador de sus órdenes, sin justificar la prohibición del fiscal o del juez; aquellos que se hubieren negado a presentar sus registros al oficial de policía, se considerarán como reos de detención arbitraria; y en consecuencia serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de diez a cincuenta pesos. 

 

 Art. 121.- Son reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: los oficiales de policía, los fiscales, jueces o sus suplentes, que provocaren, dieren o firmaren una providencia o mandamiento, con el fin de perseguir personalmente, o poner en estado de acusación, al Presidente y Vicepresidente de la República, a los Secretarios de Estado, a los Senadores, Diputados al Congreso, a los Magistrados y Procurador General de la República, al Prelado y las   dignidades del cabildo eclesiástico, los agentes diplomáticos de la República, los delegados y comisionados del Gobierno y los Gobernadores de las Provincias, sin las autorizaciones prescritas por la Constitución y las leyes del Estado; o que, salvo los casos de flagrante delito o de clamor público, dieren o firmaren sin las mismas autorizaciones, el mandamiento de prisión, o de arresto, contra uno o muchos de los funcionarios especificados en el presente artículo. 

 

 Art. 122.- Se impondrá también la pena de la degradación cívica, al Procurador General de la República, a los Fiscales, Jueces o sus suplentes, y a cualquiera otro oficial público, que arresten o hicieren arrestar a un  individuo en lugares que no estén destinados a ese efecto por el Gobierno. En la misma pena incurrirán los funcionarios expresados en este artículo, cuando hicieren comparecer, en calidad de acusado, ante un tribunal criminal, a cualquier ciudadano, contra quien no hubiere recaído previamente el auto de calificación de la cámara. 

 

 SECCIÓN 3RA.

 Coalición de funcionarios.

 

 Art. 123.- Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos.

 

 Art. 124.- Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados de que trata el artículo anterior, tiene por objeto contrariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno, se impondrá a los culpables la pena de destierro. Si el  concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores o provocadores, serán castigados con la reclusión, y los demás culpables lo serán con la pena de destierro. 

 

 Art. 125.- Si del concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado, la pena de veinte años de trabajos públicos se impondrá a los culpables.

  

 Art. 126.- Los funcionarios públicos, que deliberadamente hubieren resuelto dar dimisiones, con el objeto de impedir o suspender la administración de justicia, o el cumplimiento de un servicio cualquiera, serán castigados como reos de prevaricación y castigados con la pena de confinamiento.

  

 SECCIÓN 4TA. 

 Usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial.

 

 Art. 127.- Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: los jueces, fiscales o sus suplentes, y los oficiales de policía que se hubieren mezclado en el ejercicio del Poder Legislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones legislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes o deliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promulgarán.

 

 Art. 128.- Se castigarán con la misma pena, los jueces, fiscales o sus suplentes, y los oficiales de policía que se excedieren en sus atribuciones, ingiriéndose en materias que correspondan a las autoridades administrativas, ya sea que reglamenten en esas materias, o ya que prohiban que se ejecuten las órdenes que emanen del Gobierno. 

 

 Art. 129.- Además de las penas señaladas en los artículos de esta sección, se podrá condenar a los culpables a los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. 

 

 Art. 130.- Los Gobernadores de provincias, los Ayuntamientos, Síndicos y demás administradores, serán castigados con la degradación cívica, cuando se ingieran en el ejercicio del Poder Legislativo, tomando disposiciones o dictando providencias generales, cuyas tendencias sean intimar órdenes o prohibiciones a los tribunales.

 

 Art. 131.- En igual pena incurrirán los empleados administrativos indicados en el artículo anterior que usurparen atribuciones judiciales, ingiriéndose en el conocimiento de derechos e intereses privados de la jurisdicción de los tribunales, y que después de la reclamación de las partes o de una de ellas decidieren, sin embargo, el asunto; o que de algún modo requirieren, instruyeren o hicieren recomendaciones a las autoridades judiciales para que ciñan sus actuaciones, decisiones o fallos, al interés o criterio particular de aquellos.

 

 CAPÍTULO III

 Crímenes y delitos contra la paz pública.

 

 SECCIÓN 1RA.

 DE LAS FALSEDADES

 

 PÁRRAFO I

 De la falsificación de moneda.

 

 Art. 132.- El que falsificare o alterare las monedas de oro o plata que tengan circulación legal en la República, o que emita, introduzca o expenda dichas monedas falsas o alteradas, será condenado al máximo de la pena de trabajos públicos. 

 

 Art. 133.- Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, al que falsifique o altere las monedas de cobre o níquel, que estén en circulación legal en la República, o que las introduzca, emita o expenda.

 

 Art. 134.- Las penas del artículo anterior se impondrán al que en la República falsifique o altere monedas metálicas, billetes de banco o valores extranjeros, o que los introduzca, emita o expenda. La sentencia ordenará siempre la confiscación de las monedas, billetes o valores. 

 

 Art. 135.- Toda persona que hubiere coloreado las monedas que tengan curso legal en la República, o las monedas extranjeras, con ánimo u objeto de engañar sobre la materia del metal; o que las hubiere emitido o introducido en el territorio de la República, será castigado con prisión de seis meses a dos años. Igual pena se impondrá a los que hubieren tomado parte en la emisión o en la introducción de tales monedas coloreadas. 

 

 Art. 136.- La participación indicada en los artículos anteriores de esta sección, no comprenderá a aquellas personas que, habiendo recibido por buenas, monedas falsas, las hubieren vuelto a la circulación. 

 

 Art. 137.- La excepción del artículo que precede, no comprenderá a las personas que hubieren vuelto a la circulación por buenas, monedas falsas, alteradas o coloreadas después de haber verificado o hecho verificar sus vicios o defectos, las cuales personas serán castigadas con una multa, triplo a lo menos, y séxtuplo a los más, de la cantidad de las monedas puestas en circulación, sin que esta multa, en ningún caso, pueda ser menos de diez y seis pesos. 

 

 Art. 138.- Los culpables de los crímenes mencionados en los artículos 132 y 133, quedarán exentos de responsabilidad criminal, siempre que antes de la perpetración del crimen, o de que se principien las pesquisas y diligencias, dieren conocimiento de ello a la autoridad constituida, o le revelaren los nombres de los autores. De igual exención gozarán después de principiadas las diligencias, si facilitaren la captura de los demás culpables; sin embargo quedarán sujetos a la vigilancia especial de la alta policía durante cinco años. 

 

 PÁRRAFO II

 Falsificación de los sellos,  timbres, papel sellado, marcas y punzones del Estado, de los billetes de banco, y de los documentos de crédito público.

 

 Art. 139.- El que falsifique los sellos del Estado, o haga uso del sello falsificado, el que falsifique los documentos de crédito emitidos por el tesoro público con sus sellos, o los billetes de banco autorizados por la ley, o que haga uso de esos documentos o billetes de banco falsificados, o que los introduzca o expenda en el territorio de la República, será condenado a los trabajos públicos. 

 

 Art. 140.-  El que falsifique los punzones destinados al contraste de las materias de oro o plata, o que haga uso de papeles, créditos públicos, timbres, papel sellado o punzones falsificados, será condenado de tres a diez años de trabajos públicos.

 

 Art. 141.-  El que, por medios indebidos y reprobados, obtuviere los verdaderos sellos, marcas o punzones destinados a uno de los usos expresados en el artículo anterior, e hiciere de ellos usos y aplicaciones perjudiciales a los intereses del Estado, será  condenado a la reclusión.  

 

 Art. 142.- Todos aquellos que hubieren contrahecho las marcas destinadas para ser puestas a nombre del Gobierno sobre las diversas especies de géneros o de mercancías, o que hubieren hecho uso de esas marcas falsificadas; los que hubieren contrahecho el sello, timbre o marca de cualquiera autoridad, o que hubieren hecho uso de sellos, timbres o marcas falsificadas; los que hubieren contrahecho los sellos de correos o hecho uso, a sabiendas, de sellos de correos falsificados, serán castigados con prisión  de un año a lo menos, y de dos a los más. Además, se podrá condenar a los culpables a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos y cinco a lo más contados desde el día en que hubiere cumplido la condenación principal; y también a ser puestos, por la misma sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, por el mismo número de años. Las disposiciones que preceden, se aplicarán a las tentativas de los mismos delitos. 

 

 Art. 143.- Se impondrá la pena de la degradación cívica, a todo aquel que por medios indebidos, obtuviere los verdaderos sellos o marcas del Estado destinados a uno de los usos expresados en el artículo anterior, y que hiciere de ellos una aplicación o un uso  perjudicial a los intereses y derechos del Estado, de una autoridad cualquiera, o de un establecimiento particular. Además se podrá condenar a los culpables a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, contados desde el día en que hubieren cumplido la condenación principal, y también a ser puestos por la misma sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía por el mismo número de años. Las disposiciones que  preceden, se aplicarán a las tentativas de los mismos delitos. 

 

 Art. 144.- Las disposiciones del artículo 138 son aplicables a los crímenes mencionados en el artículo 139. 

 

 PÁRRAFO III

 De la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de Banco.

 

 Art. 145.- Será condenado a la pena de trabajos públicos, el empleado o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometiere falsedad, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica, alterando la naturaleza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo en un acto la intervención o presencia de personas que no han tenido parte en él, intercalando escrituras en los registros u otros actos públicos después de su confección o clausura. 

 

 Art. 146.- Serán del mismo modo castigados con la pena de trabajos públicos: todo funcionario u oficial público que, en el ejercicio de su ministerio, hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sustancia de los actos o sus circunstancias; redactando convenciones distintas de aquellas que las partes hubieren dictado o formulado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, hechos falsos; o como reconocidos y aprobados por las partes, aquellos que no lo habían sido realmente; alterando las fechas verdaderas, dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que contenga el verdadero original. 

 

 Art. 147.- Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos. 

 

 Art. 148.- En todos los casos del presente párrafo, aquel que haya hecho uso de los actos falsos, se castigará con la pena de reclusión. 

 

 Art. 149.- Se exceptúan de las disposiciones prescritas en los artículos anteriores, las falsificaciones de órdenes de rutas, sobre cuyo delito se estatuirá especialmente más adelante. 

 

 PÁRRAFO IV

 Falsedades en escrituras privadas.

 

 Art. 150.- Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo que, por uno de los medios expresados en el artículo 147, cometa falsedad en escritura privada. 

 

 Art. 151.- La misma pena se impondrá a todo aquel que haga uso del acto, escritura o documento falsos. 

 

 Art. 152.- Se exceptúan de estas disposiciones, las falsificaciones que se comentan en las certificaciones de que se tratará más adelante. 

 

 PÁRRAFO V

 Falsedad en los pasaportes, órdenes de ruta y certificaciones.

  

 Art. 153.- Se impondrá la pena de tres a diez años de trabajos públicos, al que hiciere un pasaporte falso, al que falsifique un pasaporte primitivamente verdadero, y al que hiciere uso de un pasaporte falso o falsificado. 

 

 Art. 154.- El que en un pasaporte se hiciere inscribir con un nombre supuesto, o que como testigo hubiere asistido con el objeto de hacer librar el pasaporte bajo un nombre supuesto, será castigado con prisión correccional, de tres meses a un año. La misma pena se aplicará a todo individuo que hiciere uso de algún pasaporte librado bajo un nombre distinto del suyo.

 

 Los posaderos, fondistas o mesoneros que, a sabiendas, inscriban en sus registros con nombres falsos o supuestos, a las personas que se hospeden en sus establecimientos, serán castigados con prisión de seis días a un mes.  

 

 Art. 155.-  El oficial público que, a sabiendas, expidiere pasaporte bajo un nombre supuesto, será castigado con prisión de seis meses a dos años. 

 

 Art. 156.- El que cometiere falsedad en una orden de ruta, o falsificare una que primitivamente fue verdadera, y el que haga uso de esa orden falsa o falsificada, será castigado, según las distinciones siguientes: si la orden de ruta no ha tenido más objeto que engañar la vigilancia de la autoridad pública, la pena será de seis meses a dos años de prisión; si el tesoro público ha pagado al portador de la orden falsa un viático que no se le debía, o cuyo valor excedía de aquel a que podía tener derecho, se impondrá la pena de confinamiento, siempre que la suma cobrada no exceda de cien pesos, alzándose la pena de uno a dos años de prisión, si la suma indebidamente percibida se eleva a más de cien pesos

 

 Art. 157.- Las penas pronunciadas por el artículo anterior, se aplicarán según las distinciones que en él se establecen, a toda persona que con nombre supuesto, se haya hecho dar por la autoridad pública, una orden de ruta, o que haya hecho uso de una hoja de  ruta entregada bajo otro nombre que no sea el suyo. 

 

 Art. 158.- Si la autoridad que expidió la orden, tuvo conocimiento, al tiempo de expedirla, de la suposición de nombre, la pena será, en el primer caso del artículo 156, la del confinamiento; en el segundo caso del mismo artículo, se le impondrá la prisión de uno a dos años; y si se encontrare en el último caso, se castigará con la reclusión. En los dos primeros casos se le podrá, además, privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, a contar desde el día en que haya cumplido su condena. 

 

 Art. 159.- Todo aquel que, con el fin de exonerarse a sí mismo, o a otro cualquiera, de un servicio público, tomare el nombre de un médico, cirujano, o cualquier otro oficial de sanidad y librare certificación de enfermedad o dolencia habitual, será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años. 

 

 Art. 160.- Los Médicos, cirujanos u oficiales de sanidad que, para favorecer a alguno, dieren certificación falsa de enfermedad o achaques que lo dispensen del servicio público, serán castigados con prisión de seis meses a dos años. Si han obrado impulsados por dádivas o promesas, se les impondrá la pena de destierro. En ambos casos se les podrá, además, privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a los menos y cinco a los más, a contar desde el día en que haya cumplido su condena. Los corruptores serán, en el segundo caso, castigados con las mismas penas. 

 

 Art. 161.- Se impondrá la pena de tres meses a un año de prisión, a todo aquel que tomare el nombre de un funcionario u oficial público, y expidiere certificación de vida y costumbres, de solvencia u otras circunstancias que atraigan la benevolencia del Gobierno o de los particulares, sobre la persona que en aquella se designe, o bien le faciliten colocación, crédito o socorro. Igual pena se impondrá al que falsificare una certificación de la especie mencionada en este artículo, con el fin de apropiarla a una persona que no sea la misma a quien se libró primitivamente, aunque en su origen hubiera sido verdadera la certificación. También será reo de la misma pena, el que hubiere hecho uso de la certificación falsa o falsificada. Si esta certificación se hace bajo el nombre de un particular, la falsificación y el uso se castigarán con la pena de quince días a seis meses de prisión. 

 

 Art. 162.- Las certificaciones falsas distintas a las expresadas, y de las cuales resulten perjuicio a terceros o al tesoro público, se castigarán según haya lugar, conforme a las disposiciones de los párrafos 3o. y 4o. de la presente sección.

 

 DISPOSICIONES COMUNES 

 

 Art. 163.- La aplicación de las penas pronunciadas contra aquellos que hagan uso de las monedas, billetes, sellos timbres, punzones, marcas y escrituras falsas emitidas, confeccionadas o falsificadas, cesará, siempre que de la falsedad no haya tenido conocimiento la persona que hizo uso de la cosa falsificada. 

 

 Art. 164.- Cuando pueda estimarse el lucro que hubieran reportado, o se hubieren propuesto reportar, a los reos y cómplices de las falsificaciones penadas por los artículos anteriores, se les impondrá una multa del tanto al cuádruplo del lucro.

 

 Art. 165.- El importe mínimum de esta multa no podrá, en ningún caso, bajar de cincuenta pesos. 

 

 SECCIÓN 2DA.

 De la prevaricación, y de los crímenes y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricación. 

 

 Art. 167.- La degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación, en todos los casos en que la ley no pronuncie penas más graves. 

 

 Art. 168.- Los simples delitos no constituyen al funcionario público en estado de prevaricación. 

 

 PÁRRAFO I

 De las sustracciones cometidas por los depositarios públicos. 

 

 Art. 169.-  Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar y desembolsar fondos públicos, deberán hacer los depósitos y remesas de tales fondos,  rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos. 

 

 Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente para  conservar, guardar o vender sellos de correos, de Rentas Internas o papel sellado, remitirán el producto de tales ventas y rendirán cuenta de los que quedasen en su poder, y de los cuales son responsables, dentro del período y en la forma y manera  establecida por el Poder Ejecutivo.

 

 De igual modo, los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la ley o por mandato de autoridad competente, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores,  rendirán informe y cuenta de ellos dentro del período y del modo señalado por las leyes y reglamentos.

 

 Art. 170.- La falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder, será considerada  como desfalco. 

 

 Art. 171.- La apropiación por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministro o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terreno, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco.   

 

 Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convicto de desfalco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquier forma que sea el daño causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena será la de no menos de  un año prisión correccional y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años.  

 

 En caso de insolvencia, se aplicará al condenado sobre la pena enunciada, un día más de reclusión o de prisión por cada cinco pesos de multa, sin que en ningún caso esta pena adicional pueda ser mayor de diez años.  

 

 Art. 173.- El juez, administrador, funcionario u oficial público que destruyere, suprimiere, sustrajere o hurtare los actos y títulos, que en razón de sus funciones le hubieren sido remitidos, comunicados o confiados en depósito, será castigado con la pena de  reclusión. La misma pena se impondrá a los agentes, delegados u oficiales y dependientes de las oficinas de gobierno, de las administraciones, de los tribunales de justicia o de las notarías y depósitos públicos que se hagan reos del mismo delito.  

 

 

 PÁRRAFO II

 Concusiones cometidas por los funcionarios públicos.

  

 Art. 174.- Los funcionarios y oficiales públicos, sus delegados o empleados y dependientes, los perceptores de derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o municipales y sus empleados, delegados o dependientes,  que se hagan reos del delito de concusión, ordenando la percepción de cantidades y valores que en realidad no se adeuden a las cajas públicas o municipales, o exigiendo o recibiendo sumas que exceden la tasa legal de los derechos, cuotas,  contribuciones, ingresos o rentas, o cobrando salarios y mesadas superiores a las que establece la ley, serán castigados según las distinciones siguientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pena de la reclusión; y sus empleados,  dependientes o delegados, con prisión correccional, de uno a dos años, cuando la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepción hubiese sido ordenada, fuere superior a sesenta pesos.  Si la totalidad de esas sumas no excediese de sesenta pesos, los oficiales públicos designados antes, serán castigados con prisión de seis meses a un año; y sus dependientes o delegados, con prisión de tres a seis meses.  La tentativa de este delito se castigará como el mismo  delito. En todos los casos en que fuere pronunciada la pena de prisión, a los culpables se les podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, contados desde el día  en que hubieren cumplido la condenación principal; podrá además el tribunal, por la misma sentencia, someter a los culpables bajo la vigilancia de la alta policía, durante igual número de años.  Además, se impondrá a los culpables una multa que no  excederá  la cuarta parte de las restituciones, daños y perjuicios, y que no  bajará de la duodécima parte de esas mismas restituciones. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a los secretarios, oficiales y ministeriales, cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de los cuales estuvieren encargados por la ley.

 

 PÁRRAFO III

 De los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos  incompatibles con su calidad.

 

 Art. 175.- El empleado o funcionario, u oficial público, o agente del Gobierno que abiertamente, por simulación de actos, o por interposición de persona, reciba un interés o una recompensa, no prevista por la ley, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilancia esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina en al cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas personas cuando los actos, adjudicaciones o empresas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado u oficina  en la cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas personas cuando los actos, adjudicaciones, o empresas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado u oficina, será castigado con prisión correccional de seis meses a un año, y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni menor que la duodécima parte de las restituciones y redenciones   que se concedan. Se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos. 

 

 Art. 176.- Las anteriores disposiciones tendrán aplicación respecto de los funcionarios o agentes del Gobierno que hubieren admitido una recompensa cualquiera en negocios, cuyo pago o liquidación debían efectuar en razón de su oficio, o por disposición superior.  

 

 PÁRRAFO IV

 Del soborno o cohecho de los funcionarios públicos.

 

 Art. 177.- El funcionario o empleado público del orden administrativo, municipal o judicial que, por dádiva o promesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no esté sujeto a salario, será castigado  con la degradación cívica y condenado a una multa del duplo de las dádivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningún caso, pueda esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses el "encarcelamiento" que establece el  artículo 33 de este mismo Código, cuyo pronunciamiento será siempre obligatorio.

 

 En las mismas penas incurrirá el funcionario, empleado u oficial público que, por dádivas o promesas, omitiere ejecutar cualquier acto lícito, o debido,  propio de su cargo. 

 

 Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o experto nombrado, sea por el tribunal, sea por las partes, que hubiere aceptado ofertas o promesas, o recibido dádivas o regalos, para dar una decisión o emitir  una opinión favorable a una de las partes.

 

 Art. 178.- Si el cohecho o soborno tuviere por objeto una acción criminal, que tenga señaladas penas superiores a las establecidas en el artículo anterior, las penas más graves se impondrán siempre a los culpables. 

 

 Art. 179.- El que con amenazas, violencias, promesas, dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratare de sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes o delegados mencionados en el  artículo 177, con el fin de obtener decisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquier otro documento contrario a la verdad, será castigado con las mismas penas que puedan caber al funcionario o empleado sobornado. 

 

 Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose de idénticos medios, obtuvieren colocación, empleo, adjudicación o cualesquiera otros beneficios, o que recabaren del funcionario cualquier acto propio de su ministerio, o la abstención de un acto que hiciere parte del ejercicio de sus deberes. 

 

 Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencias hubieren quedado sin efecto, los culpables de estas tentativas sufrirán tan solo la pena de tres meses a un año y multa de cincuenta a doscientos pesos.

 

 Párrafo.- En los casos de este artículo, si el sobornante, fuere industrial o comerciante, la sentencia podrá incapacitarlo para el ejercicio de la industria o el comercio por un período de dos a cinco años, a contar de la sentencia definitiva.

 

 Art. 180.- Al sobornante nunca se le concederá la restitución de las cosas o los valores entregados por él, ni la del valor que aquellas representen. Serán confiscados en provecho del Fisco. 

 

 Art. 181.- El juez que, en materia criminal, se dejare sobornar, favoreciendo o perjudicando al acusado, será castigado con la pena de reclusión, sin perjuicio de la multa de que trata el artículo 177. 

 

 Art. 182.- Si a consecuencia del soborno se impusiese al reo una pena superior a la de reclusión, esa pena, sea cual fuere su gravedad, se impondrá al juez sobornado. 

 

 Art. 183.- El juez o árbitro que, por amistad u odio, provea, en pro o en contra, los negocios que se someten a su decisión, será reo de prevaricación, y como a tal se le impondrá la pena de la degradación cívica. 

 

 PÁRRAFO V

 Abusos de autoridad.

 

 PRIMERA CLASE 

 Abusos de autoridad contra  los particulares.

 

 Art. 184.- Los funcionarios del orden administrativo o judicial, los oficiales de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, abusando de su autoridad, allanaren el domicilio de los ciudadanos, a no ser en los casos y con las formalidades que  la ley prescribe, serán castigados con prisión correccional de seis días a un año, y multa de diez y seis a cien pesos; sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 2do. del artículo 114. Los particulares que, con amenazas o violencias, se introduzcan en el domicilio de un ciudadano, serán castigados con prisión de seis días a seis meses, y multa de diez a cincuenta pesos. 

 

 Art. 185.- El Juez o tribunal que, maliciosamente o so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, se negare a juzgar y proveer los pedimentos que se le presenten y que persevere en su negativa, después del requerimiento que le hagan las partes, o de la intimación de sus superiores, será castigado con multa de veinte y cinco a cien pesos, e inhabilitación desde uno hasta cinco años, para cargos y oficios públicos. En la misma pena incurrirá cualquiera otra autoridad civil, municipal o administrativa que rehuse proveer los negocios que se sometan a su consideración.  

 

 Art. 186.- Los funcionarios u oficiales públicos, administradores, agentes o delegados del Gobierno o de la policía, los encargados de la ejecución de sentencias u otros mandatos judiciales, los comandantes en jefe o subalternos de la fuerza pública que, en el ejercicio de sus funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo legítimo, usaren o permitieren que se usen violencias contra las personas, serán castigados según la naturaleza y gravedad de esas violencias, aumentándose la pena conforme a las  reglas establecidas en el artículo 198. 

 

 Art. 187.- Los funcionarios o agentes del Gobierno, los encargados de las oficinas de correos o sus dependientes y auxiliares, que intercepten o abran las cartas confiadas a la estafeta, o que faciliten los medios de que se intercepten o abran, serán castigados con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos. También serán castigados con inhabilitación absoluta desde uno hasta cinco años, para cargos y oficios públicos. 

 

 SEGUNDA CLASE

 Abusos de autoridad contra la cosa pública.

 

 Art. 188.- La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima. 

 

 Art. 189.- Si el requerimiento o la orden hubieren producido sus efectos, se impondrá a los culpables la pena de la reclusión en su grado máximum. 

 

 Art. 190.- Las penas enunciadas en los artículos 188 y 189, se aplicarán siempre a los funcionarios o delegados que hayan obrado por orden de sus superiores, a no ser que esas órdenes hayan sido dadas por éstos, en el círculo de sus atribuciones, y que aquellos debían, en fuerza de la jerarquía, acatar y cumplir. En este caso, las penas pronunciadas por los artículos que preceden, no se impondrán sino a los superiores que primitivamente hubieren dado esas ordenes.

 

 Art. 191.- Si a consecuencia de las órdenes, disposiciones o requerimientos, de que se hace mención en los artículos anteriores, se cometieren crímenes que traigan penas mayores a las que se establecen en los artículos 188 y 189, esas penas mayores se impondrán a los funcionarios, agentes o delegados culpables que hubieren dado dichas órdenes o hecho dichos requerimientos. 

 

 PÁRRAFO VI

 Delitos relativos al asiento de los actos en los registros del estado civil.

 

 Art. 192.- Los encargados del Estado Civil que extiendan en hojas sueltas los actos de su ministerio, serán castigados con prisión correccional de uno a tres meses, y multa de cinco a cuarenta pesos. 

 

 Art. 193.- Los Oficiales del Estado Civil que presenciaren matrimonios, para cuya validez la ley prescribe el consentimiento de los padres, mayores u otras personas, sin haberse asegurado antes de la existencia de ese consentimiento, serán castigados con una multa de veinte y cinco  a cien pesos, y con prisión correccional de seis meses a un año. 

 

 Art. 194.- El Oficial del Estado Civil que autorizare el matrimonio de mujer viuda, antes de los diez meses que el Código Civil señala a las viudas para contraer segundas nupcias, sufrirá una multa de veinte a cien pesos. 

 

 Art. 195.- Las penas pronunciadas por los artículos anteriores, contra los encargados del Estado Civil, se les impondrán siempre, aunque no se hubieren proveído las partes contra la nulidad de los actos o aunque dicha nulidad esté cubierta. En caso de colusión, se impondrán a los culpables las penas que la ley señala, sin perjuicio también de las disposiciones penales, insertas en el título V del libro 1ro. del Código Civil.

 

 PÁRRAFO VII

 Del ejercicio de la autoridad pública y legalmente anticipado o prolongado

 

 Art. 196.- El funcionario público que entrare a ejercer sus funciones, sin haber prestado previamente el juramento constitucional, podrá ser perseguido y castigado con multa de diez a cincuenta pesos. 

 

 Art. 197.- El funcionario público que, después de haber tenido conocimiento oficial de su revocación, suspensión, destitución o inhabilitación legal, continuare ejerciendo sus funciones, o que siendo electivo o temporal, las haya ejercido después de haber sido reemplazado, será castigado con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos. Quedará inhabilitado, después que sufra su pena, para ejercer cualquiera otra función pública, por un año a lo menos, y cinco a lo más, sin perjuicio de las penas establecidas por el artículo 93 del presente Código, contra los oficiales o comandantes militares. 

 

 DISPOSICIÓN PARTICULAR

 

 Art. 198.- Los empleados y funcionarios públicos, a quienes esté encomendada la represión de los delitos, y que se hicieren reos de dichos delitos, o de complicidad en ellos, serán castigados según lo establece la escala siguiente: 1o., si se tratare de un delito correccional, sufrirán siempre el máximum de la pena señalada a ese delito; 2do., si se tratare de un crimen, serán condenados a la reclusión, si el crimen trae contra cualquier otro culpable la pena de la degradación cívica; a la detención, si el crimen tiene señalado para otro culpable la pena de la reclusión; y a la de trabajos públicos, si el crimen contra cualquier otro culpable trae la pena de detención. En los demás casos no expresados aquí, la pena común se impondrá siempre sin agravación. Lo dispuesto en este artículo no se extiende a aquellos casos en que la ley, por disposición especial, determina las penas en que incurren los empleados y funcionarios públicos por los crímenes y delitos que cometan. 

 

 SECCIÓN 3RA.

 Perturbación del orden público  producida por los ministros de los cultos en el ejercicio de su  ministerio.

 

 PÁRRAFO I

 Contravenciones que pueden  comprometer el estado civil  de las personas.

 

 Art. 199.- (Derogado). 

 

 Art. 200.- (Derogado). 

 

 PÁRRAFO II

 Críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública, en discursos pastorales pronunciados públicamente.

 

 Art. 201.- Los sacerdotes y ministros de cultos que, en el ejercicio de su ministerio, o en asambleas públicas, pronunciaren discursos vituperando o censurando las medidas del Gobierno, las leyes, decretos o mandamientos de los poderes constituidos, o cualquier otro acto de la autoridad pública, serán castigados con prisión correccional de tres meses a dos años. 

 

 Art. 202.- Si en el discurso se excitare de un modo directo a desacatar la ley u otros actos de la autoridad pública, o si sus tendencias fueren sublevar a los ciudadanos, o armarlos unos contra otros, el sacerdote o ministro culpable será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años, siempre que las excitaciones o provocaciones hubieren quedado sin resultado; pero si por el contrario, hubieren dado lugar a la desobediencia, sin llegar a la sedición o rebelión, se le impondrá la pena de  destierro. 

 

 Art. 203.- Cuando de la provocación o excitación resulte una sedición o rebelión, cuya naturaleza sea tal, que uno o muchos de los culpables sean castigados con penas más graves que las del destierro, esa pena, sea cual fuere, se impondrá al sacerdote o ministro culpable de la provocación o sedición. 

 

 PÁRRAFO III 

 Censura o provocaciones dirigidas a la autoridad pública  en escritos pastorales.

 

 Art. 204.- Se impondrá la pena de destierro a todo ministro de un culto que, en cualquier escrito que contenga instrucciones pastorales, se ingiera de una manera cualquiera en vituperar o censurar al Gobierno, o un acto de la autoridad pública. 

 

 Art. 205.- Si el escrito contuviere provocaciones directas contrarias al respeto debido a la ley, o a los demás actos de la autoridad pública, o si sus tendencias fueren sublevar a los ciudadanos, o armarlos unos contra otros, se impondrá al ministro que lo publicare, la pena de la reclusión. 

 

 Art. 206.- Siempre que la excitación o provocación produzca una sedición o rebelión que deba castigarse con penas superiores a la reclusión, esas penas, sean cuales fueren, se impondrán al sacerdote o ministro culpable de la provocación. 

 

 PÁRRAFO IV

 Correspondencia entre los ministros de cultos, con Gobiernos Extranjeros, sobre materias religiosas

 

 Art. 207.- Los ministros de un culto que, en cuestiones o materias religiosas llevaren correspondencia con un Gobierno extranjero sin haber dado aviso y obtenido previamente del Secretario de Estado, encargado de la vigilancia de los cultos, la autorización competente, serán por este hecho castigados con una multa de veinte y cinco a cien pesos, y prisión de un mes a dos años. 

 

 Art. 208.- Si a la correspondencia de que trata el artículo anterior, se han seguido actos contrarios a las leyes, decretos o disposiciones formales de los poderes del Estado, los culpables serán desterrados, a no ser que la pena señalada por la ley a los actos que hubieren cometido los culpables, sea superior a la que establece este artículo; pues en este caso se impondrá la más grave. 

 

 SECCIÓN 4TA.

 Resistencia, desobediencia, desacato y otras faltas cometidas contra la autoridad pública.

 

 PÁRRAFO I

 REBELIÓN

 

 Art. 209.- Los actos de rebelión se clasifican, según las circunstancias que los acompañen, crimen o delito de rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia, violencia o vías de hecho, ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, sus agentes, delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a que pertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y sea cual fuere la función pública que ejerzan. 

 

 Art. 210.- El acometimiento o la resistencia efectuada por más de veinte personas armadas, dará lugar a que se imponga a los culpables la pena de reclusión, rebajándose ésta a la de prisión correccional, si se ejecutó sin armas.

 

 Art. 211.- La rebelión cometida por un número de tres a veinte personas, se castigará con prisión de seis meses a dos años, reduciendo la pena de tres meses a un año de prisión si los culpables no estaban armados. 

 

 Art. 212.- La rebelión cometida por una o dos personas armadas, se castigará con prisión de seis meses a dos años, y con igual pena de seis días a seis meses, si la ejecutaron sin armas. 

 

 Art. 213.- En caso de agavillamiento o junta tumultuaria, se impondrá a los rebeldes que no ejerzan funciones ni empleos en la gavilla, la pena señalada en el artículo 100 de este Código, siempre que se hubieren retirado a la primera intimación de la autoridad pública, o que se retiraren después, y que no hayan sido arrestados en el lugar de la rebelión, sino fuera de él, sin nueva resistencia y sin armas. 

 

 Art. 214.- Toda reunión de individuos, que tenga por objeto la comisión de un crimen o de un delito, se reputa reunión armada, si dos o más de entre ellos son portadores de armas ostensibles. 

 

 Art. 215.- Las personas que se encuentren provistas de armas ocultas, y que hayan formado parte de una turba o reunión, que no se repute armada, serán individualmente castigadas, como si hubiesen formado parte de una turba o reunión armada.

 

 Art. 216.- Los que con motivo de una rebelión, o mientras dure ésta, se hagan reos de crímenes y delitos comunes, serán castigados con las penas que el Código señala a cada uno de esos crímenes o delitos, siempre que sean más graves que los que se señalan para la rebelión. 

 

 Art. 217.- Se considerará reo de rebelión, y castigado como tal a, todo aquel que por discursos, pasquines, libelos, escritos o por cualquiera otro medio de publicidad, la hubiera provocado. Si la rebelión no se efectuare, el provocador será castigado con  prisión de seis días a un año.  

 

 Art. 218.- Siempre que la ley no imponga al delito de rebelión sino la pena de prisión correccional, los culpables, en esos casos, se podrán condenar accesoriamente a una multa de diez a cien pesos. 

 

 Art. 219.- Las reuniones que se formen con armas o sin ellas, por los operarios o jornaleros de las manufacturas o talleres, minas o establecimientos agrícolas; las que se formen por los individuos que se admitan en los hospicios, o por los presos, procesados, acusados o condenados, se considerarán y calificarán en la misma categoría que las reuniones de rebeldes, cuando su objeto sea violentar o amenazar a la autoridad administrativa, a los oficiales o agentes de policía o a la fuerza pública. 

 

 Art. 220.- Los procesados, acusados o condenados por delitos comunes, que se hagan reos de rebelión, sufrirán la pena que se les imponga por este delito, después de cumplida la condena que motivaba su prisión, o si fueren descargados de la acusación, la sufrirán después que la sentencia de absolución sea irrevocable. 

 

 Art. 221.- Los jefes, provocadores e instigadores de una rebelión, se podrán condenar accesoriamente a la sujeción a la vigilancia de la alta policía, desde uno hasta cinco años, que se contarán desde el día que cumplieren su condena. 

 

 PÁRRAFO II

 Ultrajes y violencias contra la autoridad pública.

 

 Art. 222.- Cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo o judicial, hubieren recibido en el ejercicio de sus funciones, o a causa de este ejercicio, algún ultraje de palabra, o por escrito, o dibujos no públicos, tendentes en estos diversos casos a herir el honor o la delicadeza de dichos magistrados, aquel que hubiere dirigido tales ultrajes será castigado con prisión correccional de seis días a seis meses. Si el ultraje con palabras se hiciere en la audiencia de un tribunal, la pena será de prisión correccional de seis meses a un año. 

 

 Art. 223.- El ultraje hecho por gestos o amenazas a un magistrado, en el desempeño de sus funciones, o con motivo de ese ejercicio, se castigará con prisión de seis días a tres meses, aumentándose la pena de un mes a un año, si el ultraje se hiciere en la audiencia del tribunal. 

 

 Art. 224.- Se castigará con multa de diez a cien pesos, el ultraje que por medio de palabras, gestos o amenazas, se haga a los curules o agentes depositarios de la fuerza pública, y a todo ciudadano encargado de un servicio público, cuando estén en el ejercicio de sus funciones, o cuando sea en razón de dichas funciones. 

 

 Art. 225.-  La pena será de seis días a un mes de prisión, si el agraviado fuere un comandante de la fuerza pública. 

 

 Art. 226.- (Derogado). 

 

 Art. 227.- (Derogado). 

 

 Art. 228.- Los golpes que, aún sin armas, se infieran a un magistrado en el ejercicio de su cargo, o en razón de ese ejercicio, se penarán con prisión de seis meses a dos años, aún cuando de los golpes inferidos no hubiere resultado lesión alguna. Si el delito se cometiere en la audiencia de un tribunal, se impondrá además al culpable, como pena accesoria, la suspensión desde uno hasta tres años, del ejercicio de los derechos civiles y políticos.

 

 Art. 229.- En cualquiera de los casos expresados en el artículo anterior, se podrá condenar también al culpable a vivir desde seis meses hasta dos años, lejos de la residencia del magistrado ofendido, a una distancia de dos leguas por lo menos. Esta disposición principiará a tener su ejecución, desde el día en que el condenado haya cumplido su pena. Si antes del vencimiento del término señalado, infringiere esta orden, se le castigará con la pena del confinamiento. 

 

 Art. 230.- Las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un servicio público, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño. 

 

 Art. 231.- Cuando las violencias especificadas en los artículos 228 y 230, den por resultado la efusión de sangre, heridas o enfermedad, se impondrá al culpable la pena de la reclusión, agravándose ésta hasta la de trabajos públicos, si el agraviado muriere dentro de los cuarenta días del hecho. 

 

 Art. 232.- Los golpes y violencias que no causaren efusión de sangre, heridas o enfermedad, se penarán con la reclusión, si ocurrieren en el hecho las circunstancias de premeditación o acechanza(sic). 

 

 Art. 233.- Los golpes o heridas que se infieran a uno de los funcionarios o agentes designados en los artículos 228 y 230, en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones, se castigarán con la pena de trabajos públicos, si la intención del agresor  hubiere sido ocasionar la muerte al agraviado. 

 

 PÁRRAFO III

 Denegación de servicios legalmente debidos.

 

 Art. 234.- Los encargados y depositarios de la fuerza pública que, legalmente requeridos por autoridad civil, se negaren a prestar el auxilio de la fuerza que tengan bajo su mando, se castigarán con prisión de uno a tres meses. 

 

 Art. 235.- Se les condenará también a las indemnizaciones que puedan decretarse, de conformidad con el artículo 10 del presente Código. 

 

 Art. 236.- Los testigos que, para eximirse de los deberes que pesan sobre ellos, alegaren una causa cuya falsedad sea conocida, serán condenados a prisión correccional de seis días a dos meses; sin perjuicio de la multa a que se hagan acreedores, por su no comparecencia.

 

 PÁRRAFO IV

 Evasión de presos y ocultación de criminales.

 

 Art. 237.- Los encargados de la custodia de los presos, los alguaciles, los jefes superiores o subalternos de la policía o de la fuerza pública, a quienes esté confiada la escolta para la conducción, traslación o custodia de los presos; aquellos a quienes esté encomendada la vigilancia de los puestos, cárceles o presidios, serán condenados, en caso de evasión de los presos confiados a su cuidado, según las distinciones que establecen los artículos siguientes. 

 

 Art. 238.- Si el preso evadido estuviere acusado de delitos de policía, o que sólo ameriten penas simplemente infamantes, o si fuere prisionero de guerra, los encargados de su conducción o custodia, que sólo fueren reos de su negligencia, serán castigados con  prisión correccional de seis días a dos meses. Si ha habido connivencia entre el evadido y su custodia, la pena será de seis meses a dos años de prisión. A aquellos que no estando encargado de la custodia o de la conducción del preso, hubieren  procurado o facilitado su evasión, se les aplicará la pena de seis días a tres meses de prisión.   

 

 Art. 239.- Si los presos evadidos, o alguno de ellos, estuviere bajo el peso de una condenación a pena aflictiva temporal, o acusado de delito que merezca esa pena, los encargados de su custodia o conducción serán castigados con prisión de dos a seis meses, si la evasión fuere consecuencia de su descuido; y en caso de connivencia, se les impondrá la pena de reclusión. Las personas que, no estando encargadas de la custodia de los presos, hubieren procurado o facilitado la evasión, se castigarán con prisión de tres meses a un año. 

 

 Art. 240.- Si los evadidos o alguno de ellos estaba condenado a treinta años de trabajos públicos o a trabajos públicos, o si se hallaba acusado por delitos que ameritaban dichas penas, sus guardianes o conductores serán castigados, en caso de descuido, a prisión desde uno hasta dos años, y en el de connivencia, lo serán a detención. Las personas no encargadas de la custodia del condenado, que facilitaren o procuraren la evasión, serán castigadas con prisión de un  año a lo menos, y dos a lo más. 

 

 Art. 241.- Si la evasión o su tentativa se han operado con rompimiento de cárcel, las penas contra los que la hubieren favorecido, suministrado instrumentos propios para efectuarla, serán las siguientes: 1o.- Si el evadido se halla en uno de los casos del  artículo 238, se le impondrá de tres meses a un año de prisión; 2o.- Si el evadido se encuentra en un uno de los casos del artículo 239, se le impondrá de uno a dos años de prisión correccional, y 3o. Si se halla en el caso del artículo 240, la pena será la de reclusión, y a una multa, en los tres casos, de diez a cuatrocientos pesos. Además, los culpables podrán ser condenados, en el último caso, a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos y cinco a lo más, contados desde el día en que hubieren cumplido la condenación principal.

 

 Art. 242.- Las penas pronunciadas por los artículos anteriores contra los carceleros, guardianes y custodias de los presos, se impondrán a todos aquellos que, para favorecer o proporcionar la evasión de los detenidos, sobornaren a dichos carceleros, guardianes y custodias. 

 

 Art. 243.-  La evasión con violencia o fractura, que se ejecute con auxilio de armas, transmitidas con ese fin a los presos, dará lugar a la aplicación de los trabajos públicos contra los custodias, conductores o guardianes que hubieren sido partícipes en la entrega de dichas armas; y a la de reclusión contra las demás personas que resultaren cómplices de la evasión. 

 

 Art. 244.- Los culpables de connivencia en la evasión de los detenidos, serán solidariamente responsables de las indemnizaciones que los agraviados por el delito hubieren tenido derecho a obtener contra los evadidos.

 

 Art. 245.- Las evasiones o tentativas de evasión, ejecutadas por los presos, sin auxilio extraño, con violencia o fractura de las cárceles, se penarán por la circunstancia de fractura y por las violencias, con prisión de seis meses a un año, sin perjuicio de  que se les impongan penas más graves, por los delitos que hubieran podido cometer con sus violencias.  Estas penas las sufrirán los fugitivos inmediatamente después de cumplida su condena, o después que se les descargue de la instancia a que dio  lugar la imputación del crimen o delito que motivó su prisión. 

 

 Párrafo.- Las evasiones o tentativas de evasión, efectuadas por los presos, sin auxilio extraño, burlando la vigilancia de sus custodias, conductores o guardianes, serán castigadas con las penas de un mes a seis meses de prisión correccional. Estas penas las sufrirán los fugitivos inmediatamente después de cumplida su condena o después que se les descargue de los hechos a que dio  lugar la imputación del crimen o delito que motivó su prisión.

 

 Art. 246.- Cualquiera persona que, por haber favorecido alguna evasión o tentativa de evasión, hubiere sido condenada a más de seis meses de prisión, se podrá poner además bajo la vigilancia de la alta policía, por un tiempo que no excederá de cinco años.

 

 Art. 247.- Cuando la prisión de que tratan los artículos anteriores, se imponga a los guardianes o conductores, culpables por negligencia de la evasión de presos confiados a su cuidado, la pena cesará de pleno derecho, al momento en que se capturen los evadidos, siempre que esto se efectúe dentro de los cuatro meses de evasión, y que no hayan sido aquellos aprehendidos por delitos cometidos después de su fuga.

 

 Art. 248.- Los que ocultaren o hicieren ocultar a los reos de delitos cuya pena sea aflictiva, sufrirán prisión correccional de tres meses a dos años, si al tiempo de la ocultación tuvieren conocimiento del delito cometido. Se exceptúan de la presente disposición, los ascendientes o descendientes, los cónyuges, aún en estado de separación personal o de bienes, los hermanos o hermanas de los delincuentes ocultos, y sus afines en los mismos grados.  

 

 PÁRRAFO V

 Fractura de sellos, y sustracción de documentos en los depósitos públicos.

 

 Art. 249.- Se castigará con prisión correccional de seis días a seis meses, a los guardianes de objetos sellados por orden del Gobierno, o mandato judicial, cuando por descuido suyo se rompan o quebranten dichos sellos.

 

 Art. 250.- Si el quebrantamiento de los sellos se ha operado en los papeles o efectos pertenecientes a un acusado, cuyo delito lleve consigo la pena de treinta años de trabajos públicos o la de trabajos públicos, o que esté condenado a una de esas penas, el guardián omiso será castigado con prisión de seis meses a un año. 

 

 Art. 251.- Aquel que intencionalmente quebrantare o intentare quebrantar los sellos fijados sobre papeles, o efectos de la cualidad enumerada en el precedente artículo, o aquel que hubiere participado del quebrantamiento de los sellos o de la tentativa de dicho quebrantamiento, será castigado con prisión de uno a dos años. Si fuese el mismo guardián el que hubiese fracturado los sellos o cometiese la tentativa de fracturarlos, será condenado a dos años de prisión. En ambos casos, el culpable será condenado a una multa de diez a cien pesos. Podrá además ser privado de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, a contar del día en que hubiere sufrido su pena; pudiendo también quedar  sujeto bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo número de años.

 

 Art. 252.- En los demás casos en que se quebrantaren los sellos de la autoridad pública, los reos de ese delito sufrirán la pena de prisión correccional, por un tiempo que no bajará de tres meses, ni excederá de un año. Sin embargo, si el culpable fuere el guardián de los sellos, la pena será de seis meses a dos años de prisión.

 

 Art. 253.- Los robos y sustracciones que se cometan quebrantando sellos, se considerarán y castigarán como los robos cometidos con fractura. 

 

 Art. 254.- Las sustracciones, destrucciones o robos que se cometan por omisión o descuido de los empleados, encargados de la custodia de un archivo u oficina pública, darán lugar a la imposición de tres meses a un año de prisión correccional, y multa de veinte y cinco pesos contra el empleado omiso o descuidado. Esta disposición es aplicable a los secretarios de los tribunales, empleados de oficinas públicas, notarios, archivistas y otros empleados, cualquiera que sea su denominación y la naturaleza del documento, auto, registro, acto, expediente y papeles que se sustraigan, destruyan o roben. 

 

 Art. 255.- El culpable de las sustracciones, robos o destrucciones mencionadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de uno a dos años de prisión. Si el crimen ha sido cometido por el mismo depositario, se le impondrá la pena de reclusión. 

 

 

 Art. 256.- El quebrantamiento de sellos, las sustracciones, robos o destrucciones de documentos y papeles que se cometieren, violentando a los encargados de su custodia, dará lugar a la aplicación contra los culpables de la pena de reclusión, sin perjuicio de  otras mayores, que podrán decretarse, si las ameritaren la naturaleza de las violencias y los demás crímenes que puedan ser su consecuencia. 

 

 PÁRRAFO VI

 Daños hechos en los monumentos públicos.

 

 Art. 257.- El que destruyere, derribare, mutilare o deteriorare los monumentos, estatuas y otros objetos destinados a la utilidad o al ornato público, y levantados o construidos por la autoridad pública, o con su consentimiento y autorización, será castigado con prisión correccional de un mes a un año, y multa de diez a cien pesos. 

 

 PÁRRAFO VII

 Usurpación de títulos o funciones.

 

 Art. 258.- Los que sin títulos se hubieren ingerido en funciones públicas, civiles o militares, o hubieren pasado o ejercido actos propios de una de esas funciones, serán castigados con prisión correccional de un mes a un año, sin perjuicio de las penas pronunciadas por el Código, por delito de falsedad, si los actos pasados o ejercidos por ellos tuvieren los caracteres de ese delito. Con las mismas penas se castigará el ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones eclesiásticas.

 

 Art. 259.- Los que públicamente hubieren usado uniforme o traje que no les corresponda, serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años. Con la misma pena será castigado el uso del hábito eclesiástico o religioso por personas eclesiásticas o religiosas a quienes se les haya prohibido por orden de las competentes autoridades eclesiásticas, oficialmente comunicadas a las autoridades de Estado, así como el uso abusivo del mismo hábito por otras personas. 

 

 PÁRRAFO VIII

 Delitos contra el libre ejercicio de los cultos.

 

 Art. 260.- Los que con amenazas o vías de hecho obligaren o impidieren a una o más personas, el ejercicio de la religión católica, de uno de los cultos tolerados en la República, o la asistencia al ejercicio de esos cultos; los que del mismo modo impidieren la celebración de ciertas festividades, o la observancia de los días de precepto, y en general los que hicieren abrir o cerrar los talleres, tiendas o almacenes, para que se hagan o dejen de hacer ciertos trabajos, serán castigados por ese solo delito, con multa de diez a cien pesos, y prisión correccional de seis días a dos meses. 

 

 Art. 261.- Los que por medio de violencias, desorden o escándalo, impidieren o turbaren el ejercicio del culto católico, y de los autorizados por la ley, dentro o fuera del templo o lugar destinado para ese ejercicio, serán castigados con la pena de prisión de seis días a dos meses, y multa de diez a cien pesos. 

 

 Art. 262.- El que con palabras o ademanes ultrajare a un ministro del culto católico, cuando se halle ejerciendo las funciones de su ministerio, o que para escarnecer los ritos, autorizados en la República, profanare objetos destinados al culto, será castigado con multa de diez a cien pesos, y prisión de un mes a un año. 

 

 Art. 263.- La pena de la degradación cívica se impondrá a los que maltrataren de obra a un ministro de un culto cuando se halle ejerciendo las funciones de su ministerio.

 

 Art. 264.- Las disposiciones del presente párrafo, solo son aplicables a los desórdenes, ultrajes o vías de hecho, cuyas circunstancias y naturaleza no estén penadas, con mayor gravedad por el presente Código. 

 

 SECCIÓN 5TA.

 Asociación de malhechores, Vagancia y mendicidad.

 

 PÁRRAFO I

 Asociación de malhechores.

 

 Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.

 

 Art. 266.- Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.

 

 PARRAFO I.- La persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena, si, antes de toda persecución, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociación. 

 

 Art. 267.- Se castigará con la pena de reclusión a cualquiera persona que haya favorecido a sabiendas y voluntariamente a los autores de los crímenes previstos en el artículo 265, proveyéndolos de dinero, instrumentos para el  crimen, medios de correspondencia, alojamiento o lugar de reunión.

 

 Serán también aplicables al culpable de los hechos previstos en el presente artículo, las disposiciones contenidas en el párrafo primero del artículo 266. 

 

 Art. 268.- (Derogado) 

 

 PÁRRAFO II

 De la vagancia.

 

 Art. 269.- La ley considera la vagancia como un delito, y la castiga con penas correccionales. 

 

 Art. 270.-  (Derogado) 

 

 Art. 271.- (Derogado). 

 

 Art. 272.- (Derogado) 

 

 Art. 273.- (Derogado). 

 

 PÁRRAFO III

 De la mendicidad.

 

 Art. 274.- La mendicidad ejercida en los lugares donde existen establecimientos públicos, organizados con el fin de impedirla, será castigada con prisión de tres a seis meses, y conducción del culpable, después que extinga su pena, al establecimiento u hospicio del lugar. 

 

 Art. 275.- En aquellos lugares en que no haya aún establecimientos destinados para recibir a los mendigos, sólo se castigarán a aquellos que, no siendo inválidos, pidieren habitualmente limosna. La pena, en ese caso, será la de prisión correccional de uno a tres meses, aumentándose su duración de seis meses a dos años, si hubieren sido arrestados, fuera del municipio de su residencia. 

 

 Art. 276.- Se impondrá la pena de uno a seis meses de prisión correccional: 1o. a los mendigos, sean o no inválidos, que emplearen amenazas para introducirse en las casas, en las habitaciones o en los lugares cercados, o que, sin licencia del dueño de la casa o de las personas que la habiten, se introdujeren en ella; 2o. a los que finjan dolencias o llagas que no tienen; 3o. a los que formen reuniones para mendigar, a no ser que éstas las constituyan padres e hijos, o los ciegos y sus conductores. 

 

 

 DISPOSICIONES COMUNES A LOS VAGOS Y MENDIGOS

 

 Art. 277.- Se impondrá la pena de prisión correccional de seis días a seis meses, a los mendigos o vagos a quienes se aprehendieren disfrazados, o que lleven armas, aún cuando no hubieren hecho uso de ellas, ni proferido amenazas contra persona alguna. Se castigará con la pena de tres meses a un año, a los que vayan provistos de limas, ganzúas u otros instrumentos que puedan servir para cometer robos u otros delitos, o que puedan facilitarles los medios de introducirse en las casas.

 

 Art. 278.- Las penas de que trata el artículo 276, se impondrán a los vagos o pordioseros, en cuyo poder se encuentren objetos, cuyo valor sea superior a cincuenta pesos, siempre que no puedan justificar su procedencia.

 

 Art. 279.- Los vagos o pordioseros que ejercieren o intentaren ejercer actos de violencia contra una persona, serán castigados, cualquiera que sea la naturaleza del hecho, con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de otras más graves, si hubiere lugar, atendidas para el caso, la clase de violencia ejercida, y las circunstancias que concurren en ella. 

 

 Art. 280.- Si el mendigo o vagabundo que ejerciere o intentare ejercer actos de violencia, se hallare en los casos del artículo 277, se le impondrá la pena de reclusión. 

 

 Art. 281.- Las penas que señala este Código, para los portadores de certificaciones, órdenes de ruta o pasaportes falsos, se impondrán en su grado máximo, cuando deban aplicarse a los vagos o pordioseros, sujetándose a las distinciones establecidas en aquellas disposiciones. 

 

 Art. 282.- Los pordioseros que hayan sido condenados a las penas de que tratan los artículos anteriores, quedarán sujetos, después de cumplida su pena, a la vigilancia de la alta policía por un tiempo igual al de su condena. 

 

 

 SECCIÓN 6TA.

 Delitos cometidos por medio de escritos, imágenes o grabados distribuidos sin el nombre del autor, impresor o grabador.

 

 Art. 283.- Toda publicación o distribución de obras, escritos, avisos, boletines, anuncios, diarios, periódicos u otros impresos, en los que no se hallare la indicación del verdadero nombre, profesión y morada del autor o impresor, dará lugar, por este solo hecho, a que se castigue con prisión de seis días a seis meses a cualquier persona que, a sabiendas, haya contribuido a las dichas publicación o distribución. 

 

 

 Art. 284.- La pena señalada en el artículo anterior, se reducirá a penas de simple policía: 1o. respecto de los pregoneros, vendedores, distribuidores o fijadores que denunciaren la persona de quien hubieren recibido la obra o el escrito impreso; 2o. respecto de cualquier persona de entre ellos que hubiere denunciado al impresor; 3o. respecto del impresor que hubiere denunciado al autor. 

 

 Art. 285.- Si en el escrito se provocare o excitare a una o más personas a cometer crímenes o delitos, los encargados de su venta, repartición, anuncio o fijación en las esquinas o lugares públicos, serán castigados con las mismas penas que se impongan al autor, a no ser que manifiesten quién sea éste; en cuyo caso sólo incurrirán en la pena de seis días a tres meses de prisión correccional. La responsabilidad como cómplice sólo se exigirá a aquellos que hayan ocultado los nombres de las personas de quienes recibieron el escrito impreso. Las mismas penas se impondrán al impresor si es conocido.

 

 Art. 286.- En todos los casos anteriormente expresados, se ordenará la confiscación de los ejemplares aprehendidos.

  

 Art. 287.- La exposición o distribución de canciones, folletos, figuras o imágenes contrarias a la moral y a las buenas costumbres, se castigará con multa de diez y seis a cien pesos, y prisión correccional de un mes a un año; se confiscarán las planchas y los ejemplares impresos o grabados de las canciones y demás objetos del delito. 

 

 Art. 288.- La prisión y multa que impone el artículo anterior, se reducirán a penas de simple policía respecto de las personas que vendan, pregonen o repartan los ejemplares, si descubren a la que les entregó el objeto del delito. Igual reducción se hará  respecto de los que den a conocer al impresor o grabador, que denuncie al autor o a la persona que le hubiere encargado la impresión o el grabado.

 

 Art. 289.- En todos los casos previstos en esta sección, se impondrá al autor, cuando sea conocido, el máximum de la pena señalada al delito de que se haya hecho reo.

  

 Art. 290.- Las disposiciones anteriores en nada alteran, modifican o derogan las que en el cuerpo de este Código u otras leyes, castigan las provocaciones y la complicidad que resulten de otros actos que no sean los que se han previsto en esta sección.

 

 SECCIÓN  7MA.

 De las sociedades o reuniones ilícitas.

 

 Art. 291.- En las sociedades que se formen con el objeto de ocuparse de asuntos religiosos, políticos, literarios o de cualquier otra naturaleza, no podrán llevarse armas, bajo pena a los infractores de una multa de cinco a diez pesos.

 

 Art. 292.- Los que en dichas sociedades excitaren o provocaren a cometer crimen o delito, valiéndose para ello de discursos, exhortaciones, invocaciones u ovaciones hechas en un idioma cualquiera, o de lecturas, publicación o distribución de escritos, serán castigados con prisión correccional desde un mes hasta un año, y multa de diez a cien pesos. 

 

 Párrafo.- Para los efectos de este artículo, se considera excitación o provocación a cometer crimen, el hecho de constituir asociaciones, o de formar parte de asociaciones en cuyos programas entre el procurar ayuda extranjera, oficial o privada, para actuaciones políticas contrarias al orden social o al Gobierno dominicano, o de  las que se demuestre que hayan procurado o estén procurando, o se propongan procurar dicha ayuda, o que no puedan probar que los dineros que manejen provengan de dominicanos radicados en el país.

 

 Art. 293.- Las penas señaladas en el artículo anterior se aplicarán, sin perjuicio de las demás que pronuncia el Código contra los que sean personalmente culpables de la provocación, sin que en ningún caso puedan ser castigados con penas inferiores a las que se impongan a los jefes, directores, presidentes y administradores de dichas sociedades. 

 

 Art. 294.- Las personas condenadas a las penas de que tratan los artículos anteriores, quedarán sujetas, después de cumplida su pena, a la vigilancia de la alta policía, por un tiempo igual al de su condena.  

 

 TÍTULO II

 Crímenes y delitos contra los particulares.

 

 CAPÍTULO I

 Crímenes y delitos contra las personas.

 

 SECCIÓN 1RA.

 Homicidio, asesinatos y otros crímenes capitales: amenazas de atentado contra las personas.

 

 PÁRRAFO I

 Homicidio, asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento.

 

 Art. 295.- El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio.

 

 Art. 296.- El homicidio cometido con premeditación o acechanza(sic), se califica asesinato. 

 

 Art. 297.- La premeditación consiste en el designio formado antes de la acción, de atentar contra la persona de un individuo determinado, o contra la de aquél a quien se halle o encuentre, aún cuando ese designio dependa de alguna circunstancia o condición.

 

 Art. 298.- La acechanza(sic) consiste en esperar, más o menos tiempo, en uno o varios lugares, a un individuo cualquiera, con el fin de darle muerte, o de ejercer contra él actos de violencia. 

 

 Art. 299.- El que mata a su padre o madre legítimos, naturales o adoptivos, a sus ascendientes legítimos, se hace reo de parricidio. 

 

 Art. 300.- El que mata a un niño recién nacido, se hace reo de infanticidio. 

 

 Art. 301.- El atentado contra la vida de una persona, cometido por medio de sustancias que puedan producir la muerte con más o menos prontitud, se califica envenenamiento, sea cual fuere la manera de administrar o emplear esas sustancias, y cualesquiera que sean sus consecuencias 

 

 Art. 302.- Se castigará con la pena de treinta años de trabajos públicos a los culpables de asesinato, parricidio, infanticidio y envenenamiento. 

 

 Art 303.- Constituye  tortura o acto de barbarie, todo acto realizado con método de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquiera otro fin que cause a las personas daños o sufrimientos físicos o mentales. Constituye igualmente tortura o acto de barbarie  la aplicación de sustancias o métodos tendente a anular la personalidad o la voluntad de las personas o a disminuir su capacidad física o mental, aún cuando ellos no causen dolor físico o sufrimiento síquico.

 

 Art. 303-1.- El hecho de someter a una persona a torturas o actos de barbarie se castiga con reclusión de diez a quince años.

 

 Art. 303-2.- Toda agresión sexual, precedida o acompañada de actos de tortura o barbarie, se castiga con reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos.

 

 Art 303-3.- Se castigan con la pena de quince a veinte años de reclusión los actos de barbarie o tortura que preceden, acompañan o siguen a un crimen que no constituye violación.

 

 Art. 303-4.- Se castigan con la pena de treinta años de reclusión las torturas o actos de barbarie, cuando en ellos ocurren una o más de las circunstancias que se enumeran a continuación:

 

 1.- Cuando son cometidas contra niños, niñas o adolescentes, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 126 a 129 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;

 

 2.- Cuando son cometidas contra una persona (hombre o mujer) cuya vulnerabilidad, debida a su edad, a una enfermedad, a una invalidez, a una deficiencia o discapacidad física o síquica, o a un estado de gravidez, es aparente o conocido de su autor;

 

 3.- Cuando preceden, acompañan o siguen una violación;

 

 4 .- Cuando son cometidas contra un ascendiente legítimo, natural o adoptivo;

 

 5.-  Cuando son cometidas contra un magistrado(a), un abogado(a), un(una) oficial o ministerial público o contra cualquier persona (hombre o mujer) depositaria de la autoridad pública o encargado(a) de una misión de servicio público, en el ejercicio, o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión, cuando la calidad de la víctima era aparente o conocida del autor;

 

 6.- Contra  un(una) testigo, una víctima o una parte civil, sea para impedirle denunciar los hechos, interponer querella o de deponer en justicia, sea en razón de su denuncia, de su querella, de su deposición;

 

 7.- Por el cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente o la pareja consensual de la víctima, sin perjuicio de otras sanciones civiles y penales previstas en el Código Civil o en el presente Código;

 

 8.- Por una persona (hombre o mujer) depositaria de la autoridad pública o encargada de una misión de servicio público en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión;

 

 9.- Por varias personas actuando en calidad de autor o de cómplice;

 

 10.- Con premeditación y asechanza;

 

 11.- Con uso de arma o amenaza de usarla.

 

 Art. 304- El homicidio se castigará con la pena de treinta años de trabajos públicos, cuando su comisión preceda, acompañe o siga otro crimen. Igual pena se impondrá cuando haya tenido por objeto preparar, facilitar o ejecutar un delito, o favorecer la fuga de los autores o cómplices de ese delito, o asegurar su impunidad. 

 

 Párrafo I.- El atentado contra la vida o contra la persona del Presidente de la República, así como la tentativa y la trama para cometerlo, se castigará con la pena de treinta años de trabajos públicos.  Del mismo modo será castigada la complicidad. Si ha habido proposición hecha y no aceptada de formar una trama para consumar el atentado, aquél que hubiere hecho la proposición será castigado con la pena de veinte a treinta años de trabajos públicos. El artículo 463 de este Código no tiene aplicación a los crímenes previstos en este párrafo; y sí son aplicables a éstos las disposiciones de los artículos 107 y 108. 

 

 Párrafo II.- En cualquier otro caso, el culpable de homicidio será castigado con la pena de trabajos públicos.

 

 PÁRRAFO II  Amenazas.

 

 Art. 305.- La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesinar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de trabajos públicos, o trabajos públicos, siempre que a dicha amenaza acompañe la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición  cualquiera. Al culpable se le podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.

 

 Art. 306.- Cuando la amenaza no se acompañare de la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar, o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de uno a dos años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía. 

 

 Art. 307.- Siempre que la amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía. 

 

 Art. 308.- La amenaza, por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no previstas por el Artículo 305, si la amenaza hubiere sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinte pesos, o a una de las dos solamente. 

 

 SECCIÓN 2A.

 De las heridas  y golpes voluntarios no calificados homicidios. De las violencias y de otros crímenes y delitos voluntarios

 

 Art 309.- El que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultare al agraviado(a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado(a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenársele a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, durante un año a lo menos, y cinco a lo más. Cuando las violencias arriba expresadas hayan producido mutilación, amputación o privación del uso de un miembro, pérdida de la vista, de un ojo, u otras discapacidades, se impondrá al culpable la pena de reclusión. Si las heridas o los golpes inferidos voluntariamente han ocasionado la muerte del agraviado(a), la pena será de reclusión, aún cuando la intención del agresor(a) no haya sido causar la muerte de aquél.

 

 Art. 309-1.- Constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, en razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución.

 

 Art. 309 2.- Constituye violencia doméstica o intrafamiliar  todo patrón de conducta mediante el empleo de la fuerza física, o violencia sicológica, verbal, intimidación o persecución, contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia, contra el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o exconviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija para causarle daño físico o sicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado por el padre, la madre, el tutor, guardián, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual o persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la familia.

 

 Los culpables de los delitos previstos en los dos artículos que preceden serán castigados con la pena de un año de prisión, por lo menos, y cinco a lo más, y multa de quinientos a cinco mil pesos y la restitución de los bienes destruidos, dañados y ocultados, si fuere el caso.

 

 Art. 309-3.- Se castigarán con la pena de cinco a diez años de reclusión a los que sean culpables de violencia, cuando concurran uno o varios de los hechos siguientes:

 

a)  Penetración en la casa o en el lugar en que se encuentre albergado el cónyuge, excónyuge, conviviente o ex-conviviente, o pareja consensual, y cometiere allí los hechos constitutivos de violencia, cuando éstos se encuentren separados o se hubiere dictado orden de protección, disponiendo el desalojo de la residencia del cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual;

 

b)  Cuando se causare grave daño corporal a la persona;

 

c)  Cuando el agresor portare arma en circunstancias tales que no conlleven la intención de matar o mutilar;

 

d)  Cuando la violencia se ejerciere en presencia de niños, niñas y adolescentes, todo ello independientemente de lo dispuesto por los Artículos 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;

 

e)  Cuando se acompañen de amenazas de muerte o destrucción de bienes;

 

f)   Cuando se restrinja la libertad por cualquier causa que fuere;

 

g)  Cuando se cometiere la violación después de haberse dictado orden de protección a favor de la víctima;

 

h)  Si se indujese, incitare u obligare a la persona, hombre o mujer, a intoxicarse con bebidas alcohólicas o embriagantes, o drogarse con sustancias controladas o con cualquier medio o sustancia que altere la voluntad de las personas.

 

 Art. 309-4.- En todos los casos previstos en los artículos precedentes, el tribunal dictará orden de  protección a favor de la víctima de violencia, no pudiendo, en ningún caso, acogerse a circunstancias atenuantes en provecho del agresor. El tribunal condenará además, en estos casos, al agresor a la restitución de los bienes destruidos, dañados u ocultados.

 

 Art. 309-5.- En todos los casos previstos en el presente título, el tribunal impondrá accesoriamente a los infractores, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso no menor de seis(6) meses en una institución pública o privada.  El cumplimiento de esta pena y sus resultados serán controlados por el tribunal.

 

 Art.  309-6.- La orden de protección que se establece en el Artículo 309-4 es una disposición previa a la instrucción y juicio que dicta el tribunal de primera instancia, que contiene una o todas las sanciones siguientes:

 

a)  Orden de abstenerse de molestar, intimidar o amenazar al cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual o de interferir en la guarda o custodia provisional o definitiva acordada en virtud de la ley o de una orden judicial;

 

b)  Orden de desalojo del agresor de la residencia del cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensusal;

 

c)  Interdicción del acceso a la residencia del cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, exconviviente o pareja consensual;

 

d)  Interdicción de acercamiento a los lugares frecuentados por el cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente o pareja consensual;

 

e)  Prohibición a la víctima de trasladar u ocultar los hijos comunes;

 

f)   Orden de internamiento de la víctima en lugares de acogida o refugio a cargo de organismos públicos o privados;

 

g)  Orden de suministrar servicios, atención a la salud y de orientación para toda la familia a cargo de organismos públicos o privados;

 

h)  Orden de presentar informes de carácter financiero sobre la gestión de los bienes comunes de la empresa, negocio, comercio o actividad lucrativa común;

 

i)   Interdicción de enajenar, disponer, ocultar o trasladar bienes propios de la  víctima o bienes comunes;

 

j)   Orden de reponer los bienes destruidos u ocultados;

 

k)  Orden de medidas conservatorias respecto de la posesión de los bienes comunes y del ajuar de la casa donde se aloja la familia;

 

 I) Orden de indemnizar a la víctima de la violencia, sin perjuicio de las acciones civiles que fueren de lugar, por los gastos legales, tratamiento médico, consejos siquiátricos y orientación profesional, alojamiento y otros gastos similares.

 

 Art. 309-7.- El tribunal que conoce y juzga la infracción ratificará la orden de protección, disminuyendo o aumentando, según el caso, su contenido, como pena accesoria. El cumplimiento de la orden de protección será controlado por el tribunal.

 

 Art. 310.- Si en el hecho concurren las circunstancias de premeditación o acechanza(sic), la pena será de diez a veinte años de trabajos públicos, cuando se siga la muerte del ofendido; y si esta no resultare, se impondrá al culpable la de tres a diez años de trabajos públicos. 

  

 Art. 311.- Cuando una persona agraviada en la forma que se expresa en el artículo 309, resultare enferma o imposibilitada para dedicarse a su trabajo personal, durante no menos de diez días ni más de veinte, a consecuencia de los golpes, heridas, violencias o vías de hecho, el culpable sufrirá la pena de prisión correccional de sesenta días a un año y multa de seis a cien pesos.

 

 Párrafo I.- Si la enfermedad o imposibilidad durare menos de diez días o si las heridas, golpes, violencias o vías de hecho no hubieren causado ninguna enfermedad o incapacidad para el trabajo al ofendido, la pena será de seis a sesenta días de prisión correccional y multa de cinco a sesenta pesos o una de estas dos penas solamente.

 

 Párrafo II.- Si concurriere la circunstancia de la premeditación o de la acechanza(sic) en los hechos enunciados, la pena será de seis meses a dos años de prisión correconal(sic) y la multa de diez a doscientos pesos. 

 

 Párrafo III.- Las circunstancias atenuantes del artículo 463 del Código Penal, son aplicables a los casos previstos en este artículo.

 

 Art. 312.- Si los golpes o las heridas de que tratan los tres artículos anteriores, han sido inferidos por el agresor a sus padres legítimos, naturales o adoptivos, o a sus ascendientes legítimos, se le impondrán las penas siguientes: si el delito cometido trae la pena de prisión y multa, el culpable sufrirá la de reclusión; si trae señalada la de reclusión, el delincuente será condenado a la detención, y si la pena que pronuncie la ley es la de detención, el culpable sufrirá la de los trabajos públicos.   

 

 Art. 313.-  Cuando los crímenes y delitos de que tratan esta y la anterior sección, se cometan en reuniones sediciosas con rebelión o pillaje, se imputarán aquellos a los jefes, autores, instigadores y provocadores de dichas reuniones, rebeliones o pillajes, y considerándolos culpables de los crímenes o delitos mencionados, serán condenados a las mismas penas que se impongan a los que personalmente las hubieren cometido. 

 

 Art. 314.- El que fabrique o venda estoques, verduguillos o cualquiera clase de armas prohibidas por la ley o por los reglamentos de administración pública, será castigado con prisión de seis días a seis meses. El portador de esas armas, será castigado con multa de diez y seis a cien pesos. En ambos casos se ocuparán o confiscarán las armas, sin perjuicio de penas más graves, si resultaren cómplices de los delitos que se hubieren cometido con dichas armas.

 

 Art. 315.- Las penas que pronuncian los artículos anteriores se impondrán sin perjuicio de que los tribunales decreten la sujeción del culpable a la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo más. 

 

 Art. 316.- Los culpables del crimen de castración, sufrirán la pena de trabajos públicos. Si dentro de los cuarenta días del delito sobreviniere la muerte del ofendido, el culpable sufrirá la pena de treinta años de trabajos públicos.

  

 Art. 317.- El que por medio de alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o cooperare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión.  La misma pena se impondrá a la mujer que causare un aborto o que consintiere en hacer uso de las substancias que con ese objeto se le indiquen o administren o en someterse a los medios abortivos, siempre que  el aborto se haya efectuado.  Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años a las personas que hayan puesto en relación o comunicación una mujer embarazada con otra persona para que le produzca el aborto, siempre que el aborto se haya  efectuado, aun cuando no hayan cooperado directamente el aborto.  Los médicos, cirujanos, parteras, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales médicos, que, abusando de su profesión, causaren el aborto o cooperaren a él, incurrirán en la pena de cinco a veinte años de trabajos públicos, si el aborto se efectuare.

 

 El que causare a otro una enfermedad o imposibilidad de trabajo personal, administrándole voluntariamente, o de cualquier otra manera, substancias nocivas a la  salud, aun cuando por su naturaleza no sea de aquellas que ocasionan la muerte, será castigado con prisión de un mes a dos años y multa de diez y seis a cien pesos. Si la enfermedad o imposibilidad de trabajar personalmente ha durado más de veinte  días la pena será la de reclusión.  Si los delitos de que tratan los dos párrafos anteriores se han cometido en la persona de uno de los ascendientes del culpable, la pena en el primer caso será la de reclusión, y en el segundo caso la de trabajos  públicos.

 

 En todos los casos de este artículo, los reos de los delitos podrán ser condenados, además de la pena principal, a la accesoria de sujeción a la vigilancia de la alta policía por cinco años, sin perjuicio de las indemnizaciones  que puedan resultar en favor de los agraviados.

 

 Art. 318.- Los que expendieren o despacharen bebidas falsificadas que contengan mixtiones nocivas a la salud, serán condenados a prisión correccional de seis días a un año, y multa de cinco a veinte y cinco pesos. Las bebidas falsificadas que se encuentren y que pertenezcan al vendedor, serán ocupadas y confiscadas.

 

 Sección 3a.

 Homicidios, heridas y golpes involuntarios crímenes y delitos  excusables, y casos en que no pueden serlo; homicidio, heridas  y golpes que no se reputan crimen ni delito.

 

 Párrafo   I

 Homicidio, heridas y golpes voluntarios.

 

 Art. 319.- El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos. 

 

 Art. 320.- Si la imprudencia o la falta de precaución no han causado sino golpes o heridas, la prisión será de seis días a dos meses, y la multa, de diez a cincuenta pesos, o a una de estos dos penas solamente. 

 

 Cuando en el caso previsto en el artículo 320 del Código Penal, las heridas o los golpes involuntarios, sólo ocasionen una enfermedad o incapacidad para el trabajo que duren menos de diez días, o no ocasionen ninguna enfermedad o incapacidad, las penas que en dicho Artículo se pronuncian se reducirán a la mitad y serán aplicadas por los Jueces de Paz.

 

 Párrafo II

 Crímenes y delitos excusables, y casos en que no pueden ser excusados.

 

 Art. 321.- El homicidio, las heridas y los golpes son excusables, si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves. 

 

 Art. 322.- También son excusables los delitos de que trata el artículo anterior, cuando se cometan repeliendo durante el día escalamientos o rompimientos de paredes, cercados, o fracturas de puertas y otras entradas de casas habitadas, o de sus viviendas o dependencias. Si el hecho se cometiere de noche, se regulará el caso por el artículo 329. 

 

 Art. 323.-  El parricidio nunca es excusable. 

 

 Art. 324.-  (Derogado).

 

 Art. 325.-Se considerará homicidio o herida excusable, el crimen de castración, cuando haya sido inmediatamente provocado por ultraje violento hecho a la honestidad. 

 

 Art. 326.- Cuando se pruebe la circunstancia de excusa, las penas se reducirán del modo siguiente: si se trata de un crimen que amerite pena de treinta años de trabajos públicos o de trabajos públicos, la pena será la de prisión correccional de seis meses a dos años. Si se trata de cualquiera otro crimen, la pena será la de prisión de tres meses a un año. En tales casos, los culpables quedarán por la misma sentencia de condenación, sujetos a la vigilancia de la alta policía durante un tiempo igual al de la condena. Si la acción se califica (sic) delito, la pena se reducirá a prisión correccional de seis días a tres meses.

  

 Párrafo III

 Homicidio, heridas y golpes que no se califican crimen ni delito.

 

 Art. 327.-  (Derogado).

 

 Art. 328.- No hay crimen ni delito, cuando el homicidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo o de otro. 

 

 Art. 329.- Se reputa necesidad actual de legítima defensa, los casos siguientes: 1o. cuando se comete homicidio o se infieren heridas, o se den golpes rechazando de noche el escalamiento o rompimiento de casas, paredes o cercas, o la fractura de puertas o entradas de lugares habitados, sus viviendas o dependencias; 2o. cuando el hecho se ejecuta en defensa de agresión de los autores del robo o pillaje cometidos con violencia.

 

 Sección 4a.-

 Los atentados a la integridad física osíquica de las personas.

 

 Párrafo I.- 

 Las agresiones sexuales

 

 Art. 330.- Constituye una agresión sexual toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño.

 

 Art. 331.- Constituye una violación  todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona mediante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa.

 

 La violación será castigada con la pena de diez a  quince años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos.

 

 Sin embargo, la violación será castigada  con reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando haya sido cometida en perjuicio de una persona particularmente vulnerable en razón de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental.

 

 Será igualmente castigada con la pena de reclusión de diez a veinte años y multa de cien mil a doscientos mil pesos cuando sea cometida contra un niño, niña o adolescente, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, sea por una persona que tiene autoridad sobre ella, o por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones, todo ello independientemente de lo previsto en los Artículos 121, 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 Art. 332.-  Con igual pena se sancionará a la persona que incurra en una actividad sexual no consentida en una relación de pareja, en cualquiera de los casos siguientes: a) Mediante el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza; b) Si se ha anulado sin su consentimiento su capacidad de resistencia por cualesquier medio; c) Cuando por enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanente, la persona víctima estuviere imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización; d) Cuando se obligare o indujere con violencia física o sicológica a su pareja a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas.

 

 Art 332-1.- Constituye incesto todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado.

 

 Art. 332-2.- La infracción definida en el artículo precedente se castiga con el máximo de la reclusión, sin que pueda acogerse en favor de los prevenidos de ella circunstancias atenuantes.

 

 Art. 332-3.- La tentativa de la infracción definida en el artículo 332-1 se castiga como el hecho consumado.

 

 Art. 332-4.- Quedan excluidos del beneficio de la Libertad Provisional Bajo Fianza los prevenidos de la infracción definida en el Artículo 332-1.

 

 Art. 333.- Toda agresión sexual que no constituye una violación, se castiga con prisión de cinco años y multa de cincuenta mil pesos.

 

 Sin embargo, la agresión sexual definida en el párrafo anterior se castiga con reclusión de diez años y multa de cien mil pesos, cuando es cometida o intentada contra una persona particularmente vulnerable en razón de: a) Una enfermedad, una discapacidad, una deficiencia física o estado de gravidez; b) Con amenaza de uso de arma; c) Por un ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima; d) Por una persona que tiene autoridad sobre ella; e) Por dos o más autores o cómplices; f) Por una persona que ha abusado de la autoridad que le confieren sus funciones; g) Cuando ha ocasionado heridas o lesiones.

 

 Párrafo II.- 

 Otras Agresiones sexuales

 

 Art. 333-1.- La exhibición de todo acto sexual, así como la exposición de los órganos genitales realizada a la vista de cualquier persona en un lugar público se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de cinco mil pesos.

 

 Art 333-2.- Constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que les confieren sus funciones.

 

 El acoso sexual se castiga con un año de prisión y multa de cinco mil a diez (sic) pesos.

 

 El acoso sexual en los lugares de trabajo da lugar a dimisión justificada de conformidad con las previsiones de los Artículos 96 y siguientes del Código de Trabajo, sin perjuicio de otras acciones que pueda intentar la víctima.

 

 Art. 334.- Será considerado proxeneta aquél o aquélla:

 

 1o. Que de cualquier manera ayude, asista, o encubra personas, hombres o mujeres con miras a la prostitución o al reclutamiento de personas con miras a la explotación sexual;

 

 2o. El o la que del ejercicio de esa práctica reciba beneficios de la prostitución;

 

 3o. El que relacionado con la prostitución no pueda justificar los recursos correspondientes a su tren de vida;

 

 4o. El o la que consienta a la prostitución de su pareja y obtenga beneficios de ello;

 

 5o. Que contrata, entrena o mantiene, aún con su consentimiento, una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad con miras a la prostitución, la entrega a la prostitución, o al desenfreno y relajación de las costumbres;

 

 6o. Que hace oficio de intermediario, a cualquier título, entre las personas (hombres o mujeres) que se dedican a la prostitución o al relajamiento de las costumbres o los individuos que explotan o remuneran la prostitución y el relajamiento de las costumbres de otro;

 

 7o. Que por amenazas, presión o maniobras, o por cualquier medio, perturba la acción de prevención, asistencia o reeducación emprendida por los organismos calificados en favor de las personas (hombres o mujeres) que se dedican a la prostitución o está en riesgo de prostitución.

 

 El proxenetismo se castiga con prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta mil a quinientos mil pesos.

 

 La tentativa de las infracciones previstas en el presente artículo se castigará con la misma pena que el hecho consumado.

 

 Art. 334-1.- La pena será de reclusión de dos a diez años y multa de cien mil a un millón de pesos en los casos siguientes:

 

 1o. Cuando la infracción ha sido cometida respecto de un niño, niña o adolescente de cualquier sexo, sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 126 a 129, 187 a 191 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes;

 

 2o. Cuando la infracción ha estado acompañada de amenaza, violencia, vía de hecho, abuso de autoridad o dolo;

 

 3o. Cuando el autor de la infracción era portador de un arma aparente u oculta;

 

 4o. Cuando el autor de la infracción sea el esposo, esposa, conviviente, padre o madre de la víctima o pertenezca a una de las categorías establecidas en el Artículo 303-4;

 

 5o. Cuando el autor está investido de autoridad pública o cuando, en razón de su investidura, está llamado a participar, por la naturaleza de sus funciones, en la lucha contra la prostitución, la protección de la salud o al mantenimiento del orden público;

 

 6o. Cuando la infracción ha sido cometida respecto de varias personas;

 

 7o. Cuando las víctimas de la infracción han sido entregadas o incitadas a dedicarse a la prostitución fuera del territorio nacional;

 

 8o. Cuando las víctimas de la infracción han sido entregadas o incitadas a dedicarse a la  prostitución a su llegada al extranjero o en un plazo próximo a su llegada al extranjero;

 

 9o. Cuando la infracción ha sido cometida por varios autores, coautores o cómplices.

 

 Las penas previstas en el Artículo 334 y en el presente artículo serán pronunciadas aún cuando los diversos actos que son los elementos constitutivos de la infracción hayan sido realizados en diferentes países.

 

 La tentativa de estos hechos se castigará con las mismas penas que el hecho consumado.

 

 En ninguno de los casos previstos en el Párrafo I de las Agresiones Sexuales podrán acogerse circunstancias atenuantes en provecho del agresor o la agresora.

 

 Párrafo III.-

 Atentados contra la personalidad y la  dignidad de la persona.

 

 Art. 335.- Los reos del delito mencionado en el artículo anterior, quedarán inhabilitados para ejercer los cargos de tutor o curador, y para formar parte de los consejos de familia, durante un año a lo menos y tres a lo más, si el culpable estuviere comprendido en el primer párrafo de este artículo; y si lo estuviere en el segundo, la inhabilitación durará de uno a cinco años. Además de las penas que este artículo impone a los que se hagan reos de delitos contra la honestidad, si el culpable fuere ascendiente en primer grado, legítimo o natural del ofendido, quedará privado de los derechos y beneficios que el Código Civil concede a los padres en el tratado de la patria potestad, sobre la persona y bienes de sus hijos. En todos los casos de que tratan las disposiciones anteriores, los culpables quedarán sujetos por la sentencia de condenación, a la vigilancia especial de la alta policía, por un tiempo igual al de la condena, o al de la inhabilitación que se decrete.

 

 Art. 336.- Constituye una discriminación toda distinción realizada entre personas físicas en razón de su origen, edad, de su sexo, de su situación de familia, de su estado de salud, de sus discapacidades, de sus costumbres, de sus opiniones políticas, de sus actividades sindicales, su ocupación, de su pertenencia o de su no pertenencia, verdadera o supuesta, a una etnia, una nación, una raza o una religión determinada

 

 Constituye igualmente una discriminación toda distinción realizada entre las personas morales en razón del origen, de  su edad, del sexo, la situación de familiar, el estado de salud, discapacidades, las costumbres, las opiniones políticas, las actividades sindicales, la ocupación, la pertenencia o no pertenencia, verdadera o supuesta a una etnia, una nación, una raza o una religión determinada de los miembros o de alguno de los miembros de la persona moral.

 

 Art. 336-1.- La discriminación definida en el artículo precedente cometida respecto de una persona física o moral se castiga con prisión de dos años y cincuenta mil pesos de multa, cuando ella consiste en:

 

 1.- Rehusar el suministro de un bien o un servicio;

 

 2.- Trabar el ejercicio normal de una actividad económica cualquiera;

 

 3.- Rehusar contratar, sancionar o despedir una persona;

 

 4.- Subordinar el suministro de un bien o de un servicio a una condición fundada sobre uno de los elementos previstos en el artículo precedente;

 

 5.- Subordinar una oferta de empleo a una condición fundada en uno de los elementos previstos en el artículo anterior.

 

 Art. 337.- Se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de veinticinco mil  a cincuenta mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, el o las personas que por medio de cualquiera de los procedimientos siguientes:

 

 1.- Capten, graben o transmitan, sin el consentimiento de su autor, palabras pronunciadas de manera privada o confidencial;

 

 2.- Capten, graben o transmitan, sin su consentimiento, la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado;

 

 Cuando los actos mencionados en el presente artículo han sido realizados con el conocimiento de los interesados, sin que se hayan opuesto a ello, su consentimiento se presume.

 

 Art. 337-1.- Se castiga con la misma pena el hecho de conservar, llevar o dejar llevar a conocimiento del público o de un tercero, o utilizar, de cualquier manera que sea, toda gravación o documento obtenido con ayuda de uno de los actos previstos en el artículo precedente.

 

 Cuando la infracción prevista en el párrafo precedente es cometida por vía de la prensa escrita o audiovisual, se aplican las disposiciones particulares de la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, del año 1962, en cuanto concierne la determinación de las personas responsables.

 

 Art 338.- Se castiga con prisión de uno a dos años y de cincuenta mil a cien mil pesos de multa, el hecho de publicar, por cualquier vía que sea, el montaje realizado con las palabras o la imagen de una persona sin su conocimiento si no resulta evidente que se trata de un montaje o si no se hace mención expresa de ello.

 

 Cuando la infracción prevista en este artículo es cometida por vía de la prensa escrita o audiovisual, se aplican las disposiciones particulares de la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, del año 1962, en lo que respecta a la determinación de las personas responsables.

 

 Art.  338-1.-  Se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de diez mil a veinte mil pesos, el o la persona que por teléfono, identificado o no, perturbe la paz de las personas con amenazas, intervenciones obscenas, injuriosas,  difamatorias o mentirosas contra el receptor de la llamada o cualquier miembro de la familia.

 

 Art. 339.- (Derogado)

 

 Art. 340.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sin hallarse disuelto el anterior, será castigado con la pena de reclusión. El Oficial del Estado Civil que, a sabiendas, prestare su ministerio para la celebración de dicho matrimonio, incurrirá en la misma pena que se imponga al culpable. 

 

 Sección 5a. 

 Detención y encierros ilegales.

 

 Art. 341.- Son reos de encierros y detenciones ilegales, y como tales, sujetos a la pena de reclusión: 1o. los que sin orden de autoridad constituida y fuera de los casos que la ley permita que se aprehenda a los inculpados, arrestaren, detuvieren o encerraren a una o más personas; 2o. los que proporcionaren el lugar para que se efectúe la detención o el encierro; 3o. los que de cualquier modo ayudaren a llevar a cabo la detención o el encierro. 

 

 Art. 342.- Si la detención o el encierro ha durado más de un mes, se impondrá a los culpables la pena de detención. 

 

 Art. 343.- La pena se reducirá a la de prisión correccional de seis meses a dos años, si los culpables de los delitos mencionados en el artículo 341, pusieren en libertad a la persona arrestada o encerrada, antes de que se les persiga por ese hecho y antes de  los diez días de la detención o encierro; quedarán, sin embargo, sujetos a la vigilancia de la alta policía. 

 

 Art. 344.- Si la detención se ejecutase valiéndose los autores de traje o uniforme falso, o de nombre supuesto, o de orden falsa de la autoridad pública, o si el detenido o encerrado ha sido amenazado con la muerte, se impondrá a los culpables la pena de  trabajos públicos. Si las personas detenidas o encerradas han sufrido torturas corporales, se impondrá a los autores el máximo de la pena de trabajos públicos.

 

 Sección 6a

 Atentados a los niños, niñas y adolescentes: Secuestros, traslados, ocultación y abandono de niños, niñas y adolescentes. Abandono de familia. Atentados al ejercicio de la autoridad del padre y de la madre. Atentados a la filiación. Infracción a las leyes sobre las inhumaciones.

 

 Párrafo I.-

 De los atentados a niños, niñas y adolescentes. Atentados a la filiación

 

 Art. 345.- Los culpables de sustracción, ocultación o supresión de niños y niñas, los que sustituyan un niño o niña con otro, y los que supongan el nacimiento de un niño o niña en una mujer que no le hubiere dado a luz, serán castigados con pena de cinco a diez años de reclusión y multa de quinientos a cinco mil pesos. Si se probare que el niño o niña no estaba vivo, la pena será de seis meses a un año de prisión.

 

 Se impondrá la pena de prisión correccional a los que, teniendo a su cargo la crianza de un niño, niña o adolescente, no lo presentaren a las personas que tengan derecho para reclarmarlo(a).

 

 Todo sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 194 a 196; 211 a 223 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 Art. 346.- Los médicos, cirujanos, comadronas y parteras que, en su calidad de tales, asistan a un parto deberán, dentro de los nueve días que sigan al alumbramiento, hacer su declaración ante el Oficial del Estado Civil, so pena de ser castigado con una multa de quinientos a cinco mil pesos.

 

 Todo sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 4 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

 Párrafo II.-

 Abandono y maltrato de niños, niñas y  adolescentes.

 

 Art. 347.- El que hallare abandonado a un niño o niña recién nacido, y no lo entregare al Oficial del Estado Civil o a la autoridad rural competente, si el hecho resultare en los campos, sufrirá la pena de prisión correccional de dos meses a un año, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que consienten en encargarse del niño hallado; pero será siempre obligatorio para ellas, presentarlo a la autoridad competente, y prestar su declaración sobre las circunstancias relativas al niño o niña.

 

 Art. 348.- Los que teniendo a su cargo la crianza o el cuidado de un niño o niña menor de siete años, lo llevaren a una institución pública o privada dedicada al cuidado de niños y niñas, con fines de abandono, serán castigados con prisión de dos meses a un año, y multa de quinientos a cinco mil pesos. Sin embargo, no se impondrá pena alguna a los que no estaban o no se hubieren obligado a proveer gratuitamente los gastos del niño, y si ninguna persona los hubiere provisto.

 

 Art. 349.- El simple abandono en un lugar solitario, de un niño o niña menor de siete años, se castigará, por el delito de abandono, con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a cinco mil pesos, aplicables: 1o. A los que hubieren ordenado o dispuesto el abandono, si se efectuare; y 2o. A los que lo hubieren ejecutado.

 

 Art. 350.- Las penas de prisión y multa que señala el artículo anterior se aumentarán, la primera de seis meses a cinco años, y la segunda desde mil a veinte mil pesos respecto de los tutores, maestros o profesores que ordenaren el abandono del niño o niña, o se hagan reos de dicho abandono.

 

 Art. 351.- Si por la circunstancia del abandono que tratan los artículos anteriores, quedare el niño o niña mutilado o lisiado, o si Ie sobreviene la muerte, los culpables serán castigados, en el caso de mutilación, como reos del delito de heridas inferidas voluntariamente con prisión de dos a cinco años y multa de diez mil a  veinticinco mil pesos; y en el caso de muerte del niño o niña, serán reputados reos de homicidio, con prisión de diez a veinte años y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos.

 

 

 Art. 351-1.-  Serán castigados con penas de seis meses a un año y multa de quinientos a cinco mil pesos:

 

 1o.  Las personas que, con espíritu de lucro, hubieran incitado a los padres, o a uno de ellos a abandonar su niño o niña, nacido o por nacer.

 

 2o.  A toda persona que hubiera hecho suscribir, o intentado hacer suscribir por los futuros padres o madres,  o por uno de ellos, un acto en los términos del cual se comprometen a abandonar el niño o niña por nacer, o hubiera conservado dicho acto, con el propósito de hacer uso o intentado hacer uso de  él.

 

 3o. Cualquier persona que, con espíritu de lucro hubiera aportado o intentado aportar su mediación para hacer recoger o adoptar un niño o niña.

 

 Art. 351-2.- Se considerarán culpables de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, y sancionados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de quinientos a cinco mil pesos, el padre o la madre o las personas que tienen a su cargo a cualquier niño, niña o adolescente que no le presten atención, afecto, vigilancia o corrección suficientes, o permitan o inciten a éstos a la ejecución de actos perjudiciales para su salud síquica o moral.

 

 El padre, la madre o las personas que tienen a su cargo cualquier niño, niña o adolescente que, por acción u omisión y de manera intencional, causen a niños, niñas, o adolescentes daño físico, mental o emocional; cuando se cometa o se permita que otros cometan abuso sexual; cuando se utilice o se permita que se utilicen niños, niñas o adolescentes en la práctica de mendicidad, de la pornografía o de la prostitución; cuando se emplean niños, niñas y adolescentes en trabajos prohibidos o contrarios a la moral o que ponga en peligro su vida, su salud o su integridad física; cuando no se les suministre alimentos, ropas, habitación, educación o cuidados en su salud; cuando existan medios económicos para hacerlo o cuando por negligencia no se disponga de los medios adecuados.

 

 Art. 352.- Cuando el abandono de que tratan los artículos anteriores se verifique en lugares que no sean solitarios o desiertos, se impondrá a los culpables que lo hubieren efectuado, las penas de prisión correccional de dos a seis meses, y multa de quinientos a dos mil pesos.

 

 Todo, sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 22 a 26; 119, 120, 121, 126 a 129, 177 a 183 y 188 al 196 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 Art.  353.- La pena señalada en el artículo anterior, se aumentará de seis meses a cinco años y de mil a veinte mil pesos, si los culpables fueren tutores, profesores u otras personas encargadas de la dirección, crianza o cuidado del niño, niña y adolescente.

 

 Párrafo III.-

 Secuestro, traslado y ocultamiento de  niños y niñas y adolescentes.

 

 Art. 354.- La pena de reclusión se impondrá al que con engaño, violencia o intimación robare, sustrajere o arrebatare uno o más menores, haciéndoles abandonar la vivienda o domicilio de aquellos bajo cuya autoridad o dirección se hallaban.

 

 Incurrirán en las penas de prisión dos a cinco años y multa de quinientos a cinco mil pesos, los individuos que,  valiéndose de los medios anteriormente señalados, o de cualesquiera otros, y sean cuales fueren los propósitos que alentaren, las calidades que  ostenten o hicieren valer en jusiticia  (grado de parentesco, invocado o legalmente comprobado) y el sexo al cual pertenezcan, desplacen, arrebaten, sustraigan, oculten o trasladen el o los niños, niñas o adolescentes de cualquier sexo, a otros lugares distintos a aquéllos en los cuales permanecían bajo la guarda, la protección y el cuidado de la persona a quien le corresponda o a quien Ie hayan sido atribuidos por sentencia definitiva del tribunal competente, o de autoridad creada el efecto, de conformidad con los artículos del 211 al 229; 251 al 254; 255 al 263; 265; 320 al  323 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes(Ley 14-94), sin perjuicio de lo que dispone la  Ley 583 del 26 de junio de 1970, sobre Secuestro.

 

 Será aplicable la pena de cinco a diez años de prisión correccional y multa de cinco a diez mil pesos a las personas que sustrajeren o robaren  a un niño, niña o adolescente, para responder al pago o de un rescate o a la ejecución de una orden o de una condición.

 

 Se considera circunstancia agravante para el agente sometido a la acción de la justicia, la no devolución del niño, niña o adolescente o de los niños, niñas o adolescentes arrebatados, sustraídos, trasladados, desplazados, u  ocultados, después que el representante del Ministerio Público le haya concedido un plazo de veinte y cuatro horas para esos fines y el agente no obtempere(sic) a dicho requerimiento.

 

 También se considera circunstancia que agrava la aplicación de la pena, la de que el niño, niña o adolescente o niños, niñas o adolescentes desplazados, arrebatados, sustraídos, ocultados o trasladados estén sufriendo o hayan sufrido notorios perjuicios morales o materiales con la actuación del agente o a consecuencia  de la misma, al poner o depositar en manos de otra u otras personas extrañas a el niño, niña o adolescente o niños, niñas o adolescentes desplazados.

 

 Cuando existan las circunstancias agravantes mencionados anteriormente, se impondrá siempre al culpable el máximo de las penas.

 

 Art. 355.- Todo individuo que extrajere de la casa paterna o de sus mayores, tutores o cuidadores a una joven menor de dieciocho años, por cualquier otro medio que no sea los enunciados en el artículo anterior, incurrirá en la pena de uno a cinco años de prisión y multa de quinientos a cinco mil pesos.

 

 Art. 356.- En caso de que el seductor se case con la agraviada, éste sólo podrá ser perseguido por la querella de las personas que tienen calidad para demadar la anulación del matrimonio, y ser sólo condenado después que esta anulación hubiere sido pronunciada.

 

 Art. 357.- Cuando el raptor o seductor fuere de igual o menor edad que la joven raptada o seducida, la prisión y multa se reducirán, en cada caso, a la mitad. En caso de que ambos o uno de ellos fuere menor de dieciocho años serán aplicables las disposiciones prevista en los Artículos 266 a 269 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 Art. 357-1.-  Toda persona (hombre o mujer) que traslada su domicilio a otro lugar después del divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio, mientras sus hijos o hijas residen habitualmente con ella, debe notificar todo cambio de su domicilio y todo cambio de residencia a aquellos que pueden ejercer, respecto de los hijos o hijas, un derecho de visita o de alojamiento en virtud de una sentencia o de un convenio judicialmente homologado o una orden judicial.

 

 Si dicha persona (hombre o mujer) se abstiene de hacer esta notificación dentro del mes de ocurrido el traslado, será castigada con prisión de uno a seis meses y multa de quinientos a diez mil pesos.

 

 Todo sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 23 a 26, 115, 116, 117, 126, 173, y 174 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

 Párrafo IV.-

 Atentados al ejercicio de la autoridad del padre y de la madre.

 

 Art. 357-2.- Cuando en virtud de la ley, por una decisión judicial, provisional o definitiva, o una convención judicialmente homologada, se decida que la autoridad será ejercida por el padre o la madre solos, o por los dos padres conjuntamente, o que el menor sea confiado a un  tercero, el padre, la madre o toda persona que presenta a este menor a aquéllos que tienen  el derecho de reclamarlo o que, aún sin fraude o violencia, lo sustraigan o lo desplacen, o lo hagan  sustraer o desplazar de las manos de aquéllos que ejerzan la autoridad o a los cuales se les ha sido confiada o de la casa donde tiene su residencia habitual, o de los lugares donde estos últimos lo hubieren colocado, será castigado con prisión de un mes a un año, y de multa de quinientos a quince mil pesos. Si el culpable ha sido despojado de la autoridad, la prisión podrá ser elevada hasta tres años, todo sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 23 a 26, 115, 116, 117, 173 y 174, del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

 Párrafo V

 Abandono de familia.

 

 Art. 357-3.- Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año y una multa de quinientos a mil pesos:

 

 1o.- El padre o la madre de familia que abandone sin motivo grave, durante más  de dos meses, la residencia familiar, y que se sustraiga de todas o parte de las obligaciones de orden moral o de orden material resultantes de la autoridad del padre y de la madre o de la tutela legal. El plazo de dos meses no podrá ser interrumpido sino por un retorno al hogar que implique la voluntad de reintegrarse definitivamente a la vida familiar.

 

 2o. El cónyuge o conviviente que, sin motivo grave, abandone voluntariamente,  durante más de dos meses, a la cónyuge o conviviente, conociendo su estado de gravidez;

 

 3o. El padre y madre que, descuidando la autoridad, sea o no pronunciada sobre él o ella, compromete gravemente por malos tratos, ejemplos perniciosos, por embriaguez habitual, o por mala conducta notoria, o por una falta de atenciones o por una falta a (sic)de dirección necesaria, sea la salud, sea la seguridad, sea la moralidad de sus hijos, o de uno o varios de estos últimos.

 

 Respecto de las infracciones previstas en los Párrafos 1ro. y 2do. del presente artículo, la persecución comportará inicialmente una intimación comprobada en acta, del o la infractor(a), por un oficial de la Policía Judicial, acordándole un plazo de ocho días para ejecutar sus obligaciones. Si el o la infractor(a) se fuga o si no tiene residencia conocida, la intimación se reemplazará por el envío de una carta certificada al último domicilio conocido, o mediante el uso del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, Artículo 69, Párrafo 7mo.

 

 En los mismos casos, durante el matrimonio, la persecución sólo podrá ser ejercida por la querella del esposo(a) que ha permanecido en el hogar.

 

 Art. 357-4.- Será castigado con prisión de tres meses a un año y de una multa de quinientos a quince mil pesos toda persona (hombre o mujer) que, desobedeciendo, sea una decisión dictada contra ella en virtud del Párrafo 4to. del Artículo 214 del Código Civil, sea de una ordenanza o de una sentencia que lo condene a pagar una pensión alimenticia a su cónyuge, a sus ascendientes, o a sus descendientes, sea de una sentencia habiéndolo condenado a pagar prestaciones o pensiones a un hijo o hija, ha permanecido, intencional o voluntariamente  más de dos meses sin suministrar la totalidad de las prestaciones determinadas por el juez ni pagar el monto integral de la pensión.

 

 Las mismas penas son aplicables a toda persona (hombre o mujer) que, después del divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio, ha permacecido, intencional o voluntariamente, más de dos meses sin pagar enteramente a su cónyuge o a sus hijos, las prestaciones y pensiones de toda naturaleza que les sean adeudadas, en virtud de una sentencia o de una convención judicialmente homologada, o al concubino o concubina o el conviviente o la conviviente que durante más de dos meses ha dejado de pagar las pensiones y prestaciones a sus hijos o hijas, adeudados en virtud de sentencia.

 

 La faIta de pago será presumida voluntaria, salvo prueba contraria.  La insolvencia que resulta de la mala conducta habitual. de la dejadez o de la embriaguez,  no será en ningún caso un motivo de excusa válida para el deudor o deudora.

 

 Toda persona (hombre o mujer) codenado(a) por uno de los delitos previstos en el presente artículo y en el artículo precedente podrá, además, ser privado durante cinco años por lo menos y diez a lo más de la interdicción de los derechos mencionados en el Artículo 42 del Código Penal.

 

 El tribunal competente, para conocer de los delitos previsto(sic) en el presente artículo será el del domicilio o la residencia de la persona que debe recibir la pensión o beneficiarse de los recursos económicos.

 

 Art. 357-5.- Toda persona, hombre o mujer, que traslada su residencia a otro lugar, después del divorcio, separación de cuerpos o anulación de matrimonio, o de la sentencia condenatoria al pago de una pensión, mientras quede obligada en el futuro, respecto de su cónyuge, conviviente o ex conviviente o de sus hijos o hijas, a prestaciones o pensiones de cualquier naturaleza, en virtud de una sentencia o de una convención judicialmente homologada, debe notificar su cambio de domicilio al acreedor o acreedora de estas prestaciones o pensiones, por acto de alguacil.

 

 Si el deudor o la deudora se abstiene de hacer esta notificación en el mes, serán castigados con prisión de uno a seis meses, y multa de quinientos a quince pesos.

 

 Todo,  sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 119, 120 y 121 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

  

 Párrafo VI

 Infracciones a las leyes relativas a las inhumaciones.

 

 Art. 358.- El que, sin autorización previa de autoridad competente, haga inhumar el cadáver de un individuo que hubiere fallecido, será castigado con prisión correccional de seis (sic) a dos meses y multa de cincuenta pesos; sin perjuicio de los procedimientos  que puedan seguirse, por los delitos que en este caso se imputen a los autores de la inhumación. En la misma pena incurrirá el que infringiere las leyes y reglamentos relativos a las inhumaciones festinadas.   

 

 Art. 359.- El que ocultare o encubriere el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencia de golpes o heridas, será castigado con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos; sin perjuicio de penas más graves si  resultare cómplice del delito.  

 

 Art. 360.- El que profanare cadáveres, sepulturas o tumbas, será castigado con prisión correccional de un mes a un año, y multa de diez a cien pesos; sin perjuicio de penas más graves si se hiciere reo de los demás delitos que puedan cometerse en estos casos.  

 

 SECCIÓN 7MA. 

 Falso testimonio, difamación, injuria, revelación de secretos.

 

 PÁRRAFO I

 Falso testimonio.

 

 Art. 361.- 

  1.- Perjurio es la afirmación de un hecho falso, bajo juramento o promesa de decir verdad; sea al declarar por ante algún Tribunal, Juez, funcionario u otra persona competente para  recibir el juramento o la promesa; sea en algún documento suscrito por la persona que haga la declaración, en cualquier procedimiento civil o criminal, en cualquier caso en que la ley exija o admita el juramento o la promesa.  

 

 2.- Son cómplices de perjurio los que por amenazas, promesas, persuasión, inducción, súplicas o dádivas hubieren conseguido que otra persona cometa el perjurio.

 

 3.- El perjurio se comete aún en el caso de que el juramento  o la promesa sean irregulares por vicios de forma.

 

 4.- El perjurio se castigará con las penas y según las distinciones siguientes: 

 

a)            Cuando a consecuencia del perjurio un acusado hubiere sido condenado a  treinta años de trabajos públicos, y la sentencia hubiere sido ejecutada, se impondrá al autor del perjurio el máximum de los trabajos públicos.  

 

b)            Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, siempre que a consecuencia  del perjurio el acusado hubiere sufrido total o parcialmente una pena criminal o correccional, se impondrá la misma pena al autor del perjurio. 

 

c)            Cuando el acusado condenado a consecuencia del perjurio no hubiere sufrido  total ni parcialmente la pena impuesta, se aplicará al autor del perjurio seis meses de prisión correccional o multa no menor de cien pesos ni mayor de mil pesos o ambas penas a la vez.

 

d)            Cualquier otro caso que no sea de los  previstos en los párrafos anteriores se castigará con la multa de cincuenta pesos a diez mil pesos; o prisión correccional de un mes a dos años, o ambas penas a la vez. 

 

e)            Al cómplice o cómplices del perjurio se les impondrá la misma  pena que al autor del perjurio. 

 

 5.- El artículo 463 del Código Penal no es aplicable a los casos de perjurio, ni respecto de los autores ni de los cómplices.

 

 PÁRRAFO II 

 Difamación, Injurias, Revelación de Secretos. 

 

 Art. 367.- Difamación es la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa. Se califica injuria, cualquiera expresión afrentosa, cualquiera invectiva o término de desprecio, que no  encierre la imputación de un hecho preciso. 

 

 Art. 368.- La difamación o injuria pública dirigida contra el Jefe de Estado, se castigará con la pena de tres meses a un año de prisión, y multa de diez a cien pesos y la accesoria durante un tiempo igual al de la condena, de inhabilitación absoluta y especial  de los derechos civiles y políticos de que trata el artículo 42.

 

 Art. 369.- La difamación o la injuria hechas a los Diputados, o Representantes al Congreso, a los Secretarios de Estado, a los Magistrados de la Suprema Corte o de los tribunales de primera instancia, o a los Jefes y Soberanos de las naciones amigas, se  castigará con prisión de uno a seis meses y multa de cincuenta pesos. 

 

 Art. 370.- Se impondrán separada o conjuntamente, las penas de ocho días a tres meses de prisión correccional, y multa de cinco a veinticinco pesos, a los que se hagan reos del delito de difamación contra los depositarios o agentes de la autoridad pública, o  contra los embajadores u otros agentes diplomáticos acreditados en la República. 

 

 Art. 371.-  La difamación contra los particulares se castigará con prisión de seis días a tres meses y multa de cinco a veinticinco pesos. 

 

 Art. 372.- La injuria hecha a una de las personas mencionadas en el artículo 369, se castigará con multa de veinte a cien pesos, y prisión de ocho días a tres meses; y la que se dirija a particulares, se castigará con multa de cinco a cincuenta pesos.   

 

 

 Art. 373.- Para que tengan aplicación las disposiciones anteriores, ha de concurrir la circunstancia de la publicidad de la difamación o de la injuria. La injuria que no tenga el doble carácter de publicidad y de imputación de  un vicio determinado, se castigará con penas de simple policía.

 

 Art. 374.- No se considerarán injuriosos ni difamatorios, ni darán lugar a procedimiento alguno, los discursos que se pronuncien en las Cámaras Legislativas, ni los informes, memorias y demás documentos que se impriman por disposición del Congreso, del Poder  Ejecutivo o del Judicial. Tampoco dará lugar a ninguna acción, la cuenta fiel que de buena fe den los periódicos de las sesiones públicas del Congreso, ni los escritos producidos o los discursos pronunciados ante los tribunales de justicia; sin  embargo, en este último caso pueden los jueces, al conocer del fondo, mandar que se supriman los escritos injuriosos o difamatorios, y aún imponer penas disciplinarias a los abogados que los hubieren  producido. Los hechos extraños a la causa,  podrán dar lugar a la acción pública o a la civil, cuando los tribunales hubieren reservado ese derecho a las partes o a terceros. 

 

 Art. 375.-  La reincidencia de los delitos previstos en esta sección, se castigará con arreglo a lo que dispone al capítulo 4o. del libro 1o. de este Código. 

 

 Art. 376.- Estas disposiciones no coartan a los ciudadanos el derecho que tienen de denunciar ante las autoridades competentes a los funcionarios y empleados públicos por mal desempeño de sus cargos.  

 

 Art. 377.- Los médicos, cirujanos, y demás oficiales de sanidad, los boticarios, las parteras y todas las demás personas que, en razón de su profesión u oficio son depositarias de secretos ajenos y que, fuera de los casos en que la ley les obliga a constituirse  en denunciadores, revelaren esos secretos, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos.

 

 Art. 378.- El que para descubrir secretos de otros, se apoderare de sus papeles o cartas, y divulgare aquellos, será castigado con las penas de tres meses a un año de prisión, y multa de veinticinco a cien pesos. Si no los  divulgare, las penas se reducirán a la mitad. Las penas no son aplicables a los esposos, padres, tutores o quienes hagan sus veces, en cuanto a los papeles o cartas de sus cónyuges o de los menores que se hallen bajo su tutela o dependencia.   

 

 CAPÍTULO II 

 CRÍMENES Y DELITOS  CONTRA LAS PROPIEDADES

 

 SECCIÓN 1RA.

 ROBOS

 

 Art. 379.- El que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo. 

 

 Art. 380.- Las sustracciones entre cónyuges y las que se efectúan por los viudos, respecto de las cosas que pertenecieron al cónyuge difunto, no se considerarán robos, ni darán lugar sino a indemnizaciones civiles. Tampoco se reputarán robos las sustracciones  entre ascendientes y descendientes, y sus afines. Sin embargo, las demás personas que ocultaren o se aprovecharen del todo, o de una parte de los objetos robados, se considerarán reos de hurto.  

 

 Art. 381.- Se castigará con el máximum de la pena de trabajos públicos, a los que sean culpables de robo, cuando en el hecho concurran las cinco circunstancias siguientes: 1o. Cuando el robo se ha cometido de noche; 2o. Cuando lo ha sido por dos o más personas;  3o. Cuando los culpables o algunos de ellos llevaren armas visibles o ocultas; 4o. Cuando se cometa el crimen con rompimiento de pared o techo, o con escalamiento o fractura de puertas o ventanas, o haciendo uso de llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos, para introducirse en casas, viviendas, aposentos y otros lugares habitados o que sirvan de habitación, o sean dependencias de éstas; o introduciéndose en el lugar del robo, a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad,  tomando su título o vistiendo su uniforme, o alegando una falsa orden de la autoridad civil o militar; y 5o. Cuando el crimen se ha cometido con violencia o amenaza de hacer uso de sus armas. 

 

 Art. 382.- La pena de cinco a veinte años de trabajos públicos se impondrá a todo aquel que se haga culpable del crimen de robo, si lo comete ejerciendo violencias. Si la violencia ejercida para cometer el robo ha dejado siquiera señales de contusiones o heridas, esta sola circunstancia bastará para que se pronuncie el máximum de la pena de trabajos públicos. 

 

 Art. 383.- Los robos que se cometan en los caminos públicos o en los vagones de ferrocarril que sirvan para el transporte de viajeros, correspondencia o equipaje, siempre que estén formados en tren, se castigarán con el máximum  de la pena de los trabajos públicos, si en su comisión concurren dos de las circunstancias previstas en el artículo 381; pero si sólo concurre una de esas circunstancias la pena será la de diez a veinte años de trabajos públicos. En los demás  casos, los culpables incurrirán en la pena de tres a diez años de trabajos públicos. 

 

 Art. 384.- Se impondrá la pena de cinco a veinte años de trabajos públicos, a los que ejecuten un robo valiéndose de uno de los medios enunciados en el inciso 4to. del artículo 381, aunque la fractura, el escalamiento y el uso  de llaves falsas se hayan realizado en edificios o cercados no dependientes de casas habitadas, y aún cuando la fractura no hubiere sido sino interior.   

 

 Art. 385.- Se impondrá la misma pena a los culpables de robo cometido con dos de las tres circunstancias siguientes: 

 

 1.- Si el robo es ejecutado de noche; 

 

 2.- Si se ha cometido en una casa habitada o en uno de los edificios consagrados a

cultos religiosos; 

  

 3.- Si lo ha sido por dos o más personas. 

 

 Y si además el culpable o alguno de los culpables llevaban armas visibles u ocultas.  

 

 Art. 386.- El robo se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, cuando el culpable se encuentre en uno de los casos siguientes: 

 

 1.- Cuando se ejecute de noche, y por dos o más  personas, o cuando en la comisión del delito concurra una de las dos circunstancias ya expresadas, siempre que se haya ejecutado en lugar habitado, o destinado para habitación, o consagrado al ejercicio de un culto establecido en la República.

 

 2.- Cuando los culpables o algunos de ellos llevaban armas visibles u ocultas, aunque el delito se ejecute de día y no esté habitado el lugar en que se cometa el robo, y aunque el robo haya sido cometido por una sola persona. 

 

 3.- Cuando el ladrón es criado o asalariado de la persona a quien se hizo el robo, o cuando ésta, aunque no sea el dueño de la casa, esté hospedada en ella, o cuando el criado o asalariado robe en casas en que se hospede su amo, acompañando a éste;  o cuando el ladrón es obrero, oficial o aprendiz de la casa, taller, almacén, o establecimiento en que se ejecutare el robo, o cuando trabaje habitualmente en aquellos.

 

 4.- Cuando el robo se cometa en los hoteles, pensiones, fondas, cafés, por los dueños de esos establecimientos o sus criados, sobre cosas confiadas a ellos por las personas robadas, o cuando el ladrón sea transportador de los objetos robados, siempre que les hayan sido confiados en calidad de conductores de animales, vehículos o embarcaciones fluviales, marítimas o aéreas, o como encargados o asalariados de los mismos.

 

 Párrafo: En el caso del inciso 3, si las cosas robadas no pasan de treinta pesos, y se acogen circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta dos meses de prisión.

 

 Art. 387.- Las penas del artículo anterior se impondrán a los arrieros, barqueros y recueros, o a sus peones que alteren con mezcla de sustancias nocivas los vinos, licores y demás líquidos, cuya conducción se les confiare. Si la mixtión no contiene sustancias  nocivas, sólo incurrirán en la pena de un mes a un año de prisión correccional y multa de veinte a cien pesos.  

 

 Art. 388.- El que en los campos robare caballos o bestias de carga, de tiro o de silla, ganado mayor o menor o instrumentos de agricultura, será condenado a prisión correccional de seis meses a dos años y multa de quinientos a  mil pesos. 

 

 En las mismas penas incurrirán los que se hagan reos de robos de maderas de los astilleros, cortes y derrumbaderos o embarcaderos, piedras en las canteras o peces en estanques,  viveros o charcas. 

 

 El que en los campos robare cosechas u otros productos útiles de la tierra ya desprendidos o sacados del suelo, o granos amontonados que formen parte de las cosechas, será  castigado con las mismas penas.

 

 Si el robo se ha cometido de noche o por dos o más personas o con la ayuda de vehículos o animales de carga, la pena será de reclusión.

 

 Cuando el robo de cosechas u otros productos útiles de la tierra, que antes de ser sustraídos, no se encontraban desprendidos o sacados de la tierra, se haya cometido con ayuda de  cestos, sacos u otros objetos análogos, o de noche, o con ayuda de vehículos o animales de carga, o por varias personas, la pena será igualmente de reclusión. 

 

 En todos los casos previstos en este artículo que son  castigados con penas correccionales, los culpables, además de la pena principal, podrán ser privados de todos o algunos de los derechos mencionados en el artículo 42, por no menos de un año, ni más de dos años, contados desde la fecha en que hayan  cumplido la pena principal. Podrán también ser puestos, por la sentencia, bajo la supervigilancia de la alta policía por un período igual. 

 

 La tentativa de los robos previstos en este  artículo será castigada como el delito consumado.

 

 Art. 389.- Se castigará con prisión correccional de tres meses a dos años, al que, para cometer un robo, quitare o mudare de lugar las mojonaduras o señales de cualquier clase que sirvan de lindero a las propiedades. Se podrá  condenar al culpable, a la privación de los derechos mencionados en el artículo 42, por un tiempo de dos a cinco años.  

 

 Art. 390.- Se consideran casas habitadas, los edificios, viviendas, casillas, chozas aún ambulantes que, sin estar en la actualidad habitadas, están destinadas a la habitación. También se consideran lugares habitados las dependencias, como patios, corrales,  trojes, caballerizas y otros edificios que en ellos están cercados, sea cual fuere el uso a que estén destinados, y aún cuando tengan un cercado particular en la cerca o circuito general.   

 

 Art. 391.- También se considerarán como dependencias de una casa habitada, los corrales, chiqueros y pocilgas, destinados a encerrar el ganado mayor o menor, sea cual fuere la materia de que estén construídos, cuando dependan de chozas u otros lugares de abrigo  para los guardianes de dichos ganados.   

 

 Art. 392.- Se considera cercado el terreno rodeado de fosos, estacadas, zarzas, tablados, empalizadas, setos vivos o muertos, o paredes, cualquiera que sea la naturaleza de los materiales empleados en su construcción, y sea también cual fuere su altura y  profundidad, y su estado de deterioro o antigüedad, y aunque no haya puerta que cierre con llave o de otro modo, o aunque la puerta sea de cancel o esté habitualmente abierta.  

 

 Art. 393.- Se califica fractura, el forcejeo, rompimiento, deterioro o demolición de paredes, techos, pisos, entresuelos, puertas, ventanas, cerrojos, candados u otros utensilios o instrumentos que sirvan para cerrar o impedir el paso. También se califica  fractura, la de cualquier otra especie de cercado, sea cual fuere éste.  

 

 Art. 394.-  Las fracturas son exteriores o interiores.   

  

 Art. 395.- Las fracturas exteriores son aquellas de que se vale un individuo para penetrar en las casas, patios, cercados o sus dependencias, o en las viviendas u otros lugares habitados; y las interiores son las que, después que el culpable penetra en los  lugares mencionados en el párrafo anterior, se hacen a las puertas, ventanas o setos interiores, así como las que tienen por objeto abrir los armarios y otros muebles cerrados.   

  

 Art. 396.- Se comprende en las categorías de las fracturas interiores: el simple hurto de cajas, cajitas, fardos dispuestos con embalajes, y otros muebles cerrados que contengan efectos, sean cual fueren éstos, y aunque la fractura no se opere en el lugar en que se  cometió el robo.   

 

 Art. 397.- Se califica escalamiento: la entrada en las casas, patios, jardines, corrales y otros edificios cercados, efectuada por encima de las paredes, puertas o techos, o salvando cualquier otra cerca. El que se introduce por subterráneos, que no hayan sido  establecidos para servir de entrada, se asimila al culpable de robo con escalamiento.   

 

 Art. 398.- Son y se reputan llaves falsas: los garabatillos, ganzúas, llaves maestras y cualesquiera otras; y otros instrumentos de que se valga el culpable para abrir los cerrojos, candados cerraduras de las puertas, ventanas, armarios y demás muebles  cerrados, cuando aquellas no sean las que el propietario, huésped inquilino usaba para ese objeto.   

 

 Art. 399.- Cuando se empleen llaves falsas y demás instrumentos de que trata el artículo anterior, se impondrán a los culpables las penas de prisión correccional de tres meses a un año, y multa de cinco a cincuenta pesos. Los cerrajeros de profesión que imiten  alteren o fabriquen llaves falsas, serán condenados a prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos, si resultaren cómplices en el robo. 

 

 Art. 400.- El que hubiere arrancado por fuerza, violencia o constreñimiento, la firma o la entrega de un escrito, acto, título o documento cualquiera que contenga u opere obligación, disposición o descargo, será castigado con  la pena de tres a diez años de trabajos públicos.   

 

 El que por medio de amenaza escrita o verbal de revelación o imputación difamatoria, haya arrancado o intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o entrega de  los escritos antes enumerados, será castigado con la pena de reclusión y multa de doscientos a quinientos pesos.

 

 El embargado que hubiere destruido o distraído o intentado destruir o distraer objetos que le hubieren sido  embargados y se confiaren a su custodia, será castigado con las penas señaladas en el artículo 406 para el abuso de confianza.  

 

 Si los objetos embargados han sido confiados a un tercero, las penas que se impondrán al dueño que los haya destruido o distraído o intentado destruir o distraer, serán las del doble de las penas previstas, según los distintos casos, por el artículo 401.

 

 

 Las mismas penas se impondrán a todo deudor, prestatario  o tercero dador de prenda que hubiere destruido o distraído o intentado destruir o distraer objetos dados por él en prenda. 

 

 El que a sabiendas, ocultare las cosas distraídas, y los cónyuges, ascendientes o descendientes del embargado, del  deudor, del prestatario o del tercero dador de prenda, que hubieran ayudado en la destrucción o distracción, o en la tentativa de destrucción o distracción de los objetos, sufrirán una pena igual a la que se imponga a aquél.

 

 Art. 401.- Los demás robos no especificados en la presente sección, así como sus tentativas, se castigarán conforme a la siguiente escala: 

 

 1.- Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos.

 

 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas  robadas exceda de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. 

 

 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 

 

 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos. 

 

 En todos los casos, se podrá imponer a los culpables  la privación de los derechos mencionados en el artículo 42 durante uno a cinco años. También se pondrán por la sentencia, bajo la vigilancia de la alta policía, durante el mismo tiempo.

 

 El que a sabiendas de que está en la imposibilidad  absoluta de pagar, se hubiere hecho servir bebidas o alimentos que consumiere en todo o en parte en establecimientos a ello destinados, será castigado con prisión de uno a seis meses y multa de diez a cien pesos.   

 

 El que sin tener los recursos suficientes para pagar el alojamiento, se alojare en calidad de huésped en hoteles, pensiones o posadas u otro establecimiento destinado a esos fines y no pagare el precio en la forma  y plazos convenidos, comete fraude, y será castigado con prisión de tres meses a un año y multa de veinticinco a doscientos pesos. 

 

 Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de los  casos previstos en el artículo 401, inciso 1o. y en los dos últimos acápites de mismo artículo.

 

 SECCIÓN 2DA.

 Bancarrotas, estafas y otras especies de fraudes.

 

 PÁRRAFO  I

 Bancarrotas y estafas.

 

 Art. 402. Cuando en los casos previstos por el Código de Comercio, se declare a alguno culpable de bancarrota, se le impondrán las penas siguientes: en los casos de bancarrota fraudulenta, se aplicará la reclusión; y en los de bancarrota simple, se aplicará la  prisión correccional de quince días a lo menos, y un año a lo más. 

 

 Art. 403.- Los cómplices de una bancarrota fraudulenta, declarados tales, sufrirán la misma pena en que incurra el bancarrotero fraudulento.  

 

 Art. 404.- Los agentes de cambio y los corredores que hubieren quebrado, se castigarán con la pena de reclusión; y con la de trabajos públicos, si la bancarrota fuere fraudulenta.

 

 Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta  la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y  cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro  acontecimiento quimérico.  Los reos de estafa podrán ser también condenados a la accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los  casos de falsedad. 

 

 Párrafo.- Cuando los hechos incriminados en este artículo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los  culpables serán castigados con pena de reclusión si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos públicos si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese  valor ni mayor del triple del mismo.

 

 PÁRRAFO II

 Abuso de confianza.

 

 Art. 406.- El que, abusando de la debilidad, las pasiones o las necesidades de un menor, le hiciere suscribir en su propio perjuicio, obligación, finiquito o descargo, por préstamos de dinero o de cosas muebles, o efectos de  comercio u otros efectos obligatorios, incurrirá en la pena de prisión correccional de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos ni excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al  agraviado. Estas disposiciones tendrán su aplicación, cual que fuere la forma que se diere a la negociación, o la manera que se emplee para dar al abuso los visos de la legalidad.  Las accesorias de inhabilitación de que trata el último párrafo del  artículo anterior podrán pronunciarse en los casos de este artículo.

 

 Art. 407.- Las penas que señala la disposición que precede, se impondrán a los que abusaren de una firma en blanco que se les hubiere confiado, escribiendo fraudulentamente obligación, descargo o cualquier otro acto que pueda comprometer la persona o bienes del  firmante.  Si la firma en blanco no hubiere sido confiada al culpable, se le considerará reo de falsedad, y como a tal, se le impondrán las penas que señala este Código. 

 

 Art. 408.- Son también reos de abuso de confianza y como tales incurren en las penas que trae el artículo 406, los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, capitales,  mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para  un trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en éste y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada.

 

 Si el abuso de confianza ha sido cometido por una persona, dirigiéndose al público con el objeto de obtener, bien sea por su propia cuenta o ya como director, administrador, o agente de una sociedad o de una empresa comercial o industrial, la  entrega de fondos o valores a título de depósito, de mandato, o de prenda, la pena en que incurrirá el culpable será la de reclusión y multa de quinientos a dos mil pesos.

 

 Si el abuso de confianza de que trata ese artículo, ha sido  cometido por oficial público o ministerial, por criado o asalariado, por un discípulo, dependiente, obrero o empleado, en perjuicio de su amo, maestro o principal, se impondrá al culpable la pena de tres a diez años de trabajos públicos.  Estas  disposiciones en nada modifican la penalidad impuesta por los artículos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dinero o documentos en los depósitos y archivos públicos.

 

 Párrafo.- En todos los casos de abuso de confianza, cuando el perjuicio causado exceda de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos, la pena será de tres a cinco años de reclusión y del máximum de la reclusión si el perjuicio excediere de cinco mil pesos.

 

 Art. 409.- El que se haga reo de sustracción de título, pieza, memoria o cualquier otro documento producido anteriormente por él, en el curso de una contestación judicial, sufrirá una multa de diez a cien pesos.  El tribunal que conozca de la contestación  impondrá la pena. 

 

 PÁRRAFO III

 De las rifas, casas de juego y de préstamos sobre prendas.

 

 Art. 410.- Se prohibe toda clase de juego de envite o azar, salvo los casos reglamentados por leyes especiales. Todo aquel que en su casa, o en otra cualquiera, o en cualquier sitio, estableciere o consintiere juego de envite  o azar sea cual fuere su denominación o forma de jugarse, los que hicieren de banqueros del juego, y los que tomaren parte en él, serán castigados con prisión correccional de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos; y el dinero y efectos  puestos en juego, los muebles de la habitación y los instrumentos, objetos y útiles destinados al juego serán confiscados. 

 

 Párrafo I.- Los que estalecieren(sic) o celebraren o tomaren parte en rifas o loterías no autorizadas por la Ley, bien  que actúen como dueños, administradores, encargados, organizadores, agentes o adquirientes de los números de las rifas o loterías, serán castigados con prisión de tres meses a un año y multa de cien a mil pesos oro.

 

 Párrafo II.- Cuando las rifas o loterías envuelvan sumas de dinero, bien en forma exclusiva, o bien en combinación con cualesquiera otros objetos, o cuando se use uno cualquiera de los sistemas generalmente conocidos bajo la denominación de "la  bolita", "aguante", u otra forma similar, se aplicará a dueños, administradores, encargados, organizadores, agentes o adquirientes de números en los sorteos ya especificados, el máximo de las penas señaladas en el párrafo anterior.  En este caso, la  prisión preventiva será imperativa y no habrá lugar a la libertad provisional bajo fianza.  En caso de reincidencia se aplicará a los culpables el duplo de las penas aquí señaladas.     

 

 Párrafo III.- Si los culpables fueren extranjeros, la  sentencia recomendará su deportación después del cumplimiento de las penas que le fueron impuestas. 

 

 Se atribuye competencia a los Juzgados de Paz, para conocer de las infracciones  previstas en el Art. 410 reformado del Código Penal.

 

 Art. 411.- El que aún con autorización legal abriere casa de préstamos sobre prendas, y no llevare registro que, sin interrupción, blanco ni espacio, contenga las cantidades y cosas prestadas, los nombres, domicilio y profesión de las personas que reciben los  préstamos, la naturaleza, calidad y valor de las cosas dadas en prenda, será castigado con multa de diez a cien pesos, y prisión de quince días a tres meses.  En las mismas penas incurrirá el que sin autorización competente abriere casa de esta  naturaleza.  

 

 PÁRRAFO IV

 Delitos contra la libertad de las subastas.

 

 Art. 412.- Los que con intimidación, amenazas, dádivas o promesas coarten o estorben la libertad de las subastas, sea cual fuere su naturaleza, serán castigados con multa de veinticinco a doscientos pesos, y prisión de quince días a tres meses.  Las mismas  penas se impondrán a los que, con el fin de estorbar una subasta, alejaren de ella a los postores.   

 

 PÁRRAFO V

 Violación de los reglamentos relativos a las manufacturas, al comercio y a las artes.

 

 Art. 413.- Toda violación de los reglamentos relativos a los productos que se exporten al extranjero, y que tengan por objeto garantizar su buena calidad, las dimensiones y la naturaleza de su fabricación, se castigará con multa de cuarenta pesos a lo menos y  quinientos a lo más y confiscación de los efectos.  Estas dos penas se podrán acumular, según las circunstancias.  

 

 Art. 414.- Se castigará con prisión de un mes a un año, y multa de diez a trescientos pesos, o con una de las dos penas solamente, al que por medio de violencias, vías de hecho, amenazas o maniobras fraudulentas, hubiese operado, mantenido o intentado operar y  mantener una interrupción de trabajo, con el fin de forzar la alza o la baja de salarios, o de atentar al libre ejercicio de la industria. 

 

 Art. 415.- Cuando los hechos castigados por el artículo anterior hubieren sido cometidos por consecuencia de una plan concertado, se podrá someter a los culpables en virtud de la sentencia, a la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos, y tres a lo más.  

 

 Art. 416.- Se castigará con prisión de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos, o con una de las dos penas solamente, a todos los obreros y empresarios de obras que, por medio de multas, prohibiciones, proscripciones e interdicciones pronunciadas por  consecuencias de un plan concertado, hubieren atentado contra el libre ejercicio de la industria y del trabajo.  Los artículos 414 y 415, que anteceden se aplicarán a los propietarios o colonos, así como a los cosecheros, sirvientes y trabajadores  del campo. 

 

 Art. 417.- Los que con objeto de perjudicar la industria del país, hayan hecho pasar al extranjero directores, dependientes u obreros de un establecimiento, se castigarán con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a sesenta pesos.  

 

 Art. 418.- Todo director, dependiente y obrero de fábrica que haya comunicado, o intentado comunicar a extranjeros o dominicanos, residentes en el extranjero, secretos de la fábrica en que está empleado, se castigará con prisión de seis meses, y multa de diez a  sesenta pesos.  Se les podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42, durante uno a tres años, y poner bajo la vigilancia de la alta policía.  Si estos secretos se han comunicado a dominicanos residentes en la República, la pena  será de uno a tres meses de prisión, y multa de diez a treinta pesos.  El máximum de la pena pronunciada por los párrafos primero y tercero del presente artículo, se impondrá necesariamente, si se tratare de secretos de fábricas de armas y  municiones pertenecientes al Estado. 

 

 Art. 419.- Los que esparciendo falsos rumores o usando de cualquier otro artificio, consigan alterar los precios naturales, que resultarían de la libre concurrencia de las mercancías, acciones, rentas públicas o privadas o, cualesquiera otras cosas que fueren  objeto de contratación, serán castigados con prisión de quince días a tres meses, y multa de diez a cien pesos.  Podrán quedar además sujetos a la vigilancia de la alta policía, durante dos años a lo más. 

 

 El acuerdo entre dos o más industriales, productores o comerciantes, sea cual fuere la forma en que intervenga, por el cual se convenga en que alguno o algunos de ellos dejen de producir determinados artículos o de  negociar en ellos con el propósito de alterar el precio de éstos, será castigado con prisión correccional de un mes a dos años y multa de veinticinco a quinientos pesos, o una de estas penas solamente, que se impondrá a todos cuantos hubieren participado en el acuerdo, si son personas físicas, y a los gerentes, administradores o directores, si se trata de compañías o empresas colectivas.

 

 Art. 420.- Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre mantenimientos y otros artículos de primera necesidad, se duplicarán las penas que señala dicho artículo.  

 

 Art. 421.- Las apuestas que se hagan sobre la alza o baja de los fondos y efectos públicos, se castigarán con las penas establecidas en el artículo 419.  

 

 Art. 422.- Hay apuestas, para los efectos de la disposición anterior, desde el momento en que un vendedor conviene en entregar o vender créditos o efectos públicos; cuando no puede probar que dichos créditos hayan existido en su poder al celebrar el contrato; o  cuando no pruebe que haya debido estar en posesión de ellos al tiempo de la entrega. 

 

 Art. 423.- Los vendedores de prendas de oro o de plata y piedras preciosas, que engañaren a los compradores respecto de los quilates de aquellas materias, o de la calidad y naturaleza de las piedras, serán castigados con  prisión de uno a seis meses, y multa del tanto al cuádruplo del valor de los objetos vendidos, sin que el mínimum de dicha multa pueda bajar de diez pesos.  Iguales penas se impondrán a los que engañaren a otros, en cuanto a la clase, calidad, peso,  medida u otro atributo, de una mercancía cualquiera, y a aquellos que en sus ventas o compras usaren pesas o medidas falsas.  Si los objetos del delito pertenecen aún al culpable, caerán en comiso, así como las medidas y pesas falsas, las cuales se  destruirán.  El tribunal podrá ordenar la fijación de su sentencia en los lugares que designe, y se insertará íntegra o en extracto en los periódicos, a costa del condenado.

 

 Art. 424.- Cuando el comprador y el vendedor hubieren usado en sus contratos, pesas y medidas distintas de las que establecen las leyes, se privará al comprador de toda acción contra el vendedor que le haya engañado, sin perjuicio de la acción pública que se  ejercerá por los agentes del ministerio público no sólo para castigar el fraude, sino también para reprimir el uso de pesas y medidas prohibidas.  La pena en caso de fraude será la del artículo precedente; y por el uso de medidas y pesas prohibidas,  se aplicarán las penas de policía que trae el libro cuarto de este Código.  

 

 Art. 425.- Las ediciones de producciones literarias o de composiciones musicales, dibujos y otras producciones artísticas que se impriman o graben en su totalidad o en parte, infringiéndose las leyes  y reglamentos que aseguren la propiedad literaria, es una  falsificación que la ley clasifica en el número de delitos.  

 

 Art. 426.- También se considera delito de la clase expresada en el artículo anterior, la venta de obras falsificadas y la introducción de aquellas que impresas originalmente en la República, se falsifiquen en el extranjero. 

 

 Art. 427.- Los falsificadores o introductores de que trata el artículo 425, se castigarán con multa de cien a mil pesos; y los vendedores incurrirán en la de cincuenta a quinientos pesos. Los ejemplares de la edición falsificada y las planchas, moldes o  matrices de las obras falsificadas, caerán en comiso.

 

 Art. 428.- Los directores o empresarios de teatros, y las sociedades dramáticas que, con violación de las leyes que garantizan la propiedad literaria, permitan en su teatro la representación de obras dramáticas, sufrirán una multa de veinte y cinco pesos a cien  pesos, embargándoseles además la suma que produjere la representación de la pieza.  

 

 Art. 429.- En los casos previstos por los tres artículos que preceden, el producto de los objetos decomisados o las sumas embargadas, se entregarán al propietario por vía de indemnización del perjuicio irrogado.  Cuando los objetos embargados no se vendan, o  cuando no se embarguen los ingresos de la representación, los daños que puedan reclamarse por el autor, se regularán en juicio ordinario.

 

 PÁRRAFO VI

 Delitos de los abastecedores o proveedores.

 

 Art. 430.- Los proveedores que por sí, o como miembros de compañía establecida, estén encargados de proveer las fornituras y vituallas para el Ejército de tierra, o mar, y que sin justificar una fuerza mayor, dejaren de cumplir con su encargo, serán  castigados, si por esta causa se paralizare el servicio público, con la pena de reclusión, y multa del tanto al duplo del valor de las cosas que no hubieren suministrado, sin que esa multa pueda bajar de doscientos pesos, y sin perjuicio de otras  penas en el caso de connivencia con el enemigo.  

 

 Art. 431.- Cuando la paralización del servicio la originen los agentes o empleados de los proveedores, aquéllos serán condenados a las penas que establece el artículo anterior; y si unos u otros han tenido participación en el delito, las penas señaladas se  impondrán en el mismo grado a todos los culpables. 

 

 Art. 432.- Si los delincuentes han sido auxiliados en la comisión de un delito por funcionarios públicos, agentes, delegados o empleados que reciben subvención del Gobierno, se impondrá a éstos la pena de los trabajos públicos; sin perjuicio de otras mayores,  si resultaren culpables de connivencia con el enemigo. 

 

 Art. 433.- Cuando por descuido de los proveedores o sus agentes, sufra retardo la entrega de los abastos, o cuando haya fraude en cuanto a la calidad, cantidad o naturaleza de los artículos suministrados, se impondrá a los culpables la pena de prisión de un mes  a un año, y multa de veinte a cien pesos, siempre que de su descuido no hubiere resultado la paralización del servicio.  En los casos previstos en los artículos del presente párrafo, no podrá intentarse la persecución de que se hace mención, sino en  virtud de la denuncia del Gobierno.  

 

 SECCIÓN 3RA.

 Incendio y otros estragos.

 

 Art. 434.- El incendio se castigará según las distinciones siguientes: 1o., con la pena de treinta años de trabajos públicos cuando se ejecutare voluntariamente en cualquier edificio, buque, almacén, arsenal o astillero que esté habitado o sirva de habitación, y generalmente en los lugares habitados o que sirvan de habitación, pertenezcan o no al autor del crimen; 2o., con la misma pena, cuando se ejecutare voluntariamente en carruajes, vagones que contengan personas o que no las contengan, siempre que  aquellos formen parte de un convoy que las contenga; 3o., con la de trabajos públicos, cuando se ejecute voluntariamente en edificios, buques, almacenes, arsenales o astilleros que no estén habitados ni sirvan de habitación.

 

 Se impondrán de dos a diez años de prisión y multa de mil a diez mil pesos, al que cause incendio intencional en los montes maderables, dañando o destruyendo la vegetación forestal, con especialidad en los pinares  de la República, sea cual fuere el régimen en derecho de propiedad de los mismos. 

 

 Párrafo.- Queda modificado única y exclusivamente en lo que se refiere a los incendios de los bosques, el inciso 3o. del  artículo 434 del Código Penal y derogado el inciso 4o. del mismo artículo modificado por el artículo 13 de la Ley No. 1688 del 16 de abril de 1948, en el sentido de la pena aplicable, la cual es sustituída por la señalada en el presente artículo;  5o. con la reclusión, el que lo ejecutare en pajares o cosechas, en montones o en ranchos, trojes o graneros, o en maderas ya labradas, o en carruajes o vagones cargados o no de mercancías u otros objetos mobiliarios que no formen parte de un convoy  que contenga personas, si estos objetos no le pertenecen; 6o., con la del máximum de prisión correccional, si el que lo ejecutare o hiciere ejecutar en objetos de su propiedad enumerados en el párrafo anterior, hubiese causado voluntariamente  cualquier perjuicio a otro; la misma pena sufrirá el que haya ejecutado la orden del propietario; 7o., con la misma pena se castigará al que hubiere comunicado el incendio a uno de los objetos enumerados en los párrafos anteriores, incendiando  objetos pertenecientes a él o a otro, y cuya colocación era susceptible de operar este incendio.  En todos los casos previstos en este artículo, se impondrá a los culpables la pena de treinta años de trabajos públicos cuando el incendio causare la  muerte de una o más personas, si éstas se hallaban en los lugares incendiados, en el momento en que se cometió el delito.

 

 Art. 435.- El hecho de colocar una bomba, mina o cualquier mecanismo o artefacto explosivo en un edificio, casa, lugar habitado, dique, embarcación, vehículo de cualquier clase, almacén, astillero o en una de sus dependencias, o en  un puente o camino público o privado, o en cualquier lugar a que tenga acceso el público, así como el hecho de cometer cualquier otro acto de terrorismo, será castigado con la pena de treinta años de trabajos públicos cuando se haya causado la  muerte de una o más personas; con la pena de cinco a veinte años de trabajos públicos cuando se hayan causado contusiones o heridas a una o más personas; con la pena de cinco a diez años de trabajos públicos cuando sólo se hayan causado daños  materiales; y con la pena de tres a cinco años de reclusión cuando no se haya causado ningún daño corporal o material. 

 

 Párrafo I.- Será castigado con pena de reclusión todo el que venda, introduzca, fabrique, posea, detente o porte, en cualquier forma, minas, bombas, granadas, bombas plásticas, bombas "molotov" o cualquier mecanismo o artefacto similar, para los fines más arriba indicados.

 

 Párrafo II.- Si los culpables fueren  extranjeros, la sentencia que intervenga dispondrá su deportación después del cumplimiento de las penas que les fueren impuestas. 

 

 Párrafo III.- En estos casos no habrá lugar a la libertad provisional bajo fianza ni al beneficio de las circunstancias atenuantes previstas por el Artículo 463 de este Código.

 

 Párrafo IV.- Los cómplices de uno de los crímenes a que se refiere el presente artículo, serán castigados con las mismas penas que se impongan a los  autores de ese crimen o delito.

 

 Art. 436.- Los que amenazaren incendiar una vivienda, o cualquier otra propiedad, sufrirán las penas impuestas por los artículos 305, 306 y 307 de este Código a los que se hacen reos de amenaza de asesinato.

 

 Art. 437.- Toda persona que voluntariamente destruyere, total o parcialmente, edificios, fuertes, diques, calzadas u otras construcciones que pertenezcan a particulares; o que causare la explosión de una máquina de vapor, se castigará con la pena de reclusión,  y multa que no podrá bajar de cien pesos ni exceder de la cuarta parte del valor de las indemnizaciones que se concedan al perjudicado.  En caso de homicidio, se impondrá la pena de treinta años de trabajos públicos; y en el de heridas graves,  sufrirá el culpable la de trabajos públicos.  

 

 Art. 438.- Los que por vías de hechos se opusieren a que se principien, continúen o terminen los trabajos autorizados por el Gobierno, sufrirán la pena de prisión de tres meses a dos años, y multa de quince a doscientos pesos.   

 

 Art. 439.- Los que voluntariamente quemaren o destruyeren los registros, minutas o actos originales de la autoridad pública, o títulos, billetes, letras de cambio o efectos de comercio o de banco, que contengan obligaciones u operen descargos, serán castigados  con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos.  Si los documentos quemados o destruidos son de una especie distinta a la mencionada en este artículo, la pena será de prisión correccional de un mes a un año, y multa de cinco a  cincuenta pesos. 

 

 Art. 440.- El pillaje o la destrucción de frutos, mercancías, efectos o propiedades mobiliarias cometidos con violencia por cuadrillas, se castigará con la pena de trabajos públicos, que se impondrá individualmente a cada uno de los culpables. 

 

 Art. 441.- Sin embargo, a los que justificaren que no tomaron parte en dichas violencias, sino arrastrados por las provocaciones o solicitaciones de otros, podrá rebajárseles la pena, e imponérseles tan solo la de reclusión.

 

 Art. 442.- Cuando los frutos pillados o destruídos sean granos, harinas y otros artículos de primera calidad, se impondrá a los jefes, instigadores o provocadores del crimen, el máximum de las penas que establece el artículo 440. 

 

 Art. 443.- El daño que intencionalmente se cause con sustancias corrosivas u otras cualesquiera, a las materias o instrumentos que sirven para la fabricación de mercancías, o a las mismas mercancías fabricadas ya, se castigará con prisión de un mes a un año, y  multa de diez a cien pesos.  Si el reo fuere un obrero u operario de la fábrica, o un dependiente del establecimiento en que se expenda la mercancía, se aumentará la pena de seis meses hasta dos años, sin perjuicio de la multa que trae el primer  párrafo de este artículo.  

 

 Art. 444.-  La devastación de cosecha en pie de plantíos, o sementeras naturales o dispuestas por el hombre, se castigará con prisión de un mes a un año, y sujeción a la vigilancia de la alta policía, por un tiempo igual al de la condena.

 

 Art. 445.- Los que, a sabiendas, tumbaren uno o muchos árboles pertenecientes a otro dueño, serán castigados con prisión correccional, cuya duración se regulará desde seis días hasta seis meses por cada árbol que hubieren tumbado, sin que la totalidad de las  penas pueda, en ningún caso, exceder de cinco años, sea cual fuere el número de árboles que hubieren derribado. 

 

 Art. 446.- Se impondrán las mismas penas, a los que mutilaren, cortaren o descortezaren árboles ajenos, con el fin de hacerlos perecer. 

 

 Art. 447.- La destrucción de injertos se castigará con prisión de seis días a dos meses, por cada injerto destruido, sin que la duración de esa pena pueda exceder de dos años.  

 

 Art. 448.- Cuando los árboles tumbados o mutilados, o cuando los injertos destruidos sirvan de ornato a plazas, caminos, calles u otras vías públicas, el mínimum de la pena será de veinte días. 

 

 Art. 449.- Se impondrá la pena de prisión correccional de seis días a dos meses, a los que, a sabiendas, cortaren forrajes o cosecharen granos y otras siembras que no les pertenezcan. 

 

 Art. 450.- El corte de cosechas verdes, se castigará con prisión de veinte días a cuatro meses; y si el delito se ha cometido por odio hacia un empleado o funcionario público, originado en razón de su oficio, se impondrá a los culpables el máximum de la pena  que señale la disposición que se contraiga al caso.  Esta agravación se observará siempre que el delito se cometa de noche.

 

 Art. 451.- Se castigará con prisión de una mes a un año, a los que rompieren o destruyeren instrumentos o útiles de agricultura, corrales de bestias, o las chozas de los guardianes. 

 

 Art. 452.- El envenenamiento de bestias caballares o mulares, el de ganado, mayor o menor, o el de peces en estanques, charcos o viveros, se castigará con prisión de un mes a dos años, y multa de diez a cien pesos, sin perjuicio de la accesoria de sujeción a la  vigilancia de la alta policía por un tiempo igual al de la condena. 

 

 Art. 453.-  Los que sin necesidad justificada mataren bestias o ganados ajenos, serán castigados con la pena de prisión, desde dos hasta seis meses, si se ha cometido el delito en los lugares en que el dueño del animal es propietario, inquilino, colono o  arrendatario; y con la de prisión de tres días a un mes, si el delito se ejecuta en los lugares en que el culpable es propietario, inquilino colono o arrendatario.  Si el delito se ejecuta en cualquier otro lugar, la pena será de quince días a dos  meses de prisión.  El máximum de la pena se impondrá, cuando haya habido escalamiento de cercas.

 

 Art. 454.- Los que sin necesidad justificada, mataren animales domésticos, en lugares en que el dueño del animal sea propietario, inquilino, colono o arrendador, serán castigados con prisión de seis días a seis meses. El máximum de la pena se impondr,á cuando  haya habido escalamiento de cercas.

 

 Art. 455.- En todos los casos previstos por los artículos 444 y siguientes, hasta el precedente inclusive, se impondrá a los culpables una multa de diez a cuarenta pesos.  

 

 Art. 456.- Los que en todo o en parte cieguen zanjas, destruyan las cercas vivas o secas, de cualquier materia que éstas sean hechas, entre propiedades de diferentes dueños; los que con el fin de hacer desaparecer los linderos o guardarrayas que dividan las propiedades entre sí, supriman los hitos o cornijales, las cercas cualquiera que sea su naturaleza, árboles plantados para establecer la división entre dos o más heredades o cualquiera signo destinado a ese objeto,  serán castigados con prisión de un mes a un año y multa de diez a cien pesos.  

 

 Art. 457.- Se impondrá una multa de diez a cien pesos a los propietarios, arrendatarios u otras personas que, teniendo el uso de molinos, ingenios o estanques, inundaren los caminos o las propiedades ajenas, alzando la vertiente de sus aguas a una altura  superior a aquella que esté determinada por la autoridad competente.  Si de la inundación resultaren daños, se impondrá además a los culpables la pena de prisión de seis días a un mes. 

 

 Art. 458.- El incendio causado en propiedad ajena, por negligencia o imprudencia, se castigará con multa de veinte a cien pesos.  Se reputa causado por imprudencia o negligencia: 1o. el incendio de chimeneas, casas, ingenios o fraguas, cuando resulta por  vetustez de las oficinas, o por falta de reparación o limpieza; 2o. el de selvas, pastos, sabanas, siembras, montes, cosechas y otras materias combustibles, amontonadas o depositadas en casas, trojes o cualquier otro edificio, cuando resulta a  consecuencia de hogueras encendidas o quemas en los campos, a menos de cien varas de distancia; 3o. el de los casos enumerados en los párrafos que preceden, cuando resulte por haber llevado velas encendidas o candelas, y haberlas dejado sin las  precauciones necesarias en los lugares susceptibles de incendio.

 

 Art. 459.- Los guardines o encargados de bestias o ganados que estén atacados de males contagiosos, y que los dejaren en comunicación con los demás ganados y bestias, y no dieren conocimiento del caso al alcalde pedáneo, o al  Juez de Paz, serán castigados con prisión de seis días a dos meses, y multa de cinco a cincuenta pesos.

 

 Art. 460.- Se castigará igualmente con prisión de seis días a dos meses, y multa de cinco a cincuenta pesos, a los que, infringiendo las disposiciones de la autoridad, dejaren a sus animales o ganados infectados, en comunicación con los que no lo estén. 

 

 

 Art. 461.- Cuando a consecuencia de la comunicación en que se deje a los animales, se propagare el contagio hasta aquellos que estaban exentos del mal, se impondrá a los infractores de los reglamentos dados por la autoridad administrativa, la pena de prisión de  uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos sin perjuicio de lo que dispongan las leyes y reglamentos relativos a las enfermedades epizoóticas.

 

 Art. 462.- Cuando los culpables de los delitos mencionados en este capítulo, ejerzan las funciones de inspectores de agricultura, alcaldes pedáneos o de oficiales o agentes de policía, cualquiera que sea su denominación, las penas se agravarán en la proporción  de una tercera parte más de las que quedan establecidas para otros culpables de idéntico delito.

 

 

 DISPOSICIONES GENERALES

 

 Art. 463.- Cuando en favor del acusado existan circunstancias atenuantes, los tribunales modificarán las penas, conforme a la siguiente escala: 1o.- Cuando la ley pronuncie la pena de treinta años de trabajos públicos, se impondrá el máximum de la pena de  trabajos públicos.  Sin embargo, si se trata de crímenes contra la seguridad interior o exterior del Estado, el tribunal criminal por su sentencia de condenación, pondrá los reos a disposición del Gobierno, para que sean extrañados o expulsados del  territorio; 2o.- Cuando la pena de la ley sea la del máximum de los trabajos públicos, se impondrá de tres a diez años de dicha pena, y aún la de reclusión, si hubiere en favor del reo más de dos circunstancias atenuantes; 3o.- cuando la Ley imponga al delito la de trabajos públicos que no sea el máximum los tribunales podrán rebajar la pena a la de reclusión, o de prisión correccional cuya duración no podrá ser menos de un año, salvo que la ley permita una  reducción de la prisión a menor tiempo; 4o.- Cuando la pena sea la reclusión, detención, destierro o degradación cívica, los tribunales impondrán la prisión correccional, sin que la duración mínima de la pena pueda bajar de dos meses; 5o. Cuando el  Código pronuncie el máximum de una pena aflictiva, y existan en favor del reo circunstancias atenuantes, los tribunales aplicarán el mínimum de la pena, y aún podrán imponer la inferior en el grado que estimen conveniente; 6o.- Cuando el Código  pronuncie simultáneamente las penas de prisión y multa, los tribunales correccionales, en el caso de que existan circunstancias atenuantes, están autorizados para reducir el tiempo de la prisión, a menos de seis días, y la multa a menos de cinco  pesos, aún en el caso de reincidencia. También podrán imponerse una u otra de las penas de que trata este párrafo, y aún sustituir la de prisión con la de multa, sin que en ningún caso puedan imponerse penas inferiores a las de simple policía.

 

 LIBRO CUARTO

 Contravenciones de Policía y sus penas.

 

 CAPÍTULO I

 De las penas.

 

 Art. 464.- Las penas en materia de policía son: el arresto, la multa y el comiso de ciertos objetos embargados.  

 

 Art. 465.- El arresto por contravenciones de policía, es de uno a cinco días, según los casos y distinciones que más adelante se establecerán. Los días de arresto constan de veinticuatro horas.  

 

 Art. 466..- Las multas por contravenciones de policía, se impondrán desde uno hasta cinco pesos inclusive, según los casos y distinciones que más adelante se establecen.   

 

 Art. 467.- El producto de las multas ingresará en la caja comunal del lugar donde se cometió la contravención.  

 

 Art. 468.- Cuando los bienes del condenado no basten para cubrir todas las condenaciones que se pronuncien, tendrán preferencia sobre la multa, el pago de las restituciones e indemnizaciones que se deban a la parte agraviada.

 

 Art. 469.- El pago de las restituciones se exigirá aún por la vía de apremio, y el condenado permanecerá en prisión hasta perfecto pago.

 

 Art. 470.- Los tribunales de policía pronunciarán también, en los casos determinados por la ley, el comiso de las cosas útiles, e instrumentos destinados, producidos o tomados en contravención. 

 

 CAPÍTULO II

 Contravenciones y penas.

 

 SECCIÓN 1RA.

 Primera clase.

 

 Art. 471.- Se castigará con multa de un peso:

 

 1.- Los que descuidaren la reparación y limpieza de hornos, chimeneas, y máquinas donde se haga uso de fuego y lumbre. 

 

 2.- Los que disparen fuegos artificiales en lugar vedado  por la autoridad. 

 

 3.- Los fondistas y otras personas que descuidaren el alumbrado, cuando este deber les sea impuesto por los reglamentos municipales. 

 

 4.- Los que descuidaren  también la limpieza de las calles o lugares de tránsito, en los municipios donde se deja ese cuidado a cargo de los habitantes. 

 

 5.- Los que estorbaren una vía pública, depositando o dejando en ella, sin necesidad, materiales o  cualesquiera otras cosas que impidan la libertad del tránsito, o disminuyan su seguridad. 

 

 6.- Los que infringieren las reglas de seguridad relativas al depósito de materiales en calles o plazas, y a la apertura de pozos y excavaciones.

  

 7.- Los que infringieren los reglamentos concernientes  a los caminos vecinales. 

 

 8.- Los que arrojaren o depositaren delante de sus edificios, materiales y objetos que por su naturaleza puedan perjudicar en su caída, o ser nocivas por sus exhalaciones insalubres. 

 

 9.- Los que en calles, caminos, plazas, lugares públicos o en los campos, dejaren máquinas, instrumentos o armas de que puedan abusar los ladrones y malhechores. 

 

 10.- Los que apagaren el alumbrado público, o el del exterior de los portales o  escaleras de las  casas. 

 

 11.- Los que en propiedad ajena cogieren y comieren frutas, siempre que no medien en el hecho otras circunstancias previstas por la ley. 

  

 12.- Los que escandalizaren con su embriaguez.

 

 13.- Los que salieren de máscara, en tiempo no permitido, o de manera contraria a los reglamentos. 

 

 14.- Los que se bañaren en lugar público, quebrantando las reglas de la decencia.

 

 15.- Los que arrojaren animales muertos en  sitios vedados. 

 

 16.- Los que sin haber sido provocados injuriasen a alguna persona salvo los casos previstos en el tratado de la difamación e injurias.

 

 17.- Los que por imprudencia arrojaren inmundicias sobre una o más  personas.  

 

 18.- Los que sin derecho entraren en terreno ajeno, sembrado o preparado para las siembras.  Para los efectos de esta disposición, se considera sin derecho a los que no son propietarios, colonos o arrendatarios del terreno,  o que no son agentes o encargados de éstos, o que no tienen el derecho de paso por el terreno. 

 

 19.- Los que dejaren pastar sus ganados o bestias en terreno ajeno, antes de que se cosechen las siembras. 

 

 20.- Los que  infringieren los reglamentos dados por la autoridad administrativa en el círculo de sus atribuciones. 

 

 21.- Los que no se sometieren a los reglamentos y decisiones publicadas por la autoridad municipal, en virtud de las facultades que le dan las leyes.

 

 Art. 472.- En los casos previstos en los párrafos 2 y 9 de este artículo, caerán en comiso los fuegos artificiales, máquinas e instrumentos de que se hace en ellos mención. 

 

 Art. 473.- El arresto de uno a tres días, podrá pronunciarse simultáneamente con la multa, en aquellos casos en que según las circunstancias, y a juicio del juez que conozca de la contravención, merezcan esta pena los culpables. 

 

 Art. 474.- En caso de reincidencia, y cualesquiera que sean las circunstancias, se impondrá siempre a los culpables la pena de arresto, durante tres días a lo más. 

 

 SECCIÓN 2DA.

 Segunda clase.

 

 Art. 475.- Incurrirán en la pena de multa de dos a tres pesos inclusive: 

 

 1.- Los que infringieren los bandos y reglamentos relativos a las cosechas de frutos. 

 

 2.- Los dueños o encargados de hoteles o de  fondas, o de casas de huéspedes, que omitieren inscribir, en los registros que deben ser llevados para tal fin, los nombres de las personas que durmieren o que pasaren un día o una noche en sus establecimientos; así como su edad, estado civil, color,  profesión u oficio, nacionalidad y domicilio habitual, lo mismo que el lugar de procedencia, la fecha de entrada, el lugar de destino y la fecha de salida, con anotación del número y la serie de la Cédula Personal de Identidad y del número del sello de Rentas Internas correspondiente al impuesto del último año; o que al hacer las inscripciones dejaren espacios en blanco entre líneas; o que hicieren borraduras en los escritos que dificulten su lectura o intercalaciones que los altere; o que se  negaren a rendir a las autoridades de policía los informes relativos a tales inscripciones; o que en cualquier forma impidieren el libre ejercicio de las autoridades citadas en investigación de un caso cualquiera relacionado con las mismas; sin perjuicio de la responsabilidad que les impone el artículo 73 del presente Código, por los crímenes y delitos que puedan o hayan podido cometer los que se hubieren hospedado en sus establecimientos, y cuyos nombres y demás datos personales no  aparezcan regularmente inscritos en sus registros.

 

 3.- Los arrieros o recueros, carruajeros y carreteros que desamparen sus bestias en medio de una calle, camino o plaza. 

 

 4.- Los que embargaren el tránsito  público con sus carruajes o bestias de carga. 

 

 5.- Los que ataren sus bestias de las puertas, interrumpiendo el paso por las aceras. 

 

 6.- Los que corrieren en las calles y plazas carruajes, o caballerías con perjuicio  de las personas y violación de los reglamentos de la autoridad pública. 

 

 7.- Los que infringieren las reglas establecidas respecto de la carga que deban llevar los carros, carruajes y bestias. 

 

 8.- Los que dejen de inscribir  sus carros en el Ayuntamiento, y numerarlos en el lugar que se les indique. 

 

 9.- Los que en las calles, caminos, plazas o lugares públicos establecieren rifas o juegos de azar. 

 

 10.- Los que vendieren bebidas falsificadas,  sin perjuicio de penas más graves, en el caso de que las bebidas contengan mixtiones nocivas a la salud. 

 

 11.- Los que dejaren vagar locos o furiosos confiados a su cuidado, o animales feroces o dañinos. 

  

 12.- Los que no  sujetaren sus perros, o los azuzaren cuando atacan o persiguen a los transeúntes, aunque no causen daño alguno. 

 

 13.- Los que tiraren piedras, inmundicias u otros objetos arrojadizos, sobre casas, edificios o cercados ajenos. 

 

 14.- Los que arrojaren sobre los transeúntes inmundicias, piedras u otros cuerpos duros.

 

 15.- Los que tuvieren en balcones, ventanas, azoteas u otros puntos exteriores de su casa, tiestos u otros objetos, con infracción de las reglas  de la policía.  

 

 16.- Los que sin ser propietarios o usufructuarios, o que sin tener el goce de un terreno, o el derecho de pasaje, entraren en él, cuando las siembras estén en plena producción, o cuando los frutos en cáscaras  o mazorcas estén para cosecharse o próximos a ello. 

 

 17.- Los que dejaren entrar ganado o bestias mayores en heredad ajena sembrada. 

 

 18.- Los que rehusaren recibir las monedas nacionales de buena ley, por el  valor que tengan en su circulación legal. 

 

 19.- Los que en momentos de accidente, tumulto, naufragio, inundación, incendio u otras calamidades, así como en los casos de salteamiento, pillaje, flagrante delito, clamor público o ejecución  judicial, pudiendo hacerlo, se negaren a prestar los servicios, auxilios o ayuda que les exija la autoridad pública. 

 

 20.- Los que se hallen en los casos de los artículos 284 y 288 de este Código.

 

 21.- Los que vendan comestibles dañados, corrompidos o nocivos. 

 

 22.- Los que para su propio consumo, hurtaren frutas pendientes de árboles o siembras, siempre que no concurra ninguna de las  circunstancias previstas por el artículo 388. 

 

 23.- Los que ejercieren sin título, actos de una profesión que lo exija. 

  

 24.- Los que usaren uniformes u otros distintivos que no les correspondan. 

 

 25.- Los que infringieren las reglas higiénicas o de salubridad, acordadas por la autoridad en tiempo de epidemia o contagio. 

 

 26.- Los que faltando a las órdenes de la autoridad, descuidaren reparar o demoler edificios ruinosos. 

 

 27.- Los que dieren espectáculos públicos sin licencia de la autoridad, o traspasaren la que se les hubiere concedido. 

 

 28.- Los que infringieren las reglas de policía con la elaboración de objetos fétidos o  insalubres, o los arrojaren a las calles. 

 

 29.- Los que arrojaren escombros en lugares públicos, contraviniendo a las reglas de policía. 

 

 30.- Los que amontonaren basuras en casas  destruidas. 

 

 31.- Los farmacéuticos que, sin autorización del juez local o del médico, vendieren sustancias venenosas.

 

 Art. 476.- Además de la multa que señala el artículo anterior, están facultados los tribunales para imponer, según las circunstancias, la pena de uno a tres días de arresto, a los carreteros, carruajeros, cocheros y conductores que estén en contravención; a los  que infringieren los reglamentos que determinen la carga de los carros, o de las bestias; a los vendedores de bebidas falsificadas, a los que arrojaren cuerpos duros e inmundicias.  

 

 Art. 477.- Se embargarán y confiscarán: 

  

 1.- Los enseres que sirvan para juegos y rifas, y los fondos y demás objetos puestos en rifa o juego. 

 

 2.- Las bebidas falsificadas, que se encuentren en poder del  vendedor y le pertenezcan; las cuales de derramarán. 

 

 3.- Los escritos y grabados contrarios a las buenas costumbres; estos objetos se romperán. 

 

 4.- Los comestibles dañados corrompidos o nocivos; estos  comestibles se destruirán.

 

 Art. 478.- En caso de reincidencia, se impondrá a todas las personas mencionadas en el artículo 475, la pena de uno a cinco días de arresto. Los que reincidieren en cuanto al establecimiento de juegos y rifas en calles, caminos y lugares públicos, serán  remitidos al tribunal correccional, donde se castigarán con prisión de seis días a un mes, y multa de cinco a cincuenta pesos.   

 

 SECCIÓN 3RA.

 Tercera clase.

 

 Art. 479.- Se castigará con una multa de cuatro a cinco pesos inclusive: 

 

 1.- A los que, fuera de los casos previstos por los artículos 434 hasta el 462 inclusive causaren voluntariamente daños en propiedades y muebles ajenos.   

 

 2.- A los que, por efecto de la divagación de locos o furiosos, o de animales dañinos o feroces, causaren la muerte o heridas de ganados u otros animales. 

 

 3.- A los que causaren el mismo daño, a consecuencia de la  rapidez o mala dirección de las bestias, carruajes o carreteras de que son conductores, o de la excesiva carga que les pongan. 

 

 4.- A los que hayan causado los mismos accidentes por la vetustez, el deterioro o la falta de reparación o  entretenimiento de casas o edificios, o por la destrucción o la excavación o cualesquiera otras obras en o cerca de las plazas, caminos o vías públicas, sin las precauciones o señales de uso. 

 

 5.- A los que causaren los mismos daños  por torpeza o falta de precaución necesaria en el manejo de armas. 

 

 6.- A los que causaren el mismo daño, arrojando piedras u otros cuerpos duros. 

 

 7.- A los que usaren en su tráfico pesas o medidas no  contrastadas. 

 

 8.- A los farmacéuticos que despacharen medicamentos, en virtud de recetas que no se hallen debidamente autorizadas. 

 

 9.- A los farmacéuticos que despacharen medicamentos de mala calidad o sustituyeren  unos por otros. 

 

 10.- A los que usaren en su tráfico, pesas o medidas distintas de las que están establecidos por las leyes en vigor. 

 

 11.- A los panaderos o carniceros que vendan pan o carne de mala calidad, y sin tener el peso por el que deban vender. 

 

 12.- A los que con objeto de lucro interpreten sueños, hicieren pronósticos o adivinaciones; o que de otro modo semejante abusaren de la credulidad.  

 

 13.- A los que tomaren parte en cencerradas u otras reuniones ofensivas a una persona cualquiera, y que turben la tranquilidad de los habitantes. 

 

 14.- A los que de intento quitaren o rompieren los carteles o avisos, fijados  por mandato de la autoridad. 

 

 15.- A aquellos que lleven bestias de cualquiera especie a heredad ajena, y principalmente a los potreros, cañaverales, maizales, cafetales, cacaguales, a las siembras de granos, y a la de árboles  frutales o semilleros y plantíos de cualquiera especie, dispuestos por la mano del hombre. 

 

 16.- A los que deterioraren de una manera cualquiera los caminos públicos, o que usurparen parte de su anchura.  

 

 17.- A los que sin estar debidamente autorizados, quitaren de los caminos públicos las gramas, tierras o piedras, o que en los lugares pertenecientes a los municipios tomaren barro o materiales, a no ser que exista un uso general que lo autorice.

 

 Art. 480.- El arresto durante cinco días a lo más podrá pronunciarse según las circunstancias. 

 

 1.- (Derogado). 

 

 2.- (Derogado). 

 

 3.- Contra aquellos que empleen pesos, pesas y medidas no determinadas ni establecidas por la ley. 

 

 4.- Contra los panaderos y carniceros, en los casos previstos por el inciso 11 del artículo anterior.

 

 5.- Contra los autores y cómplices de alborotos injuriosos y nocturnos.  

 

 Art. 481.-  Se embargarán y confiscarán: 

 

 1.- (Derogado). 

 

 2.- La carne y el pan fallos en su peso, se destinarán a los hospicios y presidios.

 

 3.- Los instrumentos, trajes y efectos que se emplean o estén destinados para adivinaciones y otros engaños. 

 

 Art. 482.- En caso de reincidencia, la pena de arresto durante cinco días, se impondrá siempre a los que se hagan culpables de las faltas de que trata el artículo 479. 

 

 

 DISPOSICIONES COMUNES A LAS  TRES REGLAS PRECEDENTES

 

 Art. 483.- En todos los casos previstos por este Libro, se entiende que hay reincidencia, cuando el culpable de contravención de policía haya sido penado por el Tribunal que conoce de la segunda falta, dentro de los doce meses anteriores a la comisión de la  primera.  Las disposiciones del artículo 463, tendrán aplicaciones en los casos de que trata el presente Libro. 

 

 

 DISPOSICIONES GENERALES

 

 Art. 484.- En todos los casos en que están autorizados los tribunales a imponer las penas accesorias de inhabilitación absoluta para el ejercicio de los derechos de que trata el artículo 42 y que no se señala tiempo en la duración de dicha interdicción, se  entenderá que puede pronunciarse ésta, desde uno hasta cinco años. Igual duración tendrá la sujeción a la vigilancia de la alta policía, en los casos en que no esté expresamente determinada. 

 

 Art. 485.- Cuando se decrete el apremio por vía de restitución, la duración de esa pena no podrá exceder de quince días, cuando el condenado justifique su insolvencia.

 

 Art. 486.- En las ordenanzas municipales y demás reglamentos generales o particulares de la administración pública que se publicaren en lo sucesivo, no se establecerán mayores penas que las establecidas en este libro, aún cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, a no ser que se determine otra cosa por leyes especiales, decretadas por el Cuerpo Legislativo.

 

 Art. 487.- Los que actualmente se encontraren sufriendo la pena de cadena perpetua, gozarán del beneficio que acuerda el presente Código, reduciéndoseles dicha pena al máximum de los trabajos públicos.

 

 FUENTE

 

 Código Penal de la República Dominicana 1998/ Santo Domingo, D.N.

 

 Texto proporcionado por el Dr. César Pina Toribio al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

 

 Y Cotejado por la Dra. Aurora Basterra Díaz, Investigador Legislativo de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN).